
Por Alejandro Torres Rivera / Presidente CAAPR - El pasado 1ro de mayo el
presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro
Moros, anunció la convocatoria en su país de una nueva Asamblea
Constituyente, ello al amparo de las disposiciones de la Constitución
vigente de 1999 en sus artículos 347, 348 y 349.
El primero de estos artículos nos señala
que la fuente primaria de soberanía la tiene el pueblo venezolano y que
es en éste y no al margen del mismo donde reside el poder constituyente
originario para mediante una autoconvocatoria, escoger quienes podrán
¨transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar
una nueva Constitución.¨ El segundo nos indica en manos de quién reside
el poder de convocatoria a una asamblea constituyente: el presidente de
la República, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o el 15% de
los electores hábiles conforme al registro electoral del país. El
tercero nos indica que el presidente de la República no podrá oponerse a
una nueva Constitución adoptada conforme a lo antes indicado, ni
tampoco los poderes constituidos en el país mediante la Constitución
vigente, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la
Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.
La actual constitución de la República
Bolivariana de Venezuela es producto del proceso de asamblea o
convención constituyente convocado por el fallecido presidente
Comandante Hugo Chávez Frías a raíz de su triunfo electoral en 1998 y
sancionada por el pueblo venezolano mediante el voto en 1999. En aquel
entonces, la Asamblea Constituyente se convocó ante la emergencia
nacional existente y la necesidad de reestructurar el Estado político
venezolano bajo los gobiernos que estuvieron por décadas
intercambiándose como balón en terreno de juego, el poder político.
Nos dice Roberto Ariel Fernández Quiles en su libro Constitucionalismo y la Encerrona Colonial de Puerto Rico (2004) lo siguiente:
¨El poder constituyente se concibe como un poder absoluto, no sujeto a limitaciones, pues es un poder soberano¨.
Por su parte, el profesor puertorriqueño
Joel I. Colón Ríos, ¨Senior Lecturer¨ en la Universidad Victoria en
Wellinton, Nueva Zelanda, y autor del libro Weak Constitucionalism (2014) indica
que ¨[L]a teoría clásica del poder constituyente descansa en la
distinción entre una voluntad previa y superior a la constitución
existente (el poder constituyente) y las formas constitucionales creadas
por el titular del poder constituyente (los poderes constituidos, a los
que anteriormente llamé ´poderes públicos´)¨. Contrario a la noción que
se nos inculca a los efectos de que las mejores constituciones son
aquellas que permanecen a lo largo de siglos con pocas modificaciones,
Colón sostiene que las mejores constituciones son aquellas donde el
poder del pueblo se reserva al pueblo, con las menos cortapisas
posibles, de manera que ese poder soberano, ese poder constituyente, se
reserva permanentemente.
En ocasión del Primero de Mayo, el
presidente Maduro le dijo al país que en el ejercicio de sus
atribuciones constitucionales como Jefe de Estado, convocaba al pueblo
venezolano en su ¨poder constituyente originario para que la clase
obrera y el pueblo en un proceso nacional convoque a una Asamblea
Nacional Constituyente¨. Mediante este paso, se interesa elevar a rango
constitucional las misiones creadas por la Revolución Bolivariana como
Misión Vivienda, que abre paso al acceso ciudadano a la vivienda; Misión
Barrio Nuevo y Misión Tricolor, las cuales han sido cruciales en la
prestación de servicios y cuidados de salud para los sectores más
frágiles de la sociedad venezolana; la Misión Alimentación, que ha
garantizado a la población de menos recursos económicos el acceso a la
alimentación en momentos en que los sectores de la oligarquía esconden
alimentos para provocar una escasez que lleve al caos; ello ante
insinuaciones por parte de la Asamblea Nacional de que se propone
eliminar de cara al futuro tales programa.
Otro de los objetivos que persigue el
presidente venezolano con la convocatoria a la Asamblea Constituyente es
proteger varios derechos, elevándolos a rango constitucional, los
cuales según su juicio aseguren, como indica Katherine Castrillo en su
escrito titulado Venezuela en hora decisiva, publicado en alainet.org el 2 de mayo de 2017,
una protección absoluta a la juventud contra políticas neoliberales y
privatizadoras que garanticen el derecho al trabajo, a la educación, a
la vivienda, a la cultura y a la tecnología.
Maduro ha indicado que su aspiración es
la creación de un ¨Estado Comunal¨, concepto este que aún no ha sido
definido, aunque se inscribe en cómo darle mayor participación y poder a
la clase trabajadora.
La composición de la Asamblea
Constituyente estaría integrada por 500 ciudadanos y ciudadanas, de los
cuales 250 serían provenientes de los organismos de base de la clase
obrera, de las misiones y de los movimientos sociales, mientras la otra
mitad, provendría de candidaturas sometidas al proceso electoral
directo.
La propuesta hecha por el presidente
Maduro ha sido ya rechazada por los grupos de la Oposición. De hecho,
esto a pesar que desde el año 2014 fueron precisamente grupos de
oposición los que reclamaban la convocatoria a una nueva Asamblea
Constituyente. El rechazo a participar del proceso, sin embargo, tendría
como resultado que la composición de la Asamblea sería más favorable a
las fuerzas que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro Moros. De acuerdo
con Camila Vollenweider y Lorena Fernández, en el escrito titulado Venezuela y el eterno retorno conservador: la violencia, publicado en alainet.org el
pasado 26 de abril de 2017, la popularidad del presidente venezolano ha
mejorado en 2017 luego de una pérdida de popularidad durante el año
precedente. Esto ocurre en momentos en que la derecha opositora
venezolana se afinca más en el apoyo por parte de Estados Unidos y los
acercamientos injerencistas contra el país por parte del Secretario
General de la OEA y algunos países de la región.
El escrito documenta 11 pronunciamientos
públicos y cuatro comunicados hechos por el gobierno de Estados Unidos
en contra de Venezuela, así como la campaña hecha por Luis Almagro,
Secretario General de la OEA, efectuada entre el 28 de febrero al 19 de
abril, en el cual se incluyen cuatro sesiones extraordinarias del
organismo, aprobando ilegítimamente resoluciones contra Venezuela sin
que hubiera el consenso de los países integrantes de la OEA, donde se
suma la complicidad de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay a
través de las cancillerías de estos países.
En días pasados el presidente de la
República Bolivariana de Venezuela ha dado instrucciones a su ministra
de Relaciones Exteriores de iniciar el proceso de retiro de su país de
la Organización de Estados Americanos siguiendo el procedimiento
dispuesto en sus reglamentaciones para ejecutar tal salida del organismo
internacional. El proceso ha de durar al menos dos años. La decisión
coloca sobre el tapete no sólo el rechazo a las acciones injerencistas
del Secretario General de la OEA contra el gobierno constitucional de
Venezuela, sino también la pertinencia de este organismo de integración
regional, frente a los avances alcanzados en los pasados años por
instancias superiores se integración como lo es la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC). Se trata en estos dos casos de instancias al margen
del tutelaje de Estados Unidos. Resulta sin embargo contradictorio de
parte de países como Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Honduras,
Paraguay y la República Oriental de Uruguay, por mencionar algunos, que
al presente levanten su voz en contra del gobierno del presidente Maduro
en Venezuela, formulando exigencias que no son sino una intervención de
su parte en asuntos internos de este país, a pesar de haber suscrito
las declaraciones de UNASUR y CELAC en donde se rechaza este tipo de
injerencia extranjera en la solución de los asuntos internos de cada
país.
El gobierno del presidente Nicolás
Maduro Moros ha designado a quien fuera Canciller del país, Elías Jaua,
como presidente de la comisión que tendrá a su cargo la organización del
proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Jaua tiene a su
favor la experiencia de haber sido parte de los ciudadanos que
participaron en el proceso de Asamblea Constituyente convocada por Hugo
Chávez Frías y que como indicamos, trajo como fruto la Constitución de
1999.
Mientras ello ocurre, la derecha
venezolana da muestras de profundas divisiones en su seno. Esa división
en sus filas favorece en estos momentos la convocatoria hecha por el
presidente Maduro para una nueva asamblea constituyente. Luego de cerca
de un mes de continuas protestas y movilizaciones dirigidas a
desestabilizar el país, y luego de 40 muertos en los disturbios
callejeros promovidos por esa oposición, junto a más de 500 heridos y
acciones de carácter terroristas como fue la quema de un hospital de
cuidado infantil y otras propiedades públicas y privadas, esta misma
oposición, tal como ocurrió en el año 2014, languidece por el momento.
La respuesta del gobierno del presidente Maduro convocando al pueblo a
una nueva asamblea constituyente ciertamente le ha roto el esquema a esa
derecha venezolana cambiándole el escenario colocándola a la defensiva.
Existen en Venezuela grandes
dificultades con las cuales la Revolución Bolivariana deberá hacer
ajustes en algunas áreas a la vez que deberá profundizar en otras. No es
la primera vez que el transcurso de los años de Revolución Bolivariana
se ha pretendido incorporar profundos cambios en el contenido de la
Constitución de 1999. En efecto, durante el año 2007, luego de haberse
proclamado socialista la Revolución Bolivariana, el gobierno del
presidente Chávez promovió un conjunto de enmiendas a la Constitución
que finalmente fueron rechazadas en el referéndum convocado con tal
propósito. Alguna de las explicaciones dadas entonces para entender el
fracaso de la aprobación de las enmiendas fue que se sometieron todas en
conjunto a un SÍ o NO a las propuestas, cuando había gente que podía
coincidir con unas y no coincidir con otras, lo que hubiera supuesto un
voto afirmativo o negativo sobre cada una por separado. Tal vez, de
haber sido así el proceso, la Constitución vigente tendría unas
transformaciones mayores que las que trajo la Constitución de 1999. Sin
embargo, dentro de la batalla electoral en torno a aquella consulta, la
gran victoria residió en que aquellos sectores de la oposición tuvieron
que recurrir a defender la Constitución de 1999 ante los cambios
propuestos; cuando esos mismos sectores en 1999 se habían pronunciado en
contra de la nueva Constitución bolivariana, producto del proceso de
Asamblea Constituyente. La derrota de las enmiendas propulsadas por
Chávez en el año 2007 trajeron como resultado echar al zafacón del
olvido el viejo régimen oligárquico que heredó la Revolución Bolivariana
del binomio ADECO-COPEI del pasado.
Hoy la Revolución Bolivariana en
Venezuela asume nuevos retos. La expectativa a la cual apuesta su
gobierno legítimo es que la nueva Asamblea Constituyente, una vez
electos o seleccionados sus integrantes, rinda una nueva propuesta de
Constitución en un plazo no mayor de tres meses la cual sirva de marco
para la refundación del Estado dentro del marco de la profundización de
su proceso revolucionario.
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