23 jul. 2019

#RickyRenuncia: Más allá de Legalidad

Por Francisco A. Santiago Cintrón | Copresidente del MINH

No hace falta una introducción para quien me lea esté consciente de la magnitud de los sucesos que están ocurriendo en el país. Quizás desde Vieques, en Puerto Rico no veíamos un alzamiento general resumido en una exigencia política cuyas implicaciones aún están por venir. El pueblo lo dejó claro ayer, 22 de julio de 2019, cuando más de un millón de personas alrededor de la isla trancaron las vías principales del país bajo la sombrilla de una exigencia. Más del 30% de nuestra población salió a la calle en lo que ha sido el Paro Nacional más exitoso en tiempos recientes. 



La exigencia principal: la renuncia del actual gobernador, Ricardo Rosselló, a calado en casi todos los sectores que componen nuestra sociedad civil luego de que se filtrara 889 mensajes de un “chat” de la aplicación Telegram. Esta indignación ha provocado más de una semana de protestas generalizadas dentro y fuera del país que continúan produciendo múltiples narrativas y análisis que intentan dar sentido a los eventos. Dentro de estas narrativas, que compiten conforme sus intereses políticos, surge un intento de “legalizar” las posibles salidas políticas a la crisis política que enfrenta el Gobernador. Con esto no me adentraré a los esquemas constitucionales que proveen los pasos a seguir luego de la renuncia o residenciamiento de un gobernador. A lo que me refiero es a los parámetros, las líneas rojas, que pueden o no justificar la renuncia de un gobernador, o cualquier funcionario electo, de su cargo. Es decir, la pregunta en la cual nos debemos concentrar es en torno a lo político, y no lo legal, del reclamo. 

Es cierto que el proceso de residenciamiento debe de asegurar la legalidad necesaria para garantizar sus derechos como persona por un lado y para que no pueda ser impugnada posteriormente  por otro. Sin embargo, debemos tener cuidado de no “legalizar” la discusión pública sobre el tema. Si algo ha marcado el desarrollo de las protestas en el país es que el residenciamiento, y la “legalidad” o no de los comentarios del chat, no son los elementos necesarios para exigir renuncia. El clamor en las calles no tratan sobre un asunto de “legalidad” aunque sí sea uno de sus elementos. De lo que se trata es de un asunto de legitimidad cuyo contenido se articula a partir de parámetros políticos. 
Si hay un elemento necesario que debemos proteger en esta pugna entre las distintas narrativas que se van desarrollando es la validez política de un reclamo de renuncia por el pueblo aún cuando la conducta del gobernador sea legal. Jamás en la historia de Puerto Rico hemos logrado exigir bajo parámetros legales o políticos la renuncia de un gobernador. Ahora bien, la exigencia política es más importante que la legal toda vez que es una exigencia más amplia que surge a partir de las expectativas y los reclamos de la gran mayoría de la población. La necesidad de que el debate se centre en lo que exigimos debe ser un gobernante o lo que entendemos debe ser la política pública es prioritario en comparación a la  “negligencia” o la “culpabilidad más allá de duda razonable” en la que haya incurrido el gobernador. Caer en el debate de la legalidad tiene el efecto de privar a la gran mayoría de la población a aportar efectivamente, sin intermediarios, en el debate político mediante el argumento tan familiar de la “especialización” del debate. Esto llevará a lo que tantas veces ha sucedido: el apaciguamiento de la participación democrática y la protesta por un lado y el secuestro de la discusión pública por la profesión legal y la clase política. 

Por eso debemos asegurar que el marco del debate se concentre en la exigencia política de la renuncia de Rosselló aún cuando su salida proceda mediante residenciamiento. Lograr que en nuestro país se siente un precedente de tal magnitud abre la posibilidad de una profundización de un mayor entendido de lo que es democracia luego de más de tres décadas de retroceso neoliberal. La exigencia de la renuncia del Gobernador es, para todos los efectos, un repudio de su política pública y su desempeño. El entendido implícito detrás de exigir su renuncia que debemos proteger a toda costa es la noción de que hay ciertos parámetros políticos que un gobernante no debe cruzar so pena de no culminar con el tiempo mandado constitucionalmente. Este entendido es profundamente poderoso y democrático toda vez que derrota dos principios hasta entonces aceptado de la democracia representativa relacionados entre sí. Derrota el principio de culminación del mandato siempre que no lleve acabo ninguna acción ilegal y derrota el principio de participación política limitada a cada cuatro años mediante el voto electoral. Con la exigencia que ahora retumba en las calles se abre el espectro de entendidos políticos de las personas donde la política no se circunscribe a cada 4 años. De ahora en adelante es posible revocar el mandato de un funcionario cuando se violenta ciertos entendidos políticos en el país y por ende necesario integrarse aún más a la política día a día. Es esta noción de política a lo que el PNPPD le tiene terror por los efectos fiscalizadores y democratizadores que implican. 

Hay personas que, atrincheradas en absolutismos dogmáticos, argumentan que es indiferentemente la renuncia de Ricardo Rosselló porque lo que le sigue es igual o peor. La premonición bien puede ser cierta pero pasa por encima la oportunidad que se nos presenta de fortalecer la capacidad de protesta y los entendidos políticos de nuestro pueblo. En la pasada semana toda una generación joven se estrena en el ejercicio democrático de la protesta, de lo posible, en conjunto con miles de personas de todas las edades. Indiferentemente de lo que ocurra después, la imaginación de lo posible se ensancha. A un día de lo que fue un Paro Nacional exitoso, paralizando las arterias principales del país,  debemos salvaguardar el carácter político de nuestras exigencias y de nuestras conclusiones. Y sí, es posible  tenemos la capacidad ahora y siempre de exigir la renuncia de cualquier funcionario público cuando su conducta o su política pública no se ajuste con nuestras aspiraciones como pueblo. Siempre lo hemos pregonado, pero verlo manifestarse en las calles abre un rayo de esperanza inigualable. Ayer nos dimos cita a la mayor concentración pacífica de nuestra historia para luego ser oprimidos nuevamente por la Policía en Fortaleza. Nos tienen miedo, terror, y por eso reprimen. Sin embargo, termino con el cántico que espontáneamente surgió a borbotones de las voces de miles de personas que protestaban por primera vez: ¡Somos más y no tenemos miedo! Nos vemos en la calle.