21 dic. 2018

2018 Pasando revista al año que nos deja


Por Cándida Cotto | Claridad

Aunque en este año que está próximo a concluir la isla no recibió la visita violenta de ningún evento atmosférico, eso no hizo falta para que el país continuara experimentando catástrofes. La administración del Partido Nuevo Progresista (PNP), bajo la batuta del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, se ha encargado de continuar llevando a las y los puertorriqueños hacia la emigración, a la falta de educación, a la decadencia de servicios de salud, a la inseguridad pública; en fin, a la pobreza.


Fueron muchos los acontecimientos y asuntos relevantes ocurridos durante este año 2018. A continuación, los asuntos que a juicio de CLARIDAD resultan los más sobresalientes para este año. No están precisamente en orden cronológico, sino por su relevancia e impacto en el país.


La Reforma Educativa

Con la oposición de los diversos grupos magisteriales, comunidades escolares y otros sectores de la sociedad civil, bajo la misma prédica de que “no sirven”, la Legislatura aprobó en el mes de marzo la ley de una supuesta Reforma Educativa que permite el establecimiento del modelo de escuelas charter y los vales educativos. Con la reforma continuó el cierre de escuelas, 254 escuelas más (casi mil escuelas cerradas) y el despido de cuatro mil maestros transitorios. Mientras, la secretaria del Departamento de Educación (DE) Julia Keleher contrató por la cantidad de $16.9 millones a la empresa Cámara Mundi, para el programa Tus valores cuentan. Le presión pública logró que se suspendiera el contrato. No obstante, para cerrar con broche de oro, hace unos días se dio a conocer la contratación como asesor del DE a un tal Paul Pastorek, a razón de $250.00 la hora. Su remuneración ascenderá a $155 mil dólares, del 16 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019. Además se le reembolsarán gastos de viaje, alojamiento, comidas y otros.

La Federación de Maestros, denunció que Pastorek, fue superintendente de escuelas en el estado de Luisiana y propició la privatización del 95% de las escuelas tras el huracán Katrina. Bajo su dirección se despidieron a unos 7,000 maestros y maestras y se redujo el servicio a los estudiantes, mientras se elevó la nómina de los altos ejecutivos, asesores y contratistas.


La crisis de Ciencias Forenses

Desde inicios del año se denunciaba la acumulación de cadáveres en vagones en las instalaciones del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), como consecuencia del huracán María. Entre junio y julio, las Comisiones de Salud y de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes llevaron a cabo unas vistas públicas que dejaron al descubierto, además de la acumulación de cadáveres, el rechazo por parte del comisionado de seguridad pública Héctor Pesquera a aceptar ayuda de especialistas en asuntos mortuorios de la Reserva del Ejército, el almacenamiento de sobre dos mil pruebas de violación o rape kits sin analizar y el uso de fondos públicos para contratistas de medios de comunicación en contra de algunos legisladores y para entorpecer la labor legislativa. La Comisión refirió al Departamento de Justicia, su informe final para que examinara las acciones de varios de los directores del NCF, entre ellas, las de su directora interina y su directora de personal.


Primero de mayo

El 1ro. de mayo, Día Internacional de las y los Trabajadores, la Policía de Puerto Rico volvió a lanzar un violento operativo contra la masa de manifestantes que marchó desde el frente de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras hasta la zona bancaria, en la llamada Milla de Oro. La Policía contrató el uso de fuerzas paramilitares privadas y atacó a la población de manera indiscriminada —hasta periodistas fueron agredidos— con macanazos, gases lacrimógenos, agresiones físicas y persiguió manifestantes hasta la comunidad de Río Piedras. Fuentes de entero crédito revelaron a CLARIDAD que el operativo fue dirigido personalmente por el secretario de seguridad Héctor Pesquera y el director del Buró Federal de Investigaciones en Puerto Rico (FBI, siglas en inglés) Douglas A. Leff desde el piso 20 del edificio del Banco Popular.


La Ley 80 y el Presupuesto

Los meses de mayo a julio se fueron en otra representación teatral entre la Junta de Control Fiscal, el Gobernador y la Legislatura por la eliminación o no de la Ley 80, que protege al trabajador de despido injustificado. Desde el Centro para la Nueva Economía (CNE), economistas en su carácter profesional individual, abogados laborales y, por supuesto, sindicatos, todos coinciden en denunciar que el empeño de la Junta en la eliminación de esta ley responde solo a razones ideológicas. Aunque la Legislatura no cedió a su derogación, sí dio paso a una “reforma laboral” que resta protección y beneficios a los trabajadores. La disputa por la Ley 80 se trasladó al presupuesto y, aunque el Ejecutivo y la Legislatura sacaron pecho aprobando el suyo, la Junta certificó su propio presupuesto —que es el que impera— con recortes por $345 millones. 


El robo de furgones 

Nadie supo decir nunca por quién, cómo ni cuándo fueron a parar a los predios de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) varios furgones con suministros, como comida, catres, baterías y otros artículo,s que se supone fuesen distribuidos a damnificados por el huracán María. Se encontró otro furgón en una finca de Toa Alta, que pertenece al ayudante del director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) Luis Abreu Noble, y otros tres furgones en una finca en el pueblo de Adjuntas. Los descubrimientos simultáneos se dieron durante el mes de agosto. En el caso de los hallados en las facilidades de la CEE, trajo cola entre la comisionada electoral del PNP y el Presidente del Senado. 


La condena de Cofina

En lo que representa otro golpe al pueblo de Puerto Rico, la Junta de Control Fiscal anunció en agosto que llegó a un acuerdo con los bonistas de COFINA (Fondo de Interés Apremiante). El acuerdo compromete los recaudos del Impuesto de Venta y Uso (IVU) y condena al pueblo de Puerto Rico a pagar por los próximos 40 años y más la cantidad de $33 billones de una deuda, que el principal es de $17 billones. Al momento de escribir este relato el acuerdo se encontraba bajo la consideración de la juez Laura Taylor Swain.

Si el acuerdo ya de por sí es un saqueo de los recursos del pueblo de Puerto Rico, la conducta de los Legisladores, al aprobar las enmiendas a la ley de Cofina para viabilizar el acuerdo, fue una irresponsable, bochornosa e indignante. La medida fue aprobada tal y como llegó de La Fortaleza, sin discusión, ni vista pública, en una algarabía de celebración por parte de los legisladores de mayoría. Por su parte, el representante independiente Manuel Natal Albelo se enfrentó a la burla e indiferencia de los representantes del PNP ante sus reclamos en pleno hemiciclo de que la medida fuese discutida.


Cenizas por todas partes

Con la firme y consistente oposición de grupos comunitarios aliados en la Resistencia Contra la Quema de Carbón y sus Cenizas Tóxicas, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a finales de noviembre, aprobó un reglamento bajo el nombre de Estándares para el uso beneficioso de los residuos de combustión de carbón. Como lo evidencia su nombre, y tal como denunciado los grupos comunitarios, el propósito del reglamento es permitir el depósito de cenizas en vertederos por todo Puerto Rico, su uso como relleno para la construcción y para estabilizar el terreno, lo que va en contra de toda la evidencia científica.

Aun cuando el reglamento fue presentado en vista pública el 29 de noviembre, a mediados de diciembre todavía el DRNA no había remitido al Departamento de Estado copia del documento, según refleja en la página Web del Departamento de Estado. Se supone que el reglamento no entre en efecto hasta tanto se someta al DE.


No a la violencia machista

Ante una petición al gobernador de Puerto Rico por parte de grupos feministas para que declarase un estado de emergencia por violencia de género en el país, el Gobierno atendió la petición lanzando la fuerza de choque contra grupos de mujeres que se manifestaban frente a La Fortaleza, el mismo 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día de No Más Violencia contra la Mujer. Hasta inicios de diciembre, 23 mujeres habían sido asesinadas por sus parejas o exparejas. El 13 % de estos asesinatos fueron cometidos por miembros de la Policía. 


La novela de Justicia

Como toda novela donde en cada capítulo los perversos se tornan cada vez más malvados, siguen apareciendo personajes peores y los “buenos” triunfan al final, así sucedió con la novela del Departamento de Justicia.


El lío del chat

En febrero se comienza a destapar que el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), el hoy exjuez Rafael Ramos Suárez, consultó decisiones judiciales en un chat con el equipo de trabajo de campaña del entonces candidato a la gobernación Ricardo Rosselló. La trama incluyó a la subsecretaria de la gobernación Itza García y al secretario William Villafañe. Entre denuncias públicas de presiones indebidas de parte y parte —la subsecretaria de la gobernación y la secretaria del Departamento de Justicia (DJ) Wanda Vázquez—, Justicia lleva a cabo una investigación. Entra en escena el presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, quien le exige a Vázquez a que termine la investigación en un mes. En abril, el DJ refiere el caso a la Oficina del Fiscal Especial Independiente (FEI). En mayo, García y Villafañe renuncian a sus cargos en medio del escándalo.

En octubre, el FEI radicó 19 cargos contra el exjuez Ramos Sáez.

Mientras, se desata la guerra contra la Secretaria de Justicia desde la presidencia del Senado. Al lío del chat se le añaden la controversia por la investigación de los furgones en la CEE, las investigaciones por parte del DJ contra varios legisladores y dependencias de la Legislatura y las denuncias de intromisión indebida de la Secretaria en una investigación relacionada con un robo en la casa de su hija.


Cargos contra la Secretaria de Justicia

El drama llegó a su clímax a finales de noviembre cuando el FEI le radicó tres cargos por violaciones de la Ley de Etica y uno por el Código Penal a la secretaria Vázquez. El siete de diciembre, la juez Yazdel Ramos Colón no halló causa contra la Secretaria, por lo que el Gobernador la reinstaló en su puesto de inmediato. 

Por su parte, el Presidente del Senado continúa pidiendo la cabeza de la Secretaria.


Pícalo Gallo

Como sorprendidos en una mala jugada o el despertar a una pesadilla que te arrebata algo de tu naturaleza, cierra el año con la acción del poder de la Metrópolis de prohibir el deporte de las peleas de gallo en sus territorios.