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El Comité de Puerto Rico en Naciones
Unidas y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano saludan a las
Misiones Permanentes de los Estados miembros ante la Organización de
Naciones Unidas en ocasión del mes del Septuagésimo Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en ese contexto trae a
su atención la situación colonial que sufre el pueblo de Puerto Rico.
Durante el transcurso de su existencia como nación
latinoamericana y caribeña forjada desde mediados del Siglo XIX con su
propia identidad, lengua, desarrollo histórico y cultural y con su
propio territorio, la menor de las Antillas mayores, el pueblo de Puerto
Rico nunca ha tenido la oportunidad para, en ejercicio de sus derechos
soberanos, decidir sobre su futuro y sus asuntos. De ahí deriva la
violación continua de sus derechos humanos.
La adopción de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948
marcó un hito trascendental en el desarrollo del Derecho Internacional y
la búsqueda de la dignidad humana, la libertad, la justicia, la paz y
sobre todo la salvaguarda de la vida. Estos valores son la base de la
dignidad intrínseca al reconocimiento de derechos iguales e inalienables
del ser humano, así como también de sus derechos sociales como la
educación, salud, vivienda, empleo, los derechos culturales y sus
derechos civiles y políticos.
En el caso de Puerto Rico la
usurpación de sus derechos soberanos como pueblo se interpone al respeto
a los derechos humanos incluyendo a la dignidad para los
puertorriqueños(as). En 1898 Estados Unidos invadió a Puerto Rico
militarmente.
Misiones Permanentes
de los Estados miembros
ante la Organización de Naciones Unidas
Como
resultado de las negociaciones del Tratado de París de 1898 España
cedió a Puerto Rico en calidad de botín de guerra. El Artículo IX del
tratado consignó que la condición política de la Isla y la de sus
habitantes sería determinada por el Congreso de Estados Unidos. Desde
entonces, amparándose en el Artículo IV, Sección 3 de su Constitución,
conocida como la Cláusula Territorial, el Congreso de Estados Unidos ha
tratado a Puerto Rico y sus habitantes como una propiedad, y ejerce su
poder sobre áreas vitales de nuestra vida y la vida de todo pueblo como
son las relaciones internacionales (incluyendo las comerciales), la
transportación marítima, la moneda, la emigración e inmigración, las
comunicaciones y los correos, entre muchas otras. La ciudadanía de
Estados Unidos fue impuesta a los puertorriqueños(as) en 1917 mediante
acción congresional. Es de notar que la ciudadanía estadounidense de los
puertorriqueños(as) no ampara los mismos derechos ciudadanos que tiene
un ciudadano de Estados Unidos en dicho país.
En una gran farsa
ante Naciones Unidas en 1953 Estados Unidos proclamó al mundo que Puerto
Rico había advenido al auto gobierno con la adopción de su propia
constitución y el establecimiento del llamado Estado Libre Asociado de
Puerto Rico. Producto de ello fue eximido de rendir informes sobre
Puerto Rico al Secretario General de Naciones Unidas bajo el Artículo
73e de la Carta.
La farsa fue desenmascarada en 2016 cuando las
tres ramas del gobierno de Estados Unidos afirmaron que la soberanía de
Puerto Rico reside en el Congreso de ese país, que Puerto Rico nunca ha
tenido soberanía originaria y que la misma fue transferida de España a
Estados Unidos mediante el Tratado de París. Así lo consignó el Tribunal
Supremo de Estados Unidos en su decisión en el caso Pueblo v Sánchez
Valle. En iguales términos se expresó el ejecutivo de ese país al
comparecer en el mismo caso como Amicus Curiae. Por su parte, en junio
de 2016 la rama legislativa reafirmó que la soberanía de Puerto Rico
reside en el Congreso de ese país al adoptar la Ley PROMESA que mandata
el nombramiento por el presidente de Estados Unidos de una Junta de
Supervisión Fiscal dirigida a reestructurar la deuda y el pago por el
pueblo de Puerto Rico de su deuda pública, y que ejerce tal poder por
encima del gobierno colonial electo por el pueblo. Al presente, todos
los sectores políticos en Puerto Rico se expresan insatisfechos con la
subordinación colonial de Puerto Rico y la imposición de la Junta de
Supervisión Fiscal. En las elecciones de 2012, el 54% de los votantes se
expresó indicando inconformidad con la relación política actual entre
Puerto Rico y Estados Unidos.
La deuda pública de Puerto Rico,
odiosa y no auditada, es de más de 72 mil millones de dólares USA. La
Junta de Supervisión Fiscal está imponiendo medidas drásticas de
austeridad en función del pago de esa deuda con indiferencia a sus
efectos nefastos en las condiciones de vida del pueblo de Puerto Rico.
Los niveles de pobreza en Puerto Rico, 44.3% previo a los huracanes que
azotaron el país en 2017, hoy alcanzan el 52.3% de la población. La
pobreza entre la niñez puertorriqueña se estima en 58 por ciento. En los
últimos años las condiciones en el país han incrementado la emigración a
Estados Unidos la cual ha superado la de la década de 1950 que alcanzó
más de 500 mil puertorriqueños(as). La Junta y las medidas que adopta a
diario recrudecen el colonialismo en Puerto Rico. Empeoran la pobreza y
las condiciones sociales en el país a la par que la subordinación
colonial impide su desarrollo económico, social, y político en violación
a los derechos humanos fundamentales recogidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.
Al presente, el Comité
Especial de Descolonización de Naciones Unidas ha adoptado 37
resoluciones sobre Puerto Rico que reafirman el derecho inalienable del
pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia de
conformidad con la resolución 1514(XV) de 1960 de la Asamblea General,
reconocida como la Carta Magna de Descolonización. Las mismas se
pronuncian sobre problemas de Puerto Rico producto de la subordinación
colonial incluyendo la persecución y represión política, y los presos
políticos, como Oscar López Rivera, excarcelado en mayo de 2017 luego de
36 años de encarcelamiento en prisiones de Estados Unidos. Desde 2016
expresan preocupación sobre la imposición de la Junta de Supervisión
Fiscal a Puerto Rico. Las resoluciones exhortan a Estados Unidos a
acelerar un proceso que permita que el pueblo puertorriqueño ejerza
plenamente su derecho a la descolonización e independencia y solicitan a
la Asamblea General que examine la cuestión de Puerto Rico.
Para
hacer valer estos reclamos es necesario que los Estados miembros de
Naciones Unidas y toda la comunidad internacional cobren conciencia de
la subordinación colonial de Puerto Rico y actúen a favor de su
erradicación en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos.
Por otro lado, se avecina el
septuagésimo quinto aniversario de la fundación de Naciones Unidas.
Serán muchas las ceremonias por ese aniversario del magno foro mundial
grandemente responsable de la ola descolonizadora de los años 60, 70 y
80, pero su tarea estará inconclusa mientras persista el dominio
colonial del pueblo de Puerto Rico y la violación de sus derechos
humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que acaba de cumplir sus 70 años de vigencia.
El Comité de Puerto
Rico en Naciones Unidas y el Movimiento Independentista Nacional
Hostosiano reafirman el reclamo de descolonización del pueblo de Puerto
Rico para que se hagan valer sus derechos humanos. Reiteran a las
Misiones Permanentes de los Estados miembros ante la Organización de
Naciones Unidas las muestras de su más alta consideración y estima.
Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico
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Puerto Rico and the 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights
The
Committee of Puerto Rico at the United Nations and the National Hostos
Movement for Independence present their compliments to the Permanent
Missions of the member States before the United Nations Organization on
the occasion of the month of the Seventieth Anniversary of the Universal
Declaration of Human Rights and, in that context, brings to your
attention the colonial situation suffered by the people of Puerto Rico.
During
the course of its existence as a Latin American and Caribbean nation,
forged since the middle of the XIX century with its own identity,
language, historical and cultural development and its own territory, the
smallest of the Greater Antilles, the people of Puerto Rico, have never
had the opportunity, in the exercise of their sovereign rights, to
decide on their future and their affairs. Hence, the continuous
violation of their human rights.
The adoption of the Universal
Declaration of Human Rights on 10 December 1948 marked a major milestone
in the development of international law and the pursuit of human
dignity, freedom, justice, peace and above all, in safeguarding life.
These values are the basis of the intrinsic dignity of the recognition
of the equal and inalienable human rights of all personas as well as
their social rights including education, health, housing, employment,
cultural rights and civil and political rights.
In the case of
Puerto Rico, the usurpation of the sovereign rights of its people
interferes with respect for their human rights, including their dignity.
In 1898 the United States invaded Puerto Rico militarily.
Permanent Missions
of the member States
before the United Nations
As
a result of the negotiations of the Treaty of Paris of 1898, Spain
ceded Puerto Rico to the United States as a war booty. Article IX of the
treaty stipulated that the political condition of the island and its
inhabitants would be determined by the U.S. Congress. Since then,
invoking Article IV, Section 3 of the Constitution, known as the
Territorial Clause, the U.S. Congress has treated Puerto Rico and its
people as property, and has exercised its power over vital areas of our
life, and the life of every people, such as international relations
(including trade relations) , maritime transportation, currency,
emigration and immigration, communications and mail, among many others.
United States citizenship was imposed on Puerto Ricans in 1917 through
congressional action. It should be noted that the United States
citizenship of Puerto Ricans does not offer the same citizenship rights
conferred to United States citizens in that country.
In a huge
farce before the United Nations in 1953 the United States proclaimed to
the world that Puerto Rico had come to self-government as it had adopted
its own constitution and the so-called Commonwealth of Puerto Rico had
been established. As a result, it was exempted from submitting reports
on Puerto Rico to the Secretary General of the United Nations under
Article 73e of the Charter.
The farce was unmasked in 2016 when
the three branches of the United States government affirmed that the
sovereignty of Puerto Rico resides in the Congress of that country, that
Puerto Rico has never had original sovereignty and that its sovereignty
was transferred from Spain to the United States through the Treaty of
Paris. This was stated by the Supreme Court of the United States in its
decision in the Pueblo v Sánchez Valle case. The executive branch of
that country expressed itself in the same terms when appearing in the
same case as Amicus Curiae. For its part, in June 2016 the legislative
branch also affirmed that the sovereignty of Puerto Rico resides in the
Congress of that country when it adopted the PROMESA Act that mandates
the appointment by the President of the United States of a Fiscal
Oversight Board aimed at restructuring the debt and payment by the
people of Puerto Rico of its public debt, and which exercises such power
over the colonial government elected by the people. At present, all
political sectors in Puerto Rico express dissatisfaction with the
colonial subordination of Puerto Rico and the imposition of the Fiscal
Oversight Board. In the 2012 elections, 54% of voters expressed their
disagreement with the current political relation between Puerto Rico and
the United States.
The odious and unaudited public debt of
Puerto Rico is more than 72 billion US dollars. The Fiscal Oversight
Board is imposing drastic austerity measures to ensure debt payment with
indifference to their harmful effects on the living conditions of the
people of Puerto Rico. Poverty levels in Puerto Rico, 44.3% before the
hurricanes that hit the country in 2017, today reach 52.3 percent of the
population. Poverty among Puerto Rican children is estimated at 58%. In
recent years the conditions in the country have increased emigration of
Puerto Ricans to the United States which has surpassed the emigration
of the 1950s which reached more than 500,000 people. The Board and the
measures that it daily adopts intensify colonialism in Puerto Rico and
worsen poverty and social conditions in the country while colonial
subordination prevents its economic, social, and political development
in violation of the fundamental human rights enshrined in the Universal
Declaration of Human Rights.
At present, the United Nations
Special Committee on Decolonization has adopted 37 resolutions on Puerto
Rico that reaffirm the inalienable right of the people of Puerto Rico
to self-determination and independence in conformity with General
Assembly resolution 1514(XV) of 1960, recognized as the Magna Carta of
Decolonization. They address Puerto Rico's problems as a result of
colonial subordination, including political persecution and repression,
and political prisoners, such as Oscar López Rivera, released in May
2017 after 36 years of imprisonment in U.S. prisons. Since 2016, they
express concern over the imposition of the Fiscal Oversight Board on
Puerto Rico. The resolutions urge the United States to speed up a
process that allows the Puerto Rican people to fully exercise their
right to decolonization and independence and request that the General
Assembly examine the question of Puerto Rico.
In order to uphold
these claims, it is necessary that the member States of the United
Nations and the entire international community become aware of the
colonial subordination of Puerto Rico and act in favor of its
eradication within the framework of the 70th anniversary of the
Universal Declaration of Human Rights.
On the other hand, the
seventy-fifth anniversary of the founding of the United Nations is
approaching. There will be many ceremonies commemorating that
anniversary of the great world forum largely responsible for the
decolonizing wave of the 60s, 70s and 80s, but its task will be
inconclusive so long as the colonial subordination of the Puerto Rican
people persists alongside the violation of the human rights enshrined in
the Universal Declaration on Human Rights whose 70th anniversary has
just been celebrated.
The Committee for Puerto Rico at the
United Nations and the National Hostos Movement for Independence
reaffirm the Puerto Rican people´s quest for decolonization and respect
of its human rights. They avail themselves of the opportunity to
reiterate to the Permanent Missions of the member States before the
United Nations Organization their highest consideration and esteem.
Committee for Puerto Rico at the United Nations
National Hostos Movement for Independence
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