23 nov. 2019

21N: calles, cacerolas y una advertencia al Gobierno de Duque

Por Javier Calderón Castillo

El paro nacional realizado el 21N, convocado por las centrales de trabajadores, movimientos sociales, artistas, partidos de oposición y por miles de personas a través de sus redes sociales, fue un total éxito porque se movilizó buena parte de la sociedad y se popularizó la disputa antigubernamental en los barrios y las ciudades. No fueron efectivas las acciones estatales para amedrentar a la población con allanamientos ilegales, detenciones, cierre de fronteras, acuartelamiento de las fuerzas militares en primer grado, toques de queda o detenciones ilegales; en todo el país se desarrolló el paro, manifestándose con grandes movilizaciones durante el día; a la noche, luego de una gran represión policial, la gente, desde sus casas, se autoconvocó por redes sociales logrando un contundente cacerolazo en todo el país, que retumbó hasta altas horas de la noche.

El 21N fue exitoso porque hay bronca y no temor en la ciudadanía. El Gobierno de Iván Duque, en sus escasos 15 meses en el Palacio de Nariño, acumula un rechazo del 69 % de la población. Las familias no llegan a fin de mes: están castigadas con la profundización del neoliberalismo. Duque y sus ministros, entre tanto, amenazan con un megaajuste laboral que llevará a las más de 22 millones de trabajadoras y trabajadores a la servidumbre, al tiempo que pretenden llevar al sistema previsional a su privatización total (emulando el fallido modelo chileno). Duque empuja la contracción económica sobre una población que está totalmente ajustada: el 85% de las y los trabajadores ganan menos de 480 dólares mensuales.

Las preocupaciones de la sociedad, poco a poco, se desplazan hacia el rechazo del neoliberalismo, contra la corrupción, el deficiente sistema de salud y la precarización laboral, y el Gobierno de Duque mantiene su tembloroso rumbo con más neoliberalismo; el relato hegemónico del enemigo interno parece haber quedado atrás. El gran logro del postacuerdo de paz es la intolerancia social a los abusos policiales y de las fuerzas militares que bombardean niños y niñas como parte del relato de la “seguridad uribista”. Una mayoría social sabe que el incumplimiento del Acuerdo de Paz no es el camino necesario para el país, como tampoco el clima de guerra que pretenden imponer, con los más de 850 líderes sociales y 181 excombatientes asesinados desde que se firmó en La Habana.

Duque tiene por delante mucho tiempo de mandato y varios escenarios posibles para gobernar, como pactar con los partidos santistas o despegarse de la doctrina uribista. Ninguna de estas dos posibilidades parece estar en la agenda del presidente: la inconformidad social quiere acabar con la coacción represiva y la crisis económica lo enfrenta a más ajuste neoliberal, dos acciones que pueden chocar con las demandas de una sociedad movilizada que observa por redes sociales cómo las protestas en Chile desmoronan la narrativa del neoliberalismo “exitoso”.

No fue otra movilización más

El paro del 21N mostró los cambios políticos expresados en las urnas el pasado 27 de octubre. Todas las organizaciones sociales y sindicales se unieron en su convocatoria, encontrando un eco en las redes sociales y en espacios que nunca -o pocas veces- participan de la política. Un nutrido grupo de actores de televisión, cantantes, articulistas de diarios y algún deportista reconocido, se sumaron a las manifestaciones del 21N. Las subjetividades componentes de la protesta fueron diversas, con una gran participación de sectores de ingresos medios y altos. Esta vez, el paro no quedó a cargo del campesinado o de las organizaciones indígenas; fue mucho más allá, también, de la conducción de las centrales sindicales. La gente se identificó con la necesidad de pronunciarse para cambiarle el rumbo al país.

La movilización consolidó formas de protesta alegres, con un componente joven mayoritario y con, al menos, cuatro puntos de intersección programáticos: el rechazo al uribismo, la búsqueda de una salida a la crisis económica sin más ajuste, ratificación de la paz como camino (y no la guerra), y la intolerancia a las violaciones estatales a los derechos humanos. Se trata de un programa ciudadano que contiene las demandas de las organizaciones sociales y sindicales, con un sello distintivo y superador por lo transversal y masivo; un programa con múltiples interpretaciones y en borrador, que supone el comienzo de un nuevo momento de las disputas, que poco a poco se está abriendo paso.

Confluyen en esta intersección programática distintos sectores y distintas problemáticas. La reforma laboral y pensional propuesta por Duque alertó no sólo al movimiento sindical (que agrupa sólo al 4,5% de las y los trabajadores), sino que interpeló a una población joven y de mediana edad que estima como insostenible la eliminación de los pocos derechos laborales que ha dejado en pie el neoliberalismo represivo. Es una reforma laboral que pretende acabar con los contratos de trabajo y permitir a las empresas contratar por horas y pagar a los más jóvenes salarios por debajo del monto mínimo. En la práctica, una reforma laboral que elimina cualquier regulación laboral a favor del trabajador, bajo el dudoso argumento de la “atracción inversionista”.

El Gobierno no estima como necesario cambiar la matriz productiva, basada en la primarización y explotación de los recursos naturales. Por el contrario, sólo contempla la eliminación de impuestos a las empresas extractivistas y genera más impuestos para las y los trabajadores; es un modelo de achicamiento del consumo que no genera más empleo y que ubica a Colombia como uno de los países más desiguales del mundo.[1] Dato no menor en este punto es que en Colombia sólo el 22% de los trabajadores cotizan al sistema de pensiones de forma regular, conformando así una sociedad en la que los mayores de 65 años están sin trabajo y sin jubilación, y únicamente dos de cada diez colombianos puede pensionarse. Así, la juventud no tiene futuro con la actual estructura laboral y los adultos mayores están condenados a terminar sus días en la pobreza.

El Estado no restituye derechos que la Constitución obliga; más bien está pensado y organizado para sostener la desigualdad. Por ello, la parte del sector público que más crece y tiene derechos laborales son las Fuerzas Militares, cuyos miembros pueden jubilarse con 20 años de servicio a cualquier edad, y tienen fondos de vivienda, educación y salud con el que no cuenta ningún otro grupo de trabajadores estatales o privados. Esos privilegios (más que derechos) son recompensados por el papel que cumplen en la coacción y represión para que la desigualdad se mantenga: para que ellos se jubilen, necesitan que el 87% de la población no lo haga.

Antes del Acuerdo de Paz, las Fuerzas Militares lograron justificar esos derechos laborales y se convirtieron en una institución respetada por más del 60% de la población. Hoy, los abusos de policías y el uso desproporcionado de la fuerza de los militares causan indignación, como ocurrió con el bombardeo en el que mataron a más de ocho menores de edad.[2] Sin duda vienen perdiendo respaldo ciudadano y, de seguir así, pronto la sociedad empezará a discutir sobre la desigualdad de las condiciones laborales, pues mientras se impone la precarización neoliberal a las mayorías, los 500 mil funcionarios de las Fuerzas Militares están en un paraíso “keynesiano”.[3]

Así, el 21N reunió indignación, crisis económica y un cambio de estructuración de la política colombiana. La polarización política -uribismo vs. antiuribismo, guerra vs. paz- viene tomando otras connotaciones de orden simbólica y política: se refuerza la cultura de la movilización y demostración ciudadanas, y un programa político (tácito) que unifica las disputas sociales por encima de algunos liderazgos políticos o sindicales.

La respuesta del uribismo

La convocatoria y realización del paro nacional mostró la poca capacidad política del Gobierno. No tiene proyecto, está mirando al pasado en una búsqueda desesperada -pero sin éxito- de volver a las condiciones de hegemonía que supo tener durante el mandato del jefe uribista (2002-2010), basado en la guerra, la estigmatización contra las organizaciones populares, y la vinculación política de poderes regionales ilegales. Desde el comienzo de la gestión el uribismo, en cabeza de Duque, viene improvisando una gobernabilidad autoritaria, con mensajes punitivistas ultraconservadores, como la cadena perpetua, la pena de muerte, o la penalización inconstitucional del consumo de sustancias psicoactivas, y con un mensaje de guerra con enemigos imaginarios y construidos, como el fantasma de Venezuela.

Los ataques sistemáticos a la sociedad civil organizada en defensa de la paz y con una perspectiva progresista son la constante: la estrategia del Gobierno está basada en el odio. Con sus mensajes cotidianos fomentan la creciente violencia en las regiones y tratan a toda costa de trasladar al terreno manipulador de la dicotomía amigo/enemigo los debates y reclamos ciudadanos por la restitución de derechos sociales. Duque aún está en guerra, mientras la sociedad está concentrada en la disputa política en las urnas y en las calles.

Duque, sin liderazgo y con un gabinete ministerial con baja representación política y baja experiencia, responde a la movilización y las críticas a su Gobierno con mayor represión. No se vieron allanamientos ilegales, detenciones sin orden judicial, llamados al toque de queda o el acuartelamiento total de las Fuerzas Militares ni en los peores años del conflicto armado interno. Duque lo hizo: respondió con guerra al reclamo ciudadano, un desatino que provocó ira y condujo la protesta a otro estadio; en cada barrio, en cada gran ciudad, se escucharon cacerolazos hasta la madrugada rechazando la represión uribista.

El presidente hizo una cadena nacional luego de las protestas, en las que continuó con su discurso estigmatizador, negando la masividad y contundencia de la protesta, así como afirmando -sin convencimiento- que escuchó el reclamo ciudadano. Se apresuró a condenar la violencia y los actos vandálicos en las marchas, sin dar crédito a la alegría y el fervor ciudadanos que acompañaron las movilizaciones. Justificó la represión policial, mientras el cacerolazo era generalizado y nacional. El uribismo no escuchó ni entendió lo que pasó el 21N.

Escenarios para Duque y para la Colombia movilizada

Se podía escuchar en los cánticos de las movilizaciones que esto apenas estaba comenzando. Todo indica que las protestas contra el Gobierno, con los rasgos programáticos descriptos, seguirán marcando la agenda política nacional. Al presidente Duque le quedan 33 meses de gobierno, por lo que aún no se puede hablar de una derrota total del uribismo en la gestión. Le quedan movidas por realizar, así como a la Colombia movilizada le quedan muchos paros y luchas por librar. A continuación, se muestran algunos de los escenarios posibles que tienen el uribismo y la Colombia movilizada:

El Gobierno de Duque podría pedir al gabinete una renuncia protocolaria y llamar a los partidos de derechas no uribistas a participar de su Gobierno. Esto le implica no sólo ceder y compartir el Gobierno sino también a discutir algunos puntos nodales de su programa ultraconsevador, como la implementación del Acuerdo de Paz y el desarrollo de una agenda de diálogo. Este escenario es posible, pero tiene enemigos dentro del uribismo, que está utilizando los recursos estatales para consolidar proyectos personales, como ocurre con la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez (que está en campaña para ser presidenta) o del excanciller y ahora ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo (que también está utilizando su paso por el Gobierno para hacer viable una candidatura presidencial en 2022). Los debates internos en la facción uribista y la debilidad del liderazgo de Duque podrían ser los principales obstáculos para que tal escenario se precipite. El Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical podrían no estar interesados en sucumbir junto al uribismo, y no estarían dispuestos a ponerse bajo la órbita del senador Uribe.

Otro escenario posible es la radicalización del uribismo. Las voces más ultraconservadoras de esa formación vienen insistiendo en sacar a los militares a las calles y disciplinar a la ciudadanía con más coacción y más represión. La carta de desviar la atención con el tema de Venezuela sigue teniendo algo de fuerza y, en especial, la idea de potenciar un enemigo interno; ELN, disidencias de las FARC o los “encapuchados” son algunas de las maniobras que podrían tratar de impulsar. Esta salida no resuelve el problema de gobernabilidad en el Congreso ni atiende la realidad económica marcada por el aumento del desempleo, con mayores restricciones externas. El débil liderazgo de Duque podría se el principal obstáculo para concretar este escenario, junto al rechazo mayoritario de la sociedad al autoritarismo mostrado por el uribismo en los últimos meses. Sin embargo “el partido militar”, representado por los oficiales en retiro y la actual cúpula de las Fuerzas Militares, podría darle el respaldo a esta salida, sobre todo porque no quiere perder privilegios laborales ni la enorme porción del presupuesto nacional destinada a él, muy superior a los porcentajes de salud y educación.

Un escenario que puede conjugar los dos anteriores sería el llamado a un Gobierno de unidad nacional, muy tradicional en la derecha colombiana. Para que ello ocurra la confrontación con Venezuela es ideal, así como el interés común de los partidos de derechas por mantener a flote el modelo neoliberal. Para ello pueden pactar cuotas de poder para repartirse el Estado y limitar el programa uribista, lo cual significaría, en parte, la jubilación del expresidente y senador Uribe, que resultaría el mayor obstáculo para los intereses presidenciales de los liberales, de Cambio Radical e incluso del santismo.

En cualquiera de esos escenarios, la acción de los sectores de la Colombia movilizada tendrá una enorme responsabilidad. Requiere sostener la acción común y coordinada sin suponer un liderazgo único, pues la movilización social trasciende los partidos y esos liderazgos; sin una continuidad en la movilización se pueden desmotivar los sectores menos acostumbrados a este tipo de disputas. También requiere una lectura apropiada de las demandas surgidas en las protestas, sin forzar discursos o elementos programáticos que no están aún en la agenda social de quienes apoyan la movilización antiuribista: contra el deterioro laboral y pensional, a favor de la paz y contra los excesos de las Fuerzas Militares. Los liderazgos contrarios al uribismo tendrán un gran desafío: leer con acierto el nuevo momento. No sobrevalorar pero tampoco subestimar la expresión ciudadana que creció el 21N.
 

 
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[1] https://www.portafolio.co/economia/colombia-es-cada-vez-mas-desigual-asegura-el-dane-531503

[2] https://www.las2orillas.co/matenlos-de-ninos-que-de-grandes-seran-guerrilleros/

[3] http://www.iade.org.ar/system/files/ediciones/realidad_economica_217.pdf


Javier Calderón Castillo es miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, IEALC-UBA.

(Tomado de celag.org)