13 jul. 2019

La militarización en el Archipiélago de Galápagos por parte de Estados Unidos: otro golpe del gobierno de Lenin Moreno contra su pueblo

ecuador
Por Alejandro Torres Rivera | MINH  

La provincia de Galápagos la integran diversas islas localizadas en el Océano Pacífico ubicadas a cerca de 1,000 kms. de distancia de la costa de la República de Ecuador. Se trata de 13 islas grandes, 6 medianas y 107 islotes y peñascos, los que en conjunto forman un archipiélago. En conjunto ocupan una superficie de 8,010 kilómetros cuadrados. En ellas residen poco más de 25 mil personas. Avistadas por primera vez por españoles en 1535, durante muchos años sirvieron de refugio a piratas. Fueron anexadas por Ecuador en 1832 y no fue sino hasta 1973 que pasaron a ser consideradas como una provincia de este país sudamericano. Anualmente más de 225 mil personas visitan las islas en calidad de turistas


Las islas se formaron hace aproximadamente 8 millones de años como resultado de actividad volcánica. Son famosas por su flora y fauna. Están consideradas por la UNESCO como “Patrimonio Natural de la Humanidad” dadas sus características geomorfológicas y más adelante, en 1985, como “Reserva de la Biosfera”. Se indica que basada en observaciones hechas por Charles Darwin en cuatro de sus islas, el científico inglés desarrolló su teoría sobre la evolución de las especies, la cual presentó en su libro El origen de las especies.

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, su posición geográfica contribuyó a la defensa de los accesos por el Océano Pacífico del Canal de Panamá a través de una estación naval, estaciones de radar y aeropuerto. En aquel momento se le conoció como el “portaviones” estadounidense en la zona.

La Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, dispone en su artículo 5 que:

“Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras“.

En el pasado, antes de la aprobación de la Constitución vigente, en Ecuador se instaló una base militar estadounidense en Manta, cerca de la frontera con Colombia, desde donde personal militar estadounidense efectuó operaciones conjuntas con fuerzas armadas colombianas, ello en el marco del Plan Colombia y sus operativos militares contra integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Se indica que dicha instalación prestó un servicio de primer orden a las fuerzas armadas de Colombia en el operativo que terminó con la muerte de 25 integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el año 2008 en el cual también falleció uno de sus principales dirigentes, Raúl Reyes.

En la vecina Colombia, Estados Unidos tiene 7 bases militares, ello bajo la cobertura del Plan Colombia, en funciones desde comienzos del presente milenio y la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, más allá de la búsqueda de la erradicación de los cultivos de coca y la elaboración de sus derivados, lo cierto es que el Plan Colombia cumple otros propósitos dentro las tareas que Estados Unidos ha definido para el Comando Sur, que incluyen destacadamente hoy los planes contra el gobierno revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. A la presencia militar de Estados Unidos en Colombia, se suma el conjunto de bases operacionales de avanzada (“Forward Operation Locations” o FOL’s), establecidas en otros países centroamericanos y del Caribe.

Valga destacar que el interés militar de Estados Unidos por la región ha sido una constante. A manera de ejemplo, podemos señalar que cada cinco años, como parte de su plan unificado de comandos, se revisan las tareas y área de responsabilidades asignado al Comando Sur; en los pasados años se reactivó la Cuarta Flota con base en la península de Florida como componente naval asignado a dicho Comando; la Segunda Flota, cuya base se encuentra en Norfolk, Virginia, lleva a cabo anualmente con grupos de combate encabezados por portaviones; y otros, como el llevado a cabo junto con marinas de guerra de países latinoamericanos denominado UNITAS, y el ejercicio denominado PANAMEX, para la defensa de los accesos por el Océano Atlántico y Océano Pacífico del Canal de Panamá. En años recientes, además, se han incrementado los ejercicios conjuntos de fuerzas armadas de Estados Unidos con algunos países en el Cono Sur; así como más reciente, con países del llamado “Grupo de Lima” entre los que destacan Colombia, Perú, Paraguay y Brasil en el contexto de la amenaza de intervención militar contra la República Bolivariana de Venezuela; y finalmente, otros ejercicios catalogados de “ayuda humanitaria, por sólo mencionar algunos.

La determinación del pueblo ecuatoriano en la aprobación de su Constitución y la política de no injerencia llevada a cabo por el pasado presidente ecuatoriano Rafael Correa, llevó al cierre de la instalación estadounidense en Manta; así como el fin de toda una época en que Estados Unidos pretendió imponer su presencia en Ecuador, particularmente, de tomar el control de las Islas Galápagos.

En un reciente escrito, publicado bajo la firma de Eduardo Tamayo G. y Helga Serrano Narváez en ALAI-AMLATINA el 2 de julio de 2019, titulado Galápagos: ¿de patrimonio de la humanidad a portaviones de EE UU?, los autores señalan que Estados Unidos, Francia y el Reino Unido de la Gran Bretaña compartieron el interés por apropiarse de las islas desde el año 1832. En la faena, no pocos gobiernos ecuatorianos han sido cómplices. Por ejemplo, el presidente Juan José Flores le propuso al Reino Unido de la Gran Bretaña la venta de las islas a cambio del saldo de la deuda pública del país; mientras que Gabriel García Moreno le ofrecía a Francia las islas como “protectorado”. En 1883 el Senado de Estados Unidos declaró el archipiélago “tierra de nadie”, mientras en 1910 ofrecía $15 millones al gobierno de Eloy Alfaro por una ocupación de las islas por 99 años. Señalan los autores que el interés incrementó como resultado de la construcción de Canal de Panamá.

Durante los años de la Primera Guerra Mundial el apetito por el archipiélago incrementó y tras la Guerra, Estados Unidos se planteó la ocupación de las islas. En 1935 el dictador ecuatoriano Federico Páez intentó gestionar un préstamo al gobierno de Estados Unidos. El presidente de Roosevelt, por su parte, se planteó allí la creación de un parque internacional bajo la tutela de la Unión Panamericana. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ocupó militarmente las islas construyendo en ellas importantes instalaciones y obteniendo, además, otras importantes concesiones por parte del gobierno. Terminada la Guerra, en 1945, las fuerzas armadas de Estados Unidos formalmente entregaron las islas al gobierno ecuatoriano, pero como cuestión de realidad, mantuvieron su presencia hasta 1948.

Los autores denuncian en su escrito que los ecuatorianos vinieron en conocimiento el pasado mes de junio de que su actual presidente, Lenin Moreno, se propone permitir a las fuerzas armadas de Estados Unidos reestablecer su presencia militar en las islas Galápagos. Según comenta uno de sus funcionarios, el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, “Galápagos es para Ecuador como nuestro portaviones natural, porque, nos asegura permanencia, reabastecimiento, facilidades de interceptación y está a mil kilómetros de nuestras costas“.

En una conferencia de prensa a finales del mes de mayo pasado, el ministro confirmó que en las islas operarán los aviones P-3 y AWACKS, aviones equipados con alta tecnología los cuales son utilizados por Estados Unidos para recopilar información e inteligencia, justificando que se trata de afianzar la lucha contra el narcotráfico y la pesca ilegal. Con tal propósito, se plantea ampliar las facilidades del aeropuerto localizado en la isla de San Cristóbal, la quinta más grande de las 19 islas que componen el archipiélago albergando 5,400 habitantes, para el reabastecimiento de las naves aéreas que se utilizarían por parte de Estados Unidos. Es también la segunda más poblada, luego de la isla de Santa Cruz.

Según indica el presidente ecuatoriano Lenin Moreno en un “tweet”, en el esfuerzo también se unirían los gobiernos de Perú, Chile y Colombia. Para el gobierno ecuatoriano, se trata de “un aporte de la colaboración del gobierno de los Estados Unidos”, donde su país mantiene “inalterable la política del Estado ecuatoriano de conservar las Galápagos, Patrimonio de la Humanidad y un observatorio de los ecosistemas terrestres y marinos únicos en el mundo“.

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, sin embargo, opina en sentido contrario, por lo que emitió un comunicado en rechazo a la medida expresando:

“NO, señor ministro. Galápagos NO es un portaviones para uso gringo. Es una provincia ecuatoriana, Patrimonio de la Humanidad. Que su alma de vasallo pueda llegar a estos extremos, describe muy bien el Gobierno al que representa. ¡Hasta la victoria siempre!”

Los autores del escrito publicado en ALAI-AMLATINA, indican que el narcotráfico realmente es el pretexto para justificar la presencia militar estadounidense en el área. De hecho, critican el enfoque que ha pretendido imponerse sobre la opinión pública en torno al combate contra las drogas y el narcotráfico. Señalan la necesidad de desarrollar un enfoque distinto, más integral, donde se reconozca que no podrá atacarse el problema de la producción de drogas mientras haya una demanda de su consumo, el cual proviene fundamentalmente de los consumidores estadounidenses. Señalan que Estados Unidos, en 2016, contaba con 27 millones de adictos, por lo que “mientras no se disminuya la demanda es difícil que disminuya también la oferta”.

Los autores señalan, además, que la lucha contra las drogas es utilizada por Estados Unidos “como pretexto para fortalecer su posición de control y dominio geoestratégico del continente “. A tales efectos señalan lo siguiente:

“Tras la caída del Muro de Berlín (1989) y la implosión de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (sic) (1991), bajo la tutela de la potencia del norte, se redefinieron las agendas de las Fuerzas Armadas de la región. La ‘lucha contra el peligro comunista’ que en muchos casos fue la razón de existir de las Fuerzas Armadas latinoamericanas fue reemplazada, primero, por la ‘lucha contra las drogas’ y, tras el atentado a las Torres Gemelas (11 de septiembre de 2001), por la ‘lucha contra el terrorismo’. El combate a las drogas prohibidas se convirtió en un problema de seguridad nacional y se involucró en forma creciente a las Fuerzas Armadas. Los resultados de esta intervención en algunos países como México o Colombia, son desoladores, como indican las impresionantes cifras de asesinatos, desplazados, desaparecidos y torturados“.

Los Tamayo y Serrano señalan en su escrito que, en el manejo de la lucha contra las drogas, el enfoque debe “atacar otros aspectos relacionados con el control de los precursores que se utilizan para la refinación de la cocaína y otras drogas ilícitas, muchos de los cuales son fabricados en los países desarrollados”. Indican que, de acuerdo con la ONU, la producción de cocaína en 2017 tuvo un incremento de 25% con relación a la producción del año anterior y que es Colombia, con 200 mil hectáreas de terreno sembradas de coca, quien produce el 70% de la cocaína de alta calidad en el mundo.

El contenido final de los acuerdos negociados o en vías de ser negociados por parte del gobierno ecuatoriano con Estados Unidos no se conocen aún con exactitud. Preocupa que como resultado del mismo se vuelva a activar, además de en las islas Galápagos, la presencia militar estadounidense, como podría ser la reactivación de su presencia militar en la anterior base de Manta u otras localidades. De ahí el reclamo hecho por los opositores al uso de las islas Galápagos con fines militares, de que el gobierno ecuatoriano le provea al pueblo toda la información. Será la transparencia en torno a tales acuerdos uno de los elementos vitales en evitar que, con estas nuevas negociaciones se obtenga un “regreso al pasado”, o una clara violación a la Constitución vigente de la república.