22 abr. 2019

El presupuesto ¿guía al país?

Por Martha Quiñones Domínguez | MINH

El presupuesto es una herramienta de planificación para promover el desarrollo económico y social, a la vez que promueve mejorar la distribución del ingreso, garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades y favorecer el desarrollo de las capacidades productivas entre la población.


En este contexto, se debe ver el presupuesto como la descripción de los planes de los gastos y de los ingresos en un periodo de tiempo (la asignación de recursos a través del presupuesto) para encaminar los objetivos fundamentales de política económica y social, antes mencionados.

Los pocos detalles que han salido a relucir sobre el presupuesto de 2019 muestran un aumento desmedido en los llamados gastos políticos y una disminución en gastos públicos sociales (o inversión social). La pregunta obligada es, ¿cuáles son las prioridades del país, es gastar más en política y menos en desarrollo socio económico?

Entendemos que en el presupuesto (aún desconocido en su totalidad) se impulsan áreas prioritarias que a la vez reflejan el compromiso ideológico del gobierno, por eso aumenta el gasto político (La Fortaleza, la Oficina de Fortaleza en Washington, Departamento de Estado), y no refleja su compromiso social pues disminuye los gastos públicos sociales (Centro Médico (salud), la Universidad de Puerto Rico (educación) dos de los detonantes del desarrollo económico y social).

Definición de gasto público “es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad”.

Según la CEPAL, el gasto público social (llamado inversión social) se define como el volumen de recursos destinados a financiar políticas públicas relacionadas con las siguientes seis funciones: 1) Protección social (incluye la lucha contra la exclusión social), (2) Educación, 3) Salud, 4) Vivienda y servicios comunitarios, 5) Actividades recreativas y cultura, 6) Protección del medioambiente, a la que añadimos Alimentación, Justicia y Seguridad. De esta forma el país destina recursos económico a satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos, imprescindibles para lograr una vida digna, sana, feliz, creativa y productiva.

El gasto público social es una de las partidas de presupuesto a la que más importancia debe dar el gobierno. Además de otros gastos como son la infraestructura de energía, agua potable, carreteras y otros mejoras en la infraestructura del país.

La educación (incluyendo la universitaria) y la salud dentro del gasto público social se entienden como inversión social, porque mejora y forma a su población, le permite estar saludable. Produce un mejor retorno social de la inversión, que es el valor adicional que la sociedad obtiene con esa inversión, al multiplicar su capital humano y mejorarlo. Para lograr el cumplimiento de losobjetivos sociales debemos articular políticas con acciones transparentes y con objetivos medibles en todas las ejecuciones gubernamentales que se reflejen en el presupuesto.

Un gasto político es para propósitos organizativos de la gestión pública, estructura la logística del gobierno y debe ser una partida pequeña. Estos gastos políticos conviene que sean eficientes y efectivos para lograr el fin u objetivo, proveer más bienes y servicios para la sociedad, pero empleando los menores gastos posible (por su poco retorno social).

En conclusión, el país debe asegurar las necesidades básicas de los ciudadanos (por medio del gasto público social) para lograr desarrollo económico, social y culturalmente, que son objetivos sociales. Reducir los gastos políticos, y lograr que sean eficientes y efectivos para el logro de sus objetivos políticos.

El presupuesto debe ser una herramienta que esté atado a objetivos medibles que generen las riquezas colectivas, mejore la protección de servicios y asigne recursos eficientemente. Debemos aspirar a que se elimine el gasto público que no responde a los objetivos sociales, ese gasto que no genera bienestar social, y elaborar indicadores de desempeño que midan el logro de estos objetivos sociales.

(El Nuevo Día)