Escrito por Manuel de J. González | Claridad
La Legislatura de Puerto Rico, en dos
sesiones maratónicas que terminaron en la madrugada, aprobó la pasada
semana algo que denominaron “Ley de Reforma Contributiva”. El proyecto
llevaba mucho tiempo dando tumbos por el Capitolio, tanto que el
funcionario público que ideó la primera versión del mismo, el Secretario
de Hacienda Raúl Maldonado, ocupa desde hace meses otro cargo.
El proyecto había sido diseñado por Maldonado para que su jefe,
el gobernador Ricardo Rosselló, pudiera alardear en la próxima campaña
electoral de haberle reducido las contribuciones a la mayoría de la
gente, mientras cuadraba la caja con un cantazo a los profesionales y
empleados por cuenta propia. Como estos últimos son menos y, además,
tienen fama de evasores, el efecto político para su jefe sería positivo.
La propuesta de Maldonado también reducía el IVU a las comidas
preparadas si se pagaba con tarjeta de débito o crédito, algo que
también alegraba a muchos y, según él, servía para combatir la evasión.
No
sé si Maldonado había consensuado su proyecto con la Junta de Control
Fiscal (JCF), pero es probable. Los funcionarios del gobierno de
Rosselló apoyan en público las bocanadas de humo de su jefe contra los
gavilanes de la Junta, pero siempre se alinean antes que el depredador
ataque. Maldonado, en particular, se cuida mucho de no incomodar a los
procónsules. Su proyecto tal vez podía sobrevivir el escrutinio de los
representantes de Roma.
Pero en estos tiempos milenarios los
puertorriqueños tenemos que soportar no uno ni dos, sino hasta tres o
cuatro gobiernos y, aunque ninguno de ellos responde a la mayoría del
pueblo, todos insisten en mandar, aunque a la postre sólo uno lo hace.
Primero está el que opera con el mandato que nació de las botas
militares, aquellas que llegaron por la banda sur hace más de un siglo.
Ese gobierno alega tener una “cláusula territorial” que nos aplica y
basándose en ella nos impuso la junta de gavilanes. Luego está el de
Rosselló, que recibió el endoso de sólo 41% de los votantes hace dos
años. Finalmente, está el gobierno de la Legislatura, por el que todavía
menos gente votó, pero que ante la debilidad manifiesta del ejecutivo
“rossellista”, pretende erigirse como mandatario de facto dividido en
dos secciones, la de la Cámara y la del Senado. Todos esos gobiernos
entraron en acción en el asunto de la “reforma contributiva” y al final,
como era lógico esperar, el primero prevaleció. En el proceso se
malgastaron largos meses y muchísimo dinero.
Al paso de los
meses la Legislatura fue amasando el proyecto de Maldonado y, tras
cientos de enmiendas, decir que al final se produjo un Frankestein sería
equivocado porque ese monstruo al menos tenía cuerpo. El de la reforma
tributaria ni eso. Lo que llegó a la Legislatura cuadraba apenas y ya
era amorfo. Lo que salió daba miedo porque al engendro que produjo
Hacienda terminaron añadiéndole la legalización de 45 mil máquinas
tragamonedas, que convierten al país en un gigantesco casino de
apuestas.
Tal parece que, en medio del caos y ante la debilidad
manifiesta de todos los gobiernos “locales”, la mafia que regentea el
juego ilegal encontró abierto un camino por donde colarse y de inmediato
actuaron. Esa mafia está desde hace años tratando de que le legalicen
su operación que ha crecido de año en año ante los ojos negligentes o
culposos de los gobiernos. Alegando que quieren contribuir al fisco
pagando una “licencia”, buscan el patrocinio oficial para expandirse
casi sin límites convirtiendo las gasolineras y los cafetines en casinos
legales. En todas las administraciones, gracias a sus aportaciones para
las campañas políticas, han contado con patrocinadores en el Capitolio.
Ahora, en medio de este nuevo caos, por fin lograron el éxito porque el
proyecto que los legaliza se aprobó en ambas cámaras y, de inmediato,
Rosselló anunció que lo firmaría.
Antes del anuncio de Rosselló,
un miembro de su gabinete, el Secretario de Desarrollo Económico Manuel
Laboy, había calificado como “nefasto” el proyecto aprobado porque,
según el funcionario, atentaba contra la economía turística. Pero a
Laboy lo mandaron a callar (el propio Maldonado dio la orden) y el
proyecto salió para la Fortaleza donde ya estaba planeada la ceremonia
para su firma.
Entonces fue que apareció con aires de salvadora
Natalie Jaresko, la ex ministra de la lejana Ucrania y directora
ejecutiva de la JCF. Luego de que en la Legislatura se amanecieron
durante dos noches consecutivas para aprobar la medida; luego de que
brotara y se silenciara el descontento entre los funcionarios del
Ejecutivo; luego de cientos de horas en vistas públicas y de que se
invirtieran muchos miles de dólares en consultores; luego de que la
prensa se entretuviera por meses entrevistando a funcionarios y
legisladores sobre los supuestos diferendos, la señora Jaresko, con
acento ucraniano, liquidó el asunto en 30 segundos.
Ese lapso
de tiempo fue lo le tomó a Jaresko decir que la “reforma” aprobada “es
inconsistente con el plan fiscal” que certificó la JFC. No era necesario
nada más. El plan fiscal fue aprobado por la junta de procónsules y,
por tanto, está escrito en piedra. Y si la sacerdotisa oficial
interpreta que existe alguna inconsistencia entre lo aprobado y ese
plan, hasta ahí llega el asunto porque su anuncio nace de la ley de la
tierra.
Todos los que conocemos un poquito, al menos, la
realidad puertorriqueña sabíamos que ese sería el final. Pero los
legisladores querían aparentar que todavía tienen poder para legislar y,
además, justificar sus sueldos, mientras el Gobernador necesitaba soñar
con ganar una futura elección. Jaresko los dejó entretenerse un rato y
luego actuó. |
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