4 oct. 2018

¡Con Venezuela, contra la intervención imperialista!

Escrito por Alejandro Torres Rivera | Dirección Nacional MINH      

Da vergüenza ajena las recientes manifestaciones del gobierno de Puerto Rico a través del gobernador Ricardo Rosselló, ofreciendo nuestro país como plataforma de intervención imperialista ante una agresión al gobierno legítimo de Venezuela. 



En diciembre de 2014 el gobierno de Estados Unidos, dentro del marco de su política injerencista, aprobó la ley titulada Ley en Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela. Su origen se encuentra en un proyecto de ley sometido en el mes de marzo de ese mismo año por parte del Senador demócrata de origen cubano-estadounidense por el estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, señalado por corrupción y enemigo de la Revolución Cubana y Bolivariana.

La Ley facultaba al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a sancionar las personas que él determine hayan sido responsables o causantes de alegados actos de violencia contra elementos de la oposición política en Venezuela. La Ley le autorizaba, además, a imponer a los responsables por tales actos, sanciones que incluían, entre otras medidas, el bloqueo de sus activos, establecer prohibiciones sobre transacciones con sus propiedades en Estados Unidos y la revocación de sus visados y otros documentos emitidos conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Durante al año fiscal transcurrido a partir de la aprobación de la Ley, se asignaron fondos millonarios para ser utilizados con los siguientes propósitos: (a) defender los derechos humanos en Venezuela; (b) aumentar la capacidad de la sociedad civil en dicho país; (c) apoyar los medios de comunicación independientes y procurar el acceso de éstos, sin restricciones, a la internet; (d) mejorar la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas; y finalmente, (e) ayudar a la sociedad civil venezolana, a periodistas y a manifestantes que el presidente de Estados Unidos determine hayan sido víctimas de la represión por parte del actual gobierno venezolano.

El 12 de febrero de 2015 el gobierno venezolano hizo público la manera en que los organismos de seguridad del Estado habían logrado frustrar una nueva intentona golpista contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los intentos de Golpe de Estado en Venezuela, como sabemos, ni son un planteamiento teórico, ni constituyen un elemento discursivo, ni son nuevos. Recordemos que ya en febrero de 2002 se desarrolló un frustrado Golpe de Estado contra el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Igualmente, durante los años 2014 y 2015 la oposición política venezolana, tras su derrota en diversos procesos electorales, promovió un clima de inseguridad y violencia en el país con el objeto de establecer condiciones que propiciaran otro Golpe de Estado.

El 9 de marzo de 2015 el presidente Obama promulgó una Orden Ejecutiva titulada Contributing to the situation in Venezuela (“Contribuyendo a la situación en Venezuela”). En ella incluyó a siete funcionarios de alto nivel del gobierno venezolano vinculados a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la fiscalía, los cuales desempeñaron desde sus respectivas responsabilidades públicas un rol activo en el proceso de desbaratar, en forma anticipada, el intento de Golpe de Estado fraguado para el 12 de febrero de 2015. La Orden Ejecutiva no cumplía otro propósito que pretender deslegitimar precisamente a funcionarios que, como indicamos, jugaron un papel clave en desarticular la intentona golpista. Con tal proceder, Estados Unidos procuraba estigmatizar cualquier gestión que dichos funcionarios llevaran a cabo en el futuro contra la oposición política golpista y en la defensa y protección de los intereses del Estado venezolano.

Como parte de su estrategia defensiva, en aquel momento la República Bolivariana de Venezuela inició el 14 de marzo ejercicios militares conjuntos en aire, tierra y mar con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Igualmente, dentro del marco de las movilizaciones populares, los organismos de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y las organizaciones de masas, junto a las movilizaciones propias de las fuerzas armadas y del pueblo combatiente, fueron incorporadas en las maniobras a través de diferentes actividades en defensa de la soberanía nacional y de la Revolución Bolivariana.

En el año 2015 la Casa Blanca hizo público una versión editada de un estudio titulado Estrategia Nacional de Seguridad (2015). En él, la Rama Ejecutiva de Estados Unidos de América delinea cada quinquenio, lo que serán los énfasis de su gobierno en materia de seguridad. Al momento en que se aprobó este documento, Estados Unidos estaba sirviendo de apoyo a una nueva patraña golpista contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Contrario a lo que Estados Unidos afirma como parte de esta Estrategia Nacional de Seguridad, no es el gobierno de Nicolás Maduro el que en Venezuela contribuye a la destrucción de la democracia; sino que es el propio Gobierno de Estados Unidos el que ha sido responsable de apoyar en Venezuela un Golpe de Estado y varias intentonas más. A lo largo de los años que lleva la Revolución Bolivariana, Estados Unidos no ha cesado en promover la desestabilización del gobierno bolivariano mediante el respaldo a grupos de pandilleros y delincuentes que promueven la violencia.

El proceso de desestabilización contra Venezuela en los pasados años no ha tenido pausa. La respuesta del presidente Maduro, sin embargo, fue recurrir al pueblo bolivariano para profundizar su Revolución mediante el ejercicio del poder constituyente. Así las cosas, el 1ro de mayo de 2017, el presidente Maduro convocó al pueblo, al amparo de las disposiciones de la Constitución vigente de 1999, invocando sus artículos 347, 348 y 349, a una Asamblea Nacional Constituyente. Su propósito fue hacer aquellos cambios necesarios al documento fundacional del Estado con miras a salvaguardar y profundizar las conquistas revolucionarias.

En su convocatoria, el presidente Maduro le dijo al país que, como Jefe de Estado y basado en los poderes que confiere la Constitución, hacía el llamado a los venezolanos en su ¨poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso nacional convoque a una Asamblea Nacional Constituyente¨. Señaló como propósito de la convocatoria, elevar a rango constitucional las misiones creadas por la Revolución Bolivariana, como son: (a) la Misión Vivienda, que abre paso al acceso ciudadano a la vivienda; (b) la Misión Barrio Nuevo y la Misión Tricolor, las cuales han sido cruciales en la prestación de servicios y cuidados de salud para los sectores más frágiles de la sociedad venezolana; y (c), la Misión Alimentación, que ha garantizado a la población de menos recursos económicos el acceso a la alimentación en momentos en que los sectores de la oligarquía escondían alimentos para provocar una escasez que llevara al caos; ello ante insinuaciones por parte de la Asamblea Nacional de que se proponía eliminar de cara al futuro tales programas.

La propuesta del presidente Maduro fue rechazada por los mismos grupos de la Oposición que desde el año 2014 habían estado reclamando la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente. Para reforzar su rechazo a la Asamblea Constituyente, estos grupos opositores de la derecha venezolana recibieron el apoyo y financiamiento de los sectores oligárquicos venezolanos, del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados en la región. En aquella ocasión se sumó, además en este empeño injerencista, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

En aquel momento el gobierno venezolano denunció al menos 11 pronunciamientos públicos y cuatro comunicados hechos por el gobierno de Estados Unidos en contra de su país; así como la campaña llevada a cabo por el Secretario General de la OEA entre el 28 de febrero al 19 de abril, que incluyó cuatro sesiones extraordinarias del organismo aprobando ilegítimamente resoluciones contra Venezuela sin que hubiera el consenso de los países integrantes de la OEA. En esta maniobra Almagro contó, a través de sus respectivas cancillerías, con la complicidad de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay.

Dentro de la estrategia contra Venezuela, se han desarrollado varios ejercicios militares auspiciados por el Comando Sur de Estados Unidos en los cuales han participado efectivos militares estadounidenses ubicados en instalaciones militares localizadas en Colombia, junto a efectivos brasileños y peruanos.

El éxito obtenido por el gobierno venezolano y el apoyo manifiesto al proceso constituyente, generaron nuevas manifestaciones de parte del gobierno estadounidense y de la derecha recalcitrante venezolana. Tras el fracaso de la violencia terrorista durante el año 2017 y la pérdida de su capacidad para derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro, el plan contra la República Bolivariana de Venezuela entró en una nueva fase. Su objetivo es acabar con la revolución bolivariana poniendo en marcha un programa de ataques directos, promovidos y dirigidos desde el exterior. Uno de los más destacados fue el reciente atentado contra el presidente Nicolás Maduro en el marco de la conmemoración y desfile militar en ocasión del 81 Aniversario de la fundación de la Guardia Nacional de Venezuela.

Apenas transcurridas unas horas desde el suceso, en alocución televisiva que hiciera al pueblo venezolano el presidente Maduro, fijó la responsabilidad por el atentado en sectores de la derecha venezolana con el apoyo directo del gobierno de Colombia, particularizando en el entonces saliente presidente Juan Manuel Santos y sus comentarios previos. De acuerdo con Maduro, el expresidente Santos habría hecho expresiones en días previos a finalizar su mandato a los efectos de que “Maduro está al borde del final de su vida”, así como “Ojalá mañana mismo terminara la presidencia de Maduro”.

En el atentado se utilizaron dos pequeños aviones no tripulados (drones), con capacidad para transportar explosivos. Uno de ellos, gracias a los sistemas de detección y protección de los organismos de seguridad venezolanos, fue desviado en el aire, chocando contra un edificio aledaño a lugar donde se encontraba el presidente, su esposa y altos funcionarios de su gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; mientras el otro, explotó a corta distancia de donde se encontraba el presidente. De acuerdo a declaraciones posteriores del presidente Nicolás Maduro Moros, las personas que operaron los “drones” utilizados en el atentado, fueron entrenados entre los meses de abril y junio en una finca en Chinácota, Colombia, en el departamento de Santander.

Más recientemente, el pasado 25 de octubre, en ocasión de su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump se expresó también contra el presidente Maduro, su gobierno y la Revolución Bolivariana. Allí anunció su decisión de forzar su derrocamiento, dando a conocer nuevas sanciones económicas contra Venezuela, las cuales se suman a la reciente congelación de las operaciones de las estaciones de gasolina Citgo, empresa subsidiaria de PDVSA fuera de territorio venezolano, que operan con derivados del petróleo venezolano en Estados Unidos. Como parte de las nuevas sanciones, se prohibieron las compras por parte de Venezuela a empresas estadounidenses con dólares. Señaló, además, que no descartaba ninguna medida contra Venezuela, lo que sugiere que la amenaza de una intervención militar, está planteada como una de las opciones a considerar por parte de Estados Unidos y algunos países de la región.

De acuerdo con escrito de fecha 3 de octubre de 2018 de la copresidenta del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano, Lcda. Wilma Reverón Collazo, titulado Sexta Fase contra Venezuela: ¿Guerra regional?, como parte de los planes contra Venezuela, el gobierno de Estados Unidos ha ido “creando condiciones para la fase sexta militar”, que incluye el entrenamiento de más de 9 mil militares y policías en el Instituto Hemisférico (antes Escuela de Las Américas). También la dirigente política denunció la creación de la llamada “Alianza del Pacífico”, integrada por Chile, Colombia, México y Perú, como parte de su política para destruir la UNASUR y la CELAC, ello como parte de la fragua de una futura intervención militar.

El pasado 1ro de octubre, en el periódico editado en Puerto Rico, El Nuevo Día, aparece una columna escrita por Miguel Enrique Otero, titulada Intervención militar en Venezuela: realidad y deseo. Nos dice el autor que no habrá tal cosa como una intervención militar en Venezuela dado que una vez se posicionen en terrero venezolano las fuerzas armadas de Estados Unidos, ocurrirá allí lo mismo que ocurrió con la Guardia Republicana de Saddan Hussein en Iraq. Señala que entonces “las unidades revolucionarias se disolvieron en cuestión de horas, apenas hubo resistencia, los soldados huyeron de manera desorganizada, abandonando sus armas, uniformes y documentos que pudieran servir para identificarlos más tarde”. Pierde de perspectiva tal autor que en Iraq, luego de la ocupación por parte de Estados Unidos, no ha habido un momento de tranquilidad; y que al día de hoy, todavía el sentimiento del pueblo iraquí ante la ocupación, no ha permitido a Estados Unidos abandonar el territorio ocupado. Más aún, dicho autor pierde también de perspectiva que la respuesta del pueblo venezolano ante una invasión no tiene que ser la ocurrida en Iraq. Por el contrario, podría ser aquella que demostraron los constructores cubanos en Granada cuando la invasión a dicha isla caribeña, los cuales defendieron con honor y hasta las últimas municiones, sus centros de trabajo en la pista aérea del aeropuerto donde laboraban, a pesar de que contra ellos Estados Unidos lanzó contra ellos a la infantería de marina y efectivos de la 82va. División Aerotransportada.

Nos llama la atención otro escrito titulado Escenarios de intervención militar: las capacidades de Venezuela para defenderse, escrito por Rubén Castillo y publicado en Resumen Latinoamericano: la otra cara de las noticias de América Latina y el Tercer Mundo. Allí el autor nos indica que, en una noticia del pasado 4 de julio publicada en Bogotá por AP, se indica que el pasado año el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunido con asesores, funcionarios y presidentes de la región a puertas cerradas, habría planteado el tema de la intervención militar en Venezuela. Señala, además, que el presidente Trump también había expresado el pasado 11 de agosto que la opción militar contra Venezuela estaba planteada como una opción real. Esto, indica el autor, provocó las instrucciones impartidas por el presidente Maduro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de llevar a cabo ejercicios militares conjuntos con fuerzas cívicas, para enfrentar el escenario de una invasión. Más recientemente la FANB también ha llevado a cabo otros ejercicios militares en la frontera con Colombia, incluidos ejercicios con unidades élite de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Señala el autor, que el Comando Estratégico Operacional de la FANB se ha venido preparando en la pasada década para enfrentar tal escenario de una invasión bajo la “concepción estratégica de la guerra popular prolongada”; a la vez que ha procurado el mejoramiento paulatino de su equipamiento militar “hasta el punto de tener capacidad de negar el espacio aéreo a cualquier aeronave que quiera sobrevolarlo sin plena autorización”. Se ha desarrollado, además, “una estrategia de Defensa Regional Integral Escalonada, propiciada de mayor a menor escala por las REDI (Región de Defensa Integral), las ADI (Aéreas de Defensa Integral), las ZODI (Zona de Defensa Integral) y finalmente, las ZOSE (Zonas de Seguridad)”. Como parte de esta estrategia de defensa, tomando en consideración las condiciones particulares del país y su territorio, se insiste en un enfoque operacional de guerra de desgaste o de trincheras.

A diferencia del ejemplo que reseña Miguel Enrique Otero en referencia a Iraq, Venezuela cuenta con importantes, modernos y sofisticados sistemas de defensas antiaéreas. Estos incluyen misiles de fabricación rusa que ya han probado su capacidad en otros escenarios bélicos. Estos sistemas permiten detectar a una distancia de 300 kilómetros y a 25 mil metros de altura, cualquier amenaza aérea. Venezuela también cuenta con modernos aviones capaces de interceptar cualquier amenaza sobre el territorio nacional antes de que se invada el espacio aéreo.

Si bien en el pasado Estados Unidos pretendió romper el equilibrio militar entre Venezuela y Colombia a través del Plan Colombia, la capacidad de ambos países se iguala hoy en algunas áreas y en otras Venezuela las supera. De acuerdo con lo publicado por Resumen Latinoamericano, Venezuela cuenta con una dotación de 696 tanques, 57 vehículos de artillería autopropulsados y 52 lanza cohetes tipo Smerch, medios con los cuales Colombia no cuenta. Igualmente, Venezuela ha desarrollado en estos momentos importantes mecanismos para el resguardo de la seguridad del Estado y su aparato de inteligencia y contrainteligencia. Venezuela cuenta también hoy con decenas de miles de ciudadanos-soldados que forman parte de sus milicias populares y un sistema de defensa basado en el concepto de guerra de todo el pueblo. Quien ponga la bota sobre territorio venezolano ha de estar dispuesto a pagar un alto precio.

En el plano político y diplomático, Venezuela ha ido estrechando sus relaciones económicas y acuerdos en diferentes planos, incluyendo el militar, con países como la República Popular China y la Federación Rusa. A pesar de los distintos tropiezos sufridos por varios países de América Latina con sus gobiernos que han entregado su soberanía a intereses imperiales y neoliberales, Venezuela sigue contando con el apoyo de los pueblos de aquellos países.

Da vergüenza ajena las recientes manifestaciones del gobierno de Puerto Rico a través del gobernador Ricardo Rosselló, ofreciendo nuestro país como plataforma de intervención imperialista ante una agresión al gobierno legítimo de Venezuela. Rosselló ha señalado que la Isla sería un “centro logístico” desde donde se preparará la transición de Venezuela hacia una democracia plena. A tales fines, indica, el gobierno de Puerto Rico dará el espacio para la celebración de la reunión de la Comisión de Reconstrucción de Venezuela, bajo la dirección del opositor exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

Los puertorriqueños y puertorriqueñas no podemos permanecer cruzados de brazos ante el peligro que representa para el hermano pueblo venezolano y para la región del Caribe la política injerencista de Estados Unidos hacia Venezuela. Todo cuanto hagamos hoy puede ser poco a la hora de de garantizar la paz en el hermano país. Pero ha de ser una paz cimentada en la soberanía, la independencia, la integración latinoamericana y caribeña; una paz que solo la Revolución Bolivariana es capaz de ofrecer al bravo pueblo venezolano; una paz que le permita a su gobierno y a su pueblo dedicar sus energías a la profundización de los cambios revolucionarios necesarios en la Patria de Bolívar.

¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó!
 

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