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Escrito por Alejandro Torres Rivera / Presidente CAAPR - En momentos en que en Puerto apenas
comenzamos a reponernos, lenta pero muy lentamente de los efectos del
Huracán María, en el Estado Español importantes sectores de una
nacionalidad continúan la puja por ejercer su derecho a la libre
determinación. En efecto, en medio de una ola represiva por el Gobierno
español, el que opera desde Madrid y es el gobierno central del Estado,
según datos llegados a Puerto Rico se señala que alrededor de 893
ciudadanos sufrieron heridas al pretender impedir, sin aparente éxito,
que la mayoría de los catalanes concurrieran a las urnas a votar por la
independencia de Catalunya.
De acuerdo con los datos dados a
conocer, de 5.343 millones de electores inscritos, en el referéndum
efectuado participaron 2.262 millones de electores, lo que representa el
42.34%. De ese universo de votantes, 2,196 millones de electores
votaron en favor de que Catalunya sea un estado independiente en forma
de república. Esto representa el 97.10% de los votos de los votos
emitidos. En contra de la propuesta independentista votaron 45,686
electores, lo que representa el 2.02% de los votos. Los votos nulos
ascendieron a 20,129 votos, lo que representa el 0.89% de los votos
emitidos. Se trata pues de un contundente mensaje de los catalanes
frente al gobierno central del Estado español.
Conforme a la
Constitución española de 1978, España es un Estado unitario e
indivisible, por lo que una consulta para la secesión de una de sus
partes, no estaría dentro del marco constitucional a no ser que la misma
fuera refrendada por la Cortes, órgano principal de gobierno en España,
y sometida como enmienda a la Constitución por parte de los ciudadanos
españoles. Por supuesto, lo anterior significa que cualquier
determinación en torno a la secesión en el país, tendría que ser
adoptada por el órgano político del cual participan representantes de
todas las regiones que actualmente conforman el Estado español. En ese
sentido, bajo la Constitución vigente, incluso la ampliación de las
competencias asignadas bajo los estatutos de cada una de las comunidades
en el Estado español, incluyendo el reclamo de derechos soberanos de
cualquiera de éstas, es un asunto que compete a todos los ciudadanos
españoles y no necesariamente a los nacionales de la comunidad que
reclama tal derecho a la libre determinación e independencia. Así las
cosas, quiénes son los sujetos de autodeterminación bajo la Constitución
española, es muy distinto de quiénes son los sujetos de
autodeterminación bajo la normativa internacional.
La respuesta a
la represión desplegada por el Estado español en Catalunya trajo como
resultado la convocatoria por parte de los sindicatos y otras entidades
sociales que propugnan por el ejercicio del derecho a la libre
determinación, a una huelga general y concentraciones el pasado 3 de
octubre bajo la consigna de ¨Taula per la Democracia¨. La postura
represiva del Estado español contra los promotores de la consulta no
hizo sino arrimar la brasa al fuego, provocando que decenas de miles de
catalanes se lanzaran a las urnas votar por la independencia en abierto
desafío al gobierno de Rajoy y del Partido Popular.
Catalunya es
un territorio localizado dentro del Estado español que ocupa una
superficie de 32 mil kilómetros cuadrados. Limita en la porción Norte
con Francia y el Principado de Andorra; al Sur con la Comunidad de
Valencia; al Este con el Mar Mediterráneo; y al Oeste, con Aragón.
Catalunya cuenta con una población que excede los siete millones de
habitantes, lo que equivale al 16% de la población del Estado español.
También Catalunya es considerada por muchos la más importante de las
comunidades autónomas en España. Contribuye a su economía con el 25% de
sus exportaciones y genera el 19% del Producto Interno Bruto del país.
En
sus primeros proyectos dirigidos a alcanzar el autogobierno en el Siglo
20, se encuentran el de la Mancomunidad de Catalunya entre 1913 y 1923 y
la restructuración de la Generalitat de Catalunya y la aprobación de su
Estatuto de Autonomía durante la Segunda República. Este fue abolido
dentro de marco de la derrota republicana al final de la Guerra Civil en
abril de 1939 y la instauración de la Dictadura Franquista. Con la
muerte de Francisco Franco en 1976 y la llegada de la llamada democracia
representativa a España, con la Constitución de1978 se abre paso a la
restauración de la autonomía en 1979; y más adelante, aquellas
modificaciones que al mismo han sido hechas en años siguientes.
Para
la mayoría de los catalanes no existe una diferencia conceptual
fundamental en reconocer que Catalunya es una nación diferenciada del
resto del Estado español y sus comunidades autónomas. De hecho, así lo
ha reconocido el parlamento catalán en su relación actual con el
gobierno central al proponerlo expresamente como parte de las
disposiciones del Estatuto de Autonomía vigente. Si bien el Estatuto
aprobado fue modificado por el gobierno central en el Congreso de
Diputados, su Preámbulo que quedó sin cambios, de donde surge tal
reconocimiento. Su artículo segundo, por su parte, reconoce la condición
nacional de Catalunya.
El 23 de enero de 2013 el parlamento
catalán aprobó con 85 votos a favor frente a 41 en contra, 2
abstenciones y 5 parlamentarios que se negaron a votar, una ¨Declaración
de Soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Catalunya¨. En ella
afirmaron que ¨el Pueblo de Catalunya tiene, por razones de legitimidad
democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano¨. En
consecuencia, proclamaron ¨el derecho de los ciudadanos de Catalunya a
decidir su futuro político colectivo¨. Esta Declaración, sin embargo,
fue dejada en suspenso por el Tribunal Constitucional de España al
considerarla ¨un acto de poder constituyente¨ y ¨un desafío contra la
Constitución¨.
A pesar de lo resuelto por este Tribunal, los
catalanes no han desistido en su propósito. Encuestas posteriores a
dicha Declaración favorecieron en más de 71% de los encuestados la
opción independentista.
Para los opositores a la secesión de
Catalunya, el argumento es que una decisión de ruptura de un Estado
unitario, como el que establece la Constitución de 1978, es un asunto
que no es exclusivo de los catalanes, sino de todos los españoles; es
decir, tendría que ser una consulta acordada por la Cortes y refrendada
por la mayoría de todos los españoles en referéndum, que es donde reside
el poder político del Estado español. La consecuencia lógica de esta
premisa es que correspondería a todos los españoles decidir la
independencia de Catalunya; lo que equivale a decir que la independencia
no es un asunto a decidir exclusivamente por parte de los catalanes,
que en primera y última instancia son los sujetos de autodeterminación.
Detrás
del debate sobre la independencia se encuentra también otro igualmente
importante: el debate sobre los intereses de clase a los cuales responde
la convocatoria de algunos sectores catalanes en torno a la
independencia. Según se indica en un artículo publicado por ¨Miradas
para la Paz¨, una plataforma política dentro del Estado español contra
la guerra, la OTAN y las intervenciones imperialistas a escala mundial,
bajo el título ¨Las 300 familias que dominan Catalunya y protege Artur
Más¨, se argumenta desde la izquierda política, por ejemplo, que el
¨estallido independentista es hijo fundamentalmente de la crisis
económica, de unas clases medias empobrecidas, temerosas, que pretenden
soluciones cuasi mágicas en una vuelta a un irracionalismo romántico de
buenos, patriotas catalanes contra malos españoles, de blanco y negro.¨
Este mismo escrito señala que algunos de quienes desde la izquierda anti
capitalista hablan de ¨autodeterminación¨, olvidan que ¨el mismo Marx, o
Rosa Luxemburgo, no apoyaban todas las formas de autodeterminación ´per
se´, sino aquellas que representan avances para las clases populares.¨
Este argumento, sin embargo, no considera que la actual estructura del
gobierno de la Generalitat es tan burgués y tan capitalista como el
gobierno central de Madrid; y que precisamente, esa lucha por la
independencia de Catalunya podría ser hoy o mañana el pivote desde el
cual avance un Estado catalán soberano e independiente con mayores
transformaciones sociales precisamente para la clase trabajadora
catalana. Bajo este escenario, hoy la clase trabajadora en Catalunya no
tendría que aguardar más tiempo a que se desarrollen condiciones en el
resto del Estado español que tengan el potencial de transformar la
estructura económica de un Estado central, con profundos cambios
sociales para todo el país, con el potencial adicional de que así
replique en la totalidad del país.
De otra parte, si como
resultado del actual proceso político prevaleciera en una Catalunya
independiente el modelo neoliberal, ciertamente el avance hacia la libre
determinación del pueblo no conllevaría cambios estructurales mayores
en las relaciones de producción que actualmente vive el país. Qué peso
pueda tener, sin embargo el polo obrero o una visión de clase desde la
perspectiva obrera en el proceso de autodeterminación de Catalunya,
puede significar una importante diferencia.
Si bien es cierto
que las luchas nacionales han sido históricamente hablando un proyecto
de clase de la burguesía nacional en su lucha por el control de los
mercados frente a un poder central, considerado por ésta como un poder
exógeno a la nación; en ciertas circunstancias la bandera de la lucha
nacional también puede ser arrebatada a la burguesía, ya sea la exógena o
la nacional, por parte del pueblo convirtiendo así la lucha nacional
por la independencia en una lucha de liberación nacional.
Podría
estipularse que en estos momentos, el reclamo independentista en
Catalunya es mayoritariamente una bandera de lucha de la burguesía
nacional catalana. Sin embargo, también es estipulable que la oposición
del gobierno central al proceso de secesión de Catalunya, también es
parte del proyecto burgués e imperialista que sostiene hoy al Estado
español. Así las cosas, no puede aspirarse a cambios promoviendo que las
cosas sigan siendo iguales; de la misma manera que cruzarse de manos en
aras de que las cosas sigan siendo iguales en España, hace ya mucho
tiempo demostró su ineficacia. De lo que se trata es de cómo las fuerzas
de la izquierda política logran arrebatarle el control o incidir de
manera significativa en la dirección del proceso político de la
burguesía nacional catalana; o cómo, dentro de una perspectiva más a
largo plazo, esa misma izquierda catalana se posiciona de manera tal que
logre, dentro de un nuevo Estado nacional, transformaciones de
contenido en lo concerniente al poder político, que supere las actuales
relaciones entre Catalunya y el Estado español.
El presidente
del gobierno español Mariano Rajoy indicó en los días previos al pasado 1
de octubre, quizás como un disuasivo a la decisión de llevar a cabo la
consulta por parte del pueblo catalán, que recurriría al Artículo 155 de
la Constitución vigente. Mediante el mismo, si logra el apoyo de una
mayoría absoluta del Senado, llevaría a cabo un proceso represivo sobre
Catalunya que incluiría su ocupación militar por parte del poder
central. Igualmente estuvo presente en sus indicaciones la disposición
del Gobierno del Partido Popular de dejar sin efecto el actual estatuto
de autonomía de Catalunya. Ambas alternativas constituyen, sin embargo,
jugar con fuego. Lo que Rajoy posiblemente no esperaba antes fue la
decisión resuelta del pueblo catalán de expresarse en las urnas, en este
caso favoreciendo la propuesta independentista. Los mismo podría
suceder en qué espera Rajoy con sus medidas anticipadas, las cuales no
necesariamente serían las que hoy anticipa.
Los próximos días
serán importantes en el desarrollo de los acontecimientos en Catalunya.
Ninguna de las partes ha dicho aún la última palabra.
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