19 dic. 2018

Puerto Rico y el Septuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos / español-inglés

copronu-minh
El Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano saludan a las Misiones Permanentes de los Estados miembros ante la Organización de Naciones Unidas en ocasión del mes del Septuagésimo Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en ese contexto trae a su atención la situación colonial que sufre el pueblo de Puerto Rico.


Durante el transcurso de su existencia como nación latinoamericana y caribeña forjada desde mediados del Siglo XIX con su propia identidad, lengua, desarrollo histórico y cultural y con su propio territorio, la menor de las Antillas mayores, el pueblo de Puerto Rico nunca ha tenido la oportunidad para, en ejercicio de sus derechos soberanos, decidir sobre su futuro y sus asuntos. De ahí deriva la violación continua de sus derechos humanos.

La adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 1948 marcó un hito trascendental en el desarrollo del Derecho Internacional y la búsqueda de la dignidad humana, la libertad, la justicia, la paz y sobre todo la salvaguarda de la vida. Estos valores son la base de la dignidad intrínseca al reconocimiento de derechos iguales e inalienables del ser humano, así como también de sus derechos sociales como la educación, salud, vivienda, empleo, los derechos culturales y sus derechos civiles y políticos.

En el caso de Puerto Rico la usurpación de sus derechos soberanos como pueblo se interpone al respeto a los derechos humanos incluyendo a la dignidad para los puertorriqueños(as).  En 1898 Estados Unidos invadió a Puerto Rico militarmente.


Misiones Permanentes
de los Estados miembros
ante la Organización de Naciones Unidas

Como resultado de las negociaciones del Tratado de París de 1898 España cedió a Puerto Rico en calidad de botín de guerra. El Artículo IX del tratado consignó que la condición política de la Isla y la de sus habitantes sería determinada por el Congreso de Estados Unidos. Desde entonces, amparándose en el Artículo IV, Sección 3 de su Constitución, conocida como la Cláusula Territorial, el Congreso de Estados Unidos ha tratado a Puerto Rico y sus habitantes como una propiedad, y ejerce su poder sobre áreas vitales de nuestra vida y la vida de todo pueblo como son las relaciones internacionales (incluyendo las comerciales), la transportación marítima, la moneda, la emigración e inmigración, las comunicaciones y los correos, entre muchas otras. La ciudadanía de Estados Unidos fue impuesta a los puertorriqueños(as) en 1917 mediante acción congresional. Es de notar que la ciudadanía estadounidense de los puertorriqueños(as) no ampara los mismos derechos ciudadanos que tiene un ciudadano de Estados Unidos en dicho país.

En una gran farsa ante Naciones Unidas en 1953 Estados Unidos proclamó al mundo que Puerto Rico había advenido al auto gobierno con la adopción de su propia constitución y el establecimiento del llamado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Producto de ello fue eximido de rendir informes sobre Puerto Rico al Secretario General de Naciones Unidas bajo el Artículo 73e de la Carta.

La farsa fue desenmascarada en 2016 cuando las tres ramas del gobierno de Estados Unidos afirmaron que la soberanía de Puerto Rico reside en el Congreso de ese país, que Puerto Rico nunca ha tenido soberanía originaria y que la misma fue transferida de España a Estados Unidos mediante el Tratado de París. Así lo consignó el Tribunal Supremo de Estados Unidos en su decisión en el caso Pueblo v Sánchez Valle. En iguales términos se expresó el ejecutivo de ese país al comparecer en el mismo caso como Amicus Curiae. Por su parte, en junio de 2016 la rama legislativa reafirmó que la soberanía de Puerto Rico reside en el Congreso de ese país al adoptar la Ley PROMESA que mandata el nombramiento por el presidente de Estados Unidos de una Junta de Supervisión Fiscal dirigida a reestructurar la deuda y el pago por el pueblo de Puerto Rico de su deuda pública, y que ejerce tal poder por encima del gobierno colonial electo por el pueblo. Al presente, todos los sectores políticos en Puerto Rico se expresan insatisfechos con la subordinación colonial de Puerto Rico y la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal. En las elecciones de 2012, el 54% de los votantes se expresó indicando inconformidad con la relación política actual entre Puerto Rico y Estados Unidos.

La deuda pública de Puerto Rico, odiosa y no auditada, es de más de 72 mil millones de dólares USA. La Junta de Supervisión Fiscal está imponiendo medidas drásticas de austeridad en función del pago de esa deuda con indiferencia a sus efectos nefastos en las condiciones de vida del pueblo de Puerto Rico. Los niveles de pobreza en Puerto Rico, 44.3% previo a los huracanes que azotaron el país en 2017, hoy alcanzan el 52.3% de la población. La pobreza entre la niñez puertorriqueña se estima en 58 por ciento. En los últimos años las condiciones en el país han incrementado la emigración a Estados Unidos la cual ha superado la de la década de 1950 que alcanzó más de 500 mil puertorriqueños(as). La Junta y las medidas que adopta a diario recrudecen el colonialismo en Puerto Rico. Empeoran la pobreza y las condiciones sociales en el país a la par que la subordinación colonial impide su desarrollo económico, social, y político en violación a los derechos humanos fundamentales recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Al presente, el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas ha adoptado 37 resoluciones sobre Puerto Rico que reafirman el derecho inalienable del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e independencia de conformidad con la resolución 1514(XV) de 1960 de la Asamblea General, reconocida como la Carta Magna de Descolonización. Las mismas se pronuncian sobre problemas de Puerto Rico producto de la subordinación colonial incluyendo la persecución y represión política, y los presos políticos, como Oscar López Rivera, excarcelado en mayo de 2017 luego de 36 años de encarcelamiento en prisiones de Estados Unidos. Desde 2016 expresan preocupación sobre la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal a Puerto Rico. Las resoluciones exhortan a Estados Unidos a acelerar un proceso que permita que el pueblo puertorriqueño ejerza plenamente su derecho a la descolonización e independencia y solicitan a la Asamblea General que examine la cuestión de Puerto Rico.

Para hacer valer estos reclamos es necesario que los Estados miembros de Naciones Unidas y toda la comunidad internacional cobren conciencia de la subordinación colonial de Puerto Rico y actúen a favor de su erradicación en el marco del 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Por otro lado, se avecina el septuagésimo quinto aniversario de la fundación de Naciones Unidas. Serán muchas las ceremonias por ese aniversario del magno foro mundial grandemente responsable de la ola descolonizadora de los años 60, 70 y 80, pero su tarea estará inconclusa mientras persista el dominio colonial del pueblo de Puerto Rico y la violación de sus derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que acaba de cumplir sus 70 años de vigencia.

El Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas y el Movimiento Independentista Nacional Hostosiano reafirman el reclamo de descolonización del pueblo de Puerto Rico para que se hagan valer sus derechos humanos. Reiteran a las Misiones Permanentes de los Estados miembros ante la Organización de Naciones Unidas las muestras de su más alta consideración y estima.

Comité de Puerto Rico en Naciones Unidas
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico

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Puerto Rico and the 70th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights


The Committee of Puerto Rico at the United Nations and the National Hostos Movement for Independence present their compliments to the Permanent Missions of the member States before the United Nations Organization on the occasion of the month of the Seventieth Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and, in that context, brings to your attention the colonial situation suffered by the people of Puerto Rico.
During the course of its existence as a Latin American and Caribbean nation, forged since the middle of the XIX century with its own identity, language, historical and cultural development and its own territory, the smallest of the Greater Antilles, the people of Puerto Rico, have never had the opportunity, in the exercise of their sovereign rights, to decide on their future and their affairs. Hence, the continuous violation of their human rights.

The adoption of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December 1948 marked a major milestone in the development of international law and the pursuit of human dignity, freedom, justice, peace and above all, in safeguarding life. These values are the basis of the intrinsic dignity of the recognition of the equal and inalienable human rights of all personas as well as their social rights including education, health, housing, employment, cultural rights and civil and political rights.

In the case of Puerto Rico, the usurpation of the sovereign rights of its people interferes with respect for their human rights, including their dignity. In 1898 the United States invaded Puerto Rico militarily.


Permanent Missions
of the member States
before the United Nations

As a result of the negotiations of the Treaty of Paris of 1898, Spain ceded Puerto Rico to the United States as a war booty. Article IX of the treaty stipulated that the political condition of the island and its inhabitants would be determined by the U.S. Congress. Since then, invoking Article IV, Section 3 of the Constitution, known as the Territorial Clause, the U.S. Congress has treated Puerto Rico and its people as property, and has exercised its power over vital areas of our life, and the life of every people, such as international relations (including trade relations) , maritime transportation, currency, emigration and immigration, communications and mail, among many others. United States citizenship was imposed on Puerto Ricans in 1917 through congressional action. It should be noted that the United States citizenship of Puerto Ricans does not offer the same citizenship rights conferred to United States citizens in that country.

In a huge farce before the United Nations in 1953 the United States proclaimed to the world that Puerto Rico had come to self-government as it had adopted its own constitution and the so-called Commonwealth of Puerto Rico had been established. As a result, it was exempted from submitting reports on Puerto Rico to the Secretary General of the United Nations under Article 73e of the Charter.

The farce was unmasked in 2016 when the three branches of the United States government affirmed that the sovereignty of Puerto Rico resides in the Congress of that country, that Puerto Rico has never had original sovereignty and that its sovereignty was transferred from Spain to the United States through the Treaty of Paris. This was stated by the Supreme Court of the United States in its decision in the Pueblo v Sánchez Valle case. The executive branch of that country expressed itself in the same terms when appearing in the same case as Amicus Curiae. For its part, in June 2016 the legislative branch also affirmed that the sovereignty of Puerto Rico resides in the Congress of that country when it adopted the PROMESA Act that mandates the appointment by the President of the United States of a Fiscal Oversight Board aimed at restructuring the debt and payment by the people of Puerto Rico of its public debt, and which exercises such power over the colonial government elected by the people. At present, all political sectors in Puerto Rico express dissatisfaction with the colonial subordination of Puerto Rico and the imposition of the Fiscal Oversight Board. In the 2012 elections, 54% of voters expressed their disagreement with the current political relation between Puerto Rico and the United States.

The odious and unaudited public debt of Puerto Rico is more than 72 billion US dollars. The Fiscal Oversight Board is imposing drastic austerity measures to ensure debt payment with indifference to their harmful effects on the living conditions of the people of Puerto Rico. Poverty levels in Puerto Rico, 44.3% before the hurricanes that hit the country in 2017, today reach 52.3 percent of the population. Poverty among Puerto Rican children is estimated at 58%. In recent years the conditions in the country have increased emigration of Puerto Ricans to the United States which has surpassed the emigration of the 1950s which reached more than 500,000 people. The Board and the measures that it daily adopts intensify colonialism in Puerto Rico and worsen poverty and social conditions in the country while colonial subordination prevents its economic, social, and political development in violation of the fundamental human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights.

At present, the United Nations Special Committee on Decolonization has adopted 37 resolutions on Puerto Rico that reaffirm the inalienable right of the people of Puerto Rico to self-determination and independence in conformity with General Assembly resolution 1514(XV) of 1960, recognized as the Magna Carta of Decolonization. They address Puerto Rico's problems as a result of colonial subordination, including political persecution and repression, and political prisoners, such as Oscar López Rivera, released in May 2017 after 36 years of imprisonment in U.S. prisons. Since 2016, they express concern over the imposition of the Fiscal Oversight Board on Puerto Rico. The resolutions urge the United States to speed up a process that allows the Puerto Rican people to fully exercise their right to decolonization and independence and request that the General Assembly examine the question of Puerto Rico.

In order to uphold these claims, it is necessary that the member States of the United Nations and the entire international community become aware of the colonial subordination of Puerto Rico and act in favor of its eradication within the framework of the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights.

On the other hand, the seventy-fifth anniversary of the founding of the United Nations is approaching. There will be many ceremonies commemorating that anniversary of the great world forum largely responsible for the decolonizing wave of the 60s, 70s and 80s, but its task will be inconclusive so long as the colonial subordination of the Puerto Rican people persists alongside the violation of the human rights enshrined in the Universal Declaration on Human Rights whose 70th anniversary has just been celebrated.

The Committee for Puerto Rico at the United Nations and the National Hostos Movement for Independence reaffirm the Puerto Rican people´s quest for decolonization and respect of its human rights. They avail themselves of the opportunity to reiterate to the Permanent Missions of the member States before the United Nations Organization their highest consideration and esteem.

Committee for Puerto Rico at the United Nations
National Hostos Movement for Independence