6 nov. 2017

Tras la declaración de independencia de Catalunya, se agudiza el conflicto con el Reino de España

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Escrito por Alejandro Torres Rivera / Presidente CAAPR - El pasado 1ro de octubre, los catalanes concurrieron a las urnas para decidir su futuro como país, ello en el marco de su ejercicio a la libre determinación con relación a su permanencia dentro del Estado español; es decir, conforme a la ley votada por el parlamento de la Generalitat, se sometió a la consulta del pueblo catalán si preferían optar por su independencia bajo un estado republicano a su actual relación con el Reino de España.


De 5.343 millones de electores inscritos y hábiles para votar en el referéndum, participaron 2.262 millones. Esto representa el 42.34% de los catalanes registrados para votar. De aquellos que concurrieron a las urnas, 2,196 millones votaron en favor de que Catalunya fuera un estado independiente en forma de república. Esto representa el 97.10% de los votos de los votos emitidos. En contra de la propuesta independentista votaron 45,686 electores, lo que representó el 2.02% de los votos, mientras que los votos nulos ascendieron a 20,129 votos, lo que representa el 0.89% de los votos emitidos. El mensaje de aquellos que votaron estuvo claro: se trata de una respuesta contundente al reclamo de independencia de los catalanes y también una respuesta a la represión desatada por el Gobierno central de Madrid, que tuvo como consecuencia más de 900 heridos, pretendiendo evitar que el pueblo catalán se expresara en las urnas.

Históricamente hablando, la región donde hoy ubica Catalunya estuvo habitada originalmente por pueblos catalogados como ¨íberos¨. Varios cientos de años antes de nuestra era, en las costas catalanas se desarrollaron asentamientos fenicios, griegos y romanos. Estos últimos permanecieron en la península ibérica conocida como Hispania hasta la caída del Imperio Romano de Occidente a finales del Siglo V de nuestra Era. En los años siguientes, la península fue ocupada por visigodos, celtas y árabes provenientes del Norte de África. Mientras los descendientes de las poblaciones originarias, los romanos, visigodos y celtas adoptaron con el transcurso de los años la religión cristiana, los nuevos invasores provenientes de África, que llegaron a ocupar casi la totalidad de la península Ibérica a partir del Siglo VIII, profesaban la religión musulmana.

La región donde ubica hoy Catalunya fue objeto de ocupación por los franceses bajo Carlomagno en lo que se llamó el Sacro Imperio Romano. Al final de la hegemonía francesa en esta etapa sobre la región de Catalunya, ésta se dividió en varios condados bajo el mando de diferentes casas de nobles hasta que finalmente quedó, en la época en que los dos principales reinos en España lo configuraban el Reino de Castilla y el Reino de Aragón, formando parte de este último. Fue un período importante para el desarrollo económico de Catalunya. En este período el reino de Aragón extendió sus linderos hacia las Islas Baleares, Sicilia, Cerdeña, Córcega, lo que hoy es la región de Valencia en España y la región sur de la península italiana. Como resultado del matrimonio de Fernando, Rey de Aragón e Isabel, Reina de Castilla, los llamados reyes católicos, fue consumada la unificación de España una vez expulsados los musulmanes en 1492.

Ya desde el Siglo XIV, específicamente en 1365, se había creado la Diputación General de Catalunya o la Generalitat de Catalunya. Durante años Catalunya fue conformando los elementos básicos que hoy definen una nación: una comunidad de seres humanos asentada sobre un territorio, históricamente formada con una comunidad de idioma, un vínculo económico común, un territorio común y una sicología de pueblo común que se traduce en una cultura común a su vez diferenciada de otras comunidades. A partir de lo anterior, en distintos momentos de su historia, Catalunya aspiró a formar un Estado independiente y separado del resto del Estado español.

Durante el Siglo XVIII, con la muerte del Rey Carlos II sin haber dejado descendientes, y su sucesión por el Rey Felipe V, se instala en España una nueva casa real, la Casa de Borbón, la cual sustituía la Casa de los Habsburgo. Esto dio inicio a la Guerra de Sucesión Española. En la contienda, Catalunya tomó partido por el Archiduque Carlos, defendido por la Casa austriaca, reconocido por los catalanes como el Rey Carlos III, quien había comprometido su palabra de resguardar los fueros catalanes. La contienda, sin embargo, fue ganada por Felipe V. Como nos narra en su novela el escritor Albert Sánchez Piñol, ¨Victus, Barcelona 1714¨, ¨para los castellanos España era el gallinero y Castilla, su gallo; para los catalanes España sólo designaba el palo del gallinero. He ahí la tragedia”.

Tras su invasión al territorio catalán por los castellanos Barcelona, hoy capital de Catalunya, capituló el 11 de septiembre de 1714, lo que llevó en 1716 a la abolición de las instituciones y libertades catalanas, la imposición de la estructura territorial y administrativa castellana, la imposición de las instituciones jurídicas castellanas y el ejercicio del control económico del reino español sobre la región.

Con el desarrollo capitalista en España, Catalunya vivió un renacer económico creándose un amplio proletariado. El Siglo XIX encuentra la región con el impacto de la invasión napoleónica a España en 1812, donde Catalunya fue anexada a Francia y dividida en 4 departamentos. Como ocurrió en el resto de España, los catalanes se sumaron a la lucha de independencia de España. El 28 de mayo de 1814 las tropas francesas en Barcelona fueron derrotadas.

Entre 1840 y 1891 se produce en Catalunya la llamada Revolución Industrial. Es este período también el que abre de alguna manera la compuerta a los que será el independentismo catalán durante el Siglo XX. Ya en 1880 se había efectuado el Primer Congreso Catalanista, donde se reclama el uso del idioma catalán como vehículo a través del cual se transmita la cultura de la nación catalana. En 1873, con la proclamación de la Primera República Española, un grupo de catalanes promovieron la creación de un Estado nacional catalán. Del catalanismo cultural, se pasó al catalanismo político.

El 6 de abril de 1904 se formó la Mancomunidad de Catalunya, integrada por cuatro diputaciones catalanas: Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida. El reconocimiento por parte del Estado central, aun cuando se limitara a funciones puramente administrativas, representó el primer reconocimiento de la unidad territorial de Catalunya desde 1714. Desde 1913 el catalán, idioma hablado por los catalanes, fue dotado de una ortografía formal, pasando a ser el idioma adoptado por la Mancomunidad en conjunto con el idioma castellano. Se pasó, además, a promover su normalización lingüística. La Mancomunidad, sin embargo, fue suprimida por el Estado español en 1924 bajo la Dictadura de Primo de Rivera, pasando a prohibirse el idioma catalán y el uso de la bandera catalana. La Dictadura de Primo de Rivera cae en 1930.

El 4 de abril de 1931, fecha en que se proclama en Madrid la Segunda República Española, se proclama también en Barcelona la Generalitat de Catalunya como una República de Catalunya dentro de una Federación de los pueblos ibéricos. La Constitución adoptada por la Segunda República, sin embargo, no concedió la independencia; lo que hizo fue aprobar en 1932 un Estatuto de Autonomía de Catalunya, el cual previamente había sido adoptado por los diputados catalanes el 2 de agosto de 1931. Con el fin de la Guerra Civil en 1939 y la instauración de la Dictadura de Francisco Franco, terminaría, pro tempore una vez más, el sueño de los independentistas catalanes. No obstante, cinco años antes de la muerte de Franco, en 1970 un grupo de fuerzas políticas que impulsaban la democracia en Catalunya, formaron la Asamblea de Catalunya.

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 se abrió en España un nuevo período, que a su vez representó un período de transición. Es en la Constitución que se adopta en 1978 donde se reconoce la existencia en España de comunidades autónomas, la que da lugar al Estatuto de Autonomías. Ya el año anterior, en 1977, se había reconocido la restauración provisional en Catalunya de la Generalitat. Es en 1979 cuando finalmente se aprueba el Estatuto de Autonomía para Catalunya. En él se reconoce a Catalunya como una nación y el catalán como su idioma vernáculo

Conforme a la Constitución española de 1978, España es un Estado unitario e indivisible, por lo que una consulta para la secesión de una de sus partes, no estaría dentro del marco constitucional a no ser que la misma fuera refrendada por la Cortes, órgano principal de gobierno en España, y sometida como enmienda a la Constitución por parte de los ciudadanos españoles. Por supuesto, lo anterior significa que cualquier determinación en torno a la secesión en el país, tendría que ser adoptada por el órgano político del cual participan representantes de todas las regiones que actualmente conforman el Estado español. En ese sentido, bajo la Constitución vigente, incluso la ampliación de las competencias asignadas bajo los estatutos de cada una de las comunidades en el Estado español, incluyendo el reclamo de derechos soberanos de cualquiera de éstas, es un asunto que compete a todos los ciudadanos españoles y no necesariamente a los nacionales de la comunidad que reclama tal derecho a la libre determinación e independencia. Así las cosas, quiénes son los sujetos de autodeterminación, bajo la Constitución española, es muy distinto de quiénes son los sujetos de autodeterminación bajo la normativa internacional.

El 23 de enero de 2013 el parlamento catalán aprobó con 85 votos a favor frente a 41 en contra, 2 abstenciones y 5 parlamentarios que se negaron a votar, una ¨Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya¨. En ella afirmaron que ¨el Pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano¨. En consecuencia, proclamaron ¨el derecho de los ciudadanos de Catalunya a decidir su futuro político colectivo¨. Esta Declaración, sin embargo, fue dejada en suspenso por el Tribunal Constitucional de España al considerarla ¨un acto de poder constituyente¨ y ¨un desafío contra la Constitución¨.

Para los opositores a la secesión de Catalunya, el argumento es que una decisión de ruptura de un Estado unitario, como el que establece la Constitución de 1978, es un asunto que no es exclusivo de los catalanes, sino de todos los españoles; es decir, tendría que ser una consulta acordada por la Cortes y refrendada por la mayoría de todos los españoles en referéndum, que es donde reside el poder político del Estado español. La consecuencia lógica de esta premisa es que correspondería a todos los españoles decidir la independencia de Catalunya; lo que equivale a decir que la independencia no es un asunto a decidir exclusivamente por parte de los catalanes, que en primera y última instancia son los sujetos de autodeterminación.

En un pasado programa indicábamos sobre este tema que detrás del debate sobre la independencia se encontraba también otro igualmente importante: el debate sobre los intereses de clase a los cuales responde la convocatoria de algunos sectores catalanes en torno a la independencia. Según se indica en un artículo publicado por ¨Miradas para la Paz¨, una plataforma política dentro del Estado español contra la guerra, la OTAN y las intervenciones imperialistas a escala mundial, bajo el título ¨Las 300 familias que dominan Catalunya y protege Artur Más¨, se argumenta desde la izquierda política, por ejemplo, que el ¨estallido independentista es hijo fundamentalmente de la crisis económica, de unas clases medias empobrecidas, temerosas, que pretenden soluciones cuasi mágicas en una vuelta a un irracionalismo romántico de buenos, patriotas catalanes contra malos españoles, de blanco y negro.¨

Este mismo escrito señala que algunos de quienes desde la izquierda anti capitalista hablan de ¨autodeterminación¨, olvidan que ¨el mismo Marx, o Rosa Luxemburg, no apoyaban todas las formas de autodeterminación ´per se´, sino aquellas que representan avances para las clases populares¨.
Indicamos, sin embargo, que este argumento no considera que la actual estructura del gobierno de la Generalitat es tan burgués y tan capitalista como el gobierno central de Madrid; y que precisamente, esa lucha por la independencia de Catalunya podría ser hoy o mañana el pivote desde el cual avance un Estado catalán soberano e independiente con mayores transformaciones sociales precisamente para la clase trabajadora catalana. Bajo este escenario, hoy la clase trabajadora en Catalunya no tendría que aguardar más tiempo a que se desarrollen condiciones en el resto del Estado español que tengan el potencial de transformar la estructura económica de un Estado central, con profundos cambios sociales para todo el país, con el potencial adicional de que así replique en la totalidad de España.

De otra parte, si como resultado del actual proceso político prevaleciera en una Catalunya independiente el modelo neoliberal, ciertamente el avance hacia la libre determinación del pueblo no conllevaría cambios estructurales mayores en las relaciones de producción que actualmente vive el país. Qué peso pueda tener, sin embargo, el polo obrero o una visión de clase desde la perspectiva obrera en el proceso de autodeterminación de Catalunya, puede significar una importante diferencia.

Si bien es cierto que las luchas nacionales han sido históricamente hablando un proyecto de clase de la burguesía nacional en su lucha por el control de los mercados frente a un poder central, considerado por ésta como un poder exógeno a la nación; en ciertas circunstancias la bandera de la lucha nacional también puede ser arrebatada a la burguesía, ya sea la exógena o la nacional, por parte del pueblo convirtiendo así la lucha nacional por la independencia en una lucha de liberación nacional.

Podría estipularse que en estos momentos, el reclamo independentista en Catalunya es mayoritariamente una bandera de lucha de la burguesía nacional catalana. Sin embargo, también es estipulable que la oposición del gobierno central al proceso de secesión de Catalunya también es parte del proyecto burgués e imperialista que sostiene hoy al Estado español. Así las cosas, no puede aspirarse a cambios promoviendo que las cosas sigan siendo iguales; de la misma manera que cruzarse de manos en aras de que las cosas sigan siendo iguales en España, hace ya mucho tiempo demostró su ineficacia. De lo que se trata es de cómo las fuerzas de la izquierda política logran arrebatarle el control o incidir de manera significativa en la dirección del proceso político de la burguesía nacional catalana; o cómo, dentro de una perspectiva más a largo plazo, esa misma izquierda catalana se posiciona de manera tal que logre, dentro de un nuevo Estado nacional, transformaciones de contenido en lo concerniente al poder político, que supere las actuales relaciones entre Catalunya y el Estado español.

Después del resultado de la consulta, y ante la declaración  final del parlamento catalán votando por la independencia con 70 votos a favor, 10 votos en contra, y 2 votos en blanco, se definieron 10 competencias relacionadas al parlamento en la etapa inmediata por parte de las formaciones soberanistas catalanas: 1) dotar al personal y material necesario a los servicios administrativos para la expedición de la nacionalidad catalana; 2) impulsar la suscripción de un tratado de doble nacionalidad con al gobierno del Reino de España; 3) promover ante los estados e instituciones el reconocimiento de la República Catalana; 4) promover las actuaciones y medidas legislativas necesarias para la creación de un banco público de desarrollo al servicio de la economía productiva; 5) adoptar medidas necesarias para el ejercicio de la autoridad fiscal, de la seguridad social, aduanera y catastral y establecer, si es el caso, los períodos necesarios de traspaso de entre administraciones para un adecuado servicio público; 6) promover la creación de un Banc de Catalunya, con las funciones de un Banco Central, que debe vigilar por la estabilización del sistema financiero; 7) abrir un período de negociaciones con el Estado español para determinar la sucesión del Estado catalán mediante un acuerdo, en derechos y obligaciones de carácter económico y financiero asumidos por el Banco de España; 8) elaborar un inventario de bienes de titularidad del Estado español que se encuentran en territorio nacional de Catalunya para hacer efectiva la sucesión de su titularidad por parte del Estado catalán; 9) elaborar un reparto de activos y pasivos entre el Reino de España y la República de Catalunya, abriendo un período de negociación entre representantes de ambos Estados; 10) abrir una comisión de investigación para determinar las responsabilidades del gobierno del Estado español, sus instituciones y sus órganos dependientes en la comisión de delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales para evitar el derecho a voto del pueblo catalán el pasado 1 de octubre.

La respuesta del Estado español ha sido la de reiterar que no cederán a los reclamos hechos por el pueblo catalán. Por el contrario, se reiteraron en la aplicación del Artículo 155 de la Constitución de 1978, y en efecto, conforme al mismo han procedido, eliminando de las actuales competencias autonómicas de Catalunya disolviendo su parlamento, cesado en sus funciones al presidente electo Carles Puigdemont y ordenando la realización de nuevas elecciones para el mes de diciembre, lo que supone el control inmediato por parte del Estado español y su gobierno central de la vida política en Catalunya. Mientras tanto, el presidente del parlamento catalán ha hecho un llamado a la resistencia pacífica. Habrá que ver hasta cuando la situación habrá de ser tolerada por el pueblo catalán.

Como indicamos hace ya cuatro semanas, ninguna de las partes ha dicho aún la última palabra.
 

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