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PUERTO RICO NO TIENE DERECHO A LA ESTADIDAD
Por Julio A. Muriente Pérez Catedrático UPR
“La igualdad, valga la redundancia,
no es igual para todo el mundo.”
Ricardo Rosselló Nevares
El Congreso tendrá facultad para disponer y formular
todos los reglamentos y reglas necesarios
con respecto al Territorio y otros bienes
que pertenezcan a los Estados Unidos.
Constitución de Estados Unidos,
Articulo IV, Sección 3, Párrafo 2
(“Cláusula territorial”)
El gobernador Ricardo Rosselló acusó al
representante Raúl Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales
del Congreso de Estados Unidos de ser inconsistente, porque apoya la
conversión de Washington D.C. en estado de Estados Unidos, pero se opone
a que Puerto Rico sea convertido en estado de ese país. Grijalva
encabezó una delegación del Congreso estadounidense que—como elocuente
muestra de dominación colonial-- vino a celebrar unas vistas públicas
sobre la precaria situación económica de Puerto Rico recientemente. A
ese comité le ha sido asignada la responsabilidad inmediata de atender y
supervisar las posesiones coloniales estadounidenses. Es una suerte de
ministerio de colonias, a la usanza imperial europea de siglos pasados.
Para Rosselló, Washington D.C. y Puerto
Rico son la misma cosa. Precisamente ahí comienza la calculada
inconsistencia en el análisis, no del congresista Grijalva, sino del
gobernador colonial/anexionista.
Como sabemos, Washington D.C. es una ciudad de Estados Unidos; tanto así, que es su capital. Es decir, forma parte
de ese país; no es una posesión, un territorio o una colonia. Las
personas que residen allí son ciudadanos y nacionales estadounidenses.
Puerto Rico es un País. Es una Nación. Puerto Rico no forma parte
de Estados Unidos. Es una posesión colonial, desde que fuimos tomados
como botín de guerra en 1898, hace más de 120 años. En su lógica
constitucional-imperial somos un territorio, del que, según establecido
en el artículo IV, sección III, párrafo 2 de su constitución (conocido
como Cláusula Territorial), pueden disponer a su antojo; absolutamente.
Ellos le llaman territorios a sus colonias.
En 1787, cuando se aprobó la constitución republicana por el gobierno
de aquellas colonias británicas que habían hecho la guerra para obtener
su independencia, dejaron meridianamente clara su voluntad expansionista
y su aspiración a ser una gran potencia mundial. Pero no sonaba bien
eso de que proclamados anticolonialistas como habían mostrado ser,
anunciaran la intención de poseer colonias. Entonces, habrían de poseer territorios. Y así lo plasmaron en su carta magna.
Puerto Rico es una nación caribeña y latinoamericana sometida a la dominación colonial. Somos nacionales puertorriqueños y puertorriqueñas. La ciudadanía estadounidense nos fue impuesta
en 1917, precisamente por una ley del congreso de Estados Unidos (ley
Jones, por tanto número 5, que ejerció a partir del 2 de marzo de 1917).
Aunque suene redundante, es preciso insistir en que no es lo mismo formar parte de, que pertenecer a. Washington D.C. forma parte de Estados Unidos. Puerto Rico pertenece—ilegalmente, valga insistir--
a Estados Unidos. La capital de Estados Unidos es una pequeña fracción
de aquella nación soberana. Nosotros somos una nación a la que le ha
sido robada su soberanía. Son dos realidades totalmente diferentes, por
más que Rosselló y quienes piensan como él pretendan lo contrario.
Washington D.C. no enfrenta un problema colonial. Puerto Rico sí (1493-1898,
405 años bajo España; 1898-2019, más de 120 años bajo Estados Unidos)
No deberá sorprendernos la futura conversión de la capital
estadounidense en un estado—de la misma manera que la capital de México
fue transformada hace varios años, de Distrito Federal (D.F.) en estado
(Ciudad de México o CDMX, es su nuevo nombre). La división
político-administrativa de México es similar a la de Estados Unidos; el
nombre oficial de ese país latinoamericano es Estados Unidos Mexicanos.
En todo caso, lo que suceda o no con Washington D.C. es un asunto interno de Estados Unidos.
Pero Puerto Rico no es un asunto interno
de Estados Unidos. Aquí estamos ante un problema de subordinación
política entre dos naciones, que solo se resolverá el día que le sea
devuelta a nuestro Pueblo su soberanía, con la cual pueda decidir
definitivamente su destino nacional. Estamos ante un caso flagrante de
dominación colonial que cae bajo la jurisdicción del derecho
internacional, que desde hace décadas ha proscrito al colonialismo,
definiéndolo como una forma ilegítima e indigna de relación política
entre pueblos y países (ver artículo 73 y siguientes de la Carta de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), 1945, y la Resolución 1514 (XV)
de la ONU, aprobada en 1960).
Que otro mande en tu casa es reprobable.
No es bueno en ningún sentido. Tanto individual como colectivamente, la
aspiración de todos y todas es decidir nuestras vidas libremente.
A eso se le conoce como derecho a la autodeterminación e independencia.
Independencia porque, de nuevo en el marco del derecho internacional
vigente, solo desde la libertad plena es posible la autodeterminación,
es decir, la verdadera descolonización.
El Pueblo puertorriqueño tiene el derecho inalienable—es
decir, irrenunciable—a la independencia. Esa es la alternativa
descolonizadora que han seleccionado decenas de pueblos que en el pasado
estuvieron sometidos al colonialismo, por cierto, empezando por los
propios Estados Unidos. No era precisamente la anexión al imperio
británico a lo que aspiraban los fundadores de ese país, forjado a
sangre y fuego.
A la hora de su fundación en 1945, la
ONU contaba con apenas poco más de cincuenta países miembros. Gran parte
de la humanidad sufría el colonialismo. En la actualidad la ONU cuenta
con 193 países miembros, además del Vaticano y Palestina. La mayoría de
aquellas colonias se transformaron en países independientes.
Desde la independencia tendríamos la
opción—no el derecho-- de asociarnos con uno o más países
independientes. Es lo que se conoce como libre asociación. La
Asociación de Estados del Caribe, o la Unión Europea, incluso los
tratados de libre comercio, con sus virtudes y limitaciones, son
ejemplos de libre asociación soberana. Podríamos asociarnos—siempre en
igualdad de condiciones soberanas—con Estados Unidos, con las naciones
caribeñas (siguiendo la orientación del Padre de la Patria Ramón
Emeterio Betances de promover la creación de una confederación
antillana), o con cualquier otro país del planeta, si ello conviniera a
los intereses nacionales, soberanos e independientes del pueblo
puertorriqueño. Para asociarse libremente, primero hay que ser libre,
así de claro.
Puerto Rico NO tiene derecho a
la estadidad, ni a Estados Unidos ni a ningún otro país. Esa es una
prerrogativa soberana de quien anexa, llámese Estados Unidos o como se
llame. Es una determinación unilateral, tomada siempre por el interés y
conveniencia de quien anexa, y nunca como un ejercicio de filantropía o
magnanimidad.
Por ejemplo, Guadalupe, Martinica y la
Guayana francesa no tenían derecho a la anexión. Esa era una
prerrogativa absoluta del gobierno francés, la cual ejerció en 1946,
convirtiendo a estas colonias caribeñas y sudamericana en departamentos
de ultramar.
Si existiera tal derecho—que no
existe—Estados Unidos sería un Estado delincuente, podríamos ir a los
tribunales planetarios y hasta a los celestiales a reclamar la
satisfacción de tal derecho y probablemente a la larga a Washington no
le hubiera quedado otro remedio que acatar el reclamo de estos
ciudadanos coloniales. Pero no es así.
No ha sido ese el acto delictivo de
Estados Unidos; sino el de haber usurpado la soberanía del Pueblo de
Puerto Rico por medio de un acto de guerra y haber mantenido la
condición colonial vigente por más de 120 años.
Por eso la estadidad NO es una
opción descolonizadora, mucho menos es fruto del ejercicio de la libre
determinación. Desde cualquier punto de vista que se le mire, sería una
imposición. Adjudicarle carácter descolonizador a la estadidad es no
solo equivocado, sino profundamente peligroso y dañino a nuestros
intereses nacionales. Es como querer sumarle algún valor a la vida
proponiendo el suicidio. Implicaría la desaparición de la Nación
puertorriqueña, que se diluiría irremediablemente en ese Estado
unitario—y no multinacional-- que es Estados Unidos.
A lo más que tienen derecho
Ricardo Rosselló y sus seguidores es a preferir la estadidad, a
promoverla y hasta a solicitarla. Pero el gobierno de Estados Unidos NO
está, de ninguna manera, obligado a corresponder a sus deseos. Si
reclaman el “derecho” a la anexión, sobre la base de “la sangre vertida
en el campo de batalla por soldados puertorriqueños en uniforme
estadounidense, en defensa de la democracia”, se le reirán en la cara.
Deben acabar de entender que, entre otras cosas, precisamente para eso
las potencias imperiales poseen colonias, para que los ciudadanos de las
mismas les hagan sus guerras. A lo más que tendrán derecho el soldado
caído en combate o sus familiares, es a una pensión o a atención médica
en algún hospital de veteranos de guerra. A nada más.
Siempre teniendo presente que la anexión es respaldada por un sector minoritario
de la población puertorriqueña. Un sector que se ha dedicado a
proyectar la estadidad como un gran negocio, como una tremenda decisión
monetaria donde todo el mundo va a guisar. Como si aquel país
tuviera tanta riqueza que no sabe que hacer con ella y nos la va a
regalar así tan sencillamente. Como si no se tratara la estadidad de
formar parte de un club de ricos, que solo te aceptan si traes más
riquezas, y no un grupo de filántropos e imbéciles que acepta pueblos
empobrecidos para entregarle grandes sumas de dinero generosamente.
En las elecciones generales de 2016 el
candidato del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo
Rosselló, alcanzó la gobernación con apenas el 41.8 por ciento de los
votos, el por ciento más bajo en toda la historia del PNP, desde su
fundación en 1968. En las elecciones de 1996, una década antes, el
candidato del PNP había obtenido más de un millón de votos. En la
consulta “plebiscitaria” convocada por el PNP en junio de 2017—solo
siete meses después de las elecciones generales de 2016--participó
apenas el 23 por ciento de los electores inscritos. El 77 por ciento se
abstuvo. La opción “estadidad” obtuvo el 22 por ciento de los sufragios.
Un sector minoritario que se
proclama anticolonialista y denuncia algunas consecuencias de la
subordinación colonial, pero propone como alternativa sanadora que nos
anexemos al mismo que nos atropella y humilla en el colonialismo...!
Por muchos años los seguidores de la
estadidad han sido a la vez víctimas y promotores del engaño y de la
creación de falsas expectativas. “Pónganse primero de acuerdo ustedes y
luego les complaceremos”, les han dicho en reiteradas ocasiones los
representantes de ese gobierno, mientras se llenan los bolsillos en
algún “fund raising”. “!Viva Puerto Rico estado!; ¡statehood now for Puerto Rico!”,
se les escucha decir hipócritamente, entre alcapurrias, bacalaítos
mientras cuentan los billetes de cien, de cincuenta y de veinte dólares.
Insisten en ese discurso dolarizado y oportunista, porque alegadamente
al Pueblo puertorriqueño le conviene la estadidad; pero nunca
considerando por qué a Estados Unidos, que es después de todo el que
anexa, le convendría tal decisión.
Como hemos dicho, Estados Unidos es un
Estado unitario; no es un Estado multinacional. Nunca ha anexado a una
nación; siempre a territorios. En el caso de Hawai, primero desmanteló
la estructura política vigente allí a finales del siglo XIX, repobló las
islas de estadounidenses, alteró toda la realidad social y cultural, y
luego, cuando las islas y sus pueblos eran inofensivos, las anexó por
razones geoestratégicas, políticas y económicas. Los territorios al
oeste de los trece estados originales fueron vaciados violentamente de
su población original y luego repoblados con inmigrantes europeos y
esclavos; divididos los territorios calculadamente y luego convertidos
en estados. Con Alaska fue más sencillo. Era un territorio virtualmente
despoblado.
Cada estado estadounidense representa
una cincuentava (1/50) parte de esa nación. A diferencia de la antigua
Unión Soviética, que sí era un Estado multinacional. Por eso, al
disolverse ese inmenso país,, se constituyeron 15 repúblicas.
Puerto Rico, mientras tanto, es una
nación, con una historia propia, un idioma, una cultura, unos símbolos,
héroes y mártires, unos valores, un territorio y una idiosincrasia que
le distinguen. No somos una cosa, ni una multitud amorfa, ni un
reguerete de gente, ni una pelota de arcilla, sin pies ni cabeza. Somos una nación.
La unilateralidad del dominador en la toma de decisiones sobre sus posesiones territoriales y coloniales, es absoluta.
Acatar un reclamo de anexión por parte de los colonizados implicaría,
ni más ni menos, que rendir su soberanía nacional en materia de la
posesión de territorios y colonias. Precisamente por eso lo dejaron
claramente establecido en su constitución, que hemos citado previamente.
Más claro no canta un gallo.
Después de todo, ciento veinte años después Estados Unidos obtiene de Puerto Rico todo lo que se le antoja,
sin verse obligado a ejercer el matrimonio sin derecho a divorcio que
es la estadidad. De ahí la inutilidad de la consulta –una más —que
Rosselló y el PNP planean realizar próximamente. Como inútiles han sido
consultas similares o parecidas realizadas desde 1967.
En efecto, en el colonialismo, la
igualdad no es igual para todo el mundo. Por consiguiente, si se rechaza
la desigualdad colonial, la única ruta posible,
como verdadero ejercicio de autodeterminación, es la igualdad nacional,
en la única nación de la que somos hijos e hijas, la única que nos
pertenece a nosotros y nosotras y a nadie más: Puerto Rico. Porque la
libertad es afirmación, no negación. Ese gran objetivo se hará realidad
más temprano que tarde.
La anexión, en todo caso y como una vez
sentenciara don Pedro Albizu Campos, es la consumación del colonialismo,
la desaparición de nuestro ser nacional, la destrucción de nuestra
Patria. Así de sencillo. Así de profundo. Así de cierto.
Versión ampliada del artículo Puerto Rico no tiene derecho a la estadidad
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