La convocatoria a una Asamblea Constituyente en Venezuela

Por Alejandro Torres Rivera / Presidente CAAPR - El pasado 1^ro de mayo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció la convocatoria en su país de una nueva Asamblea Constituyente, ello al amparo de las disposiciones de la Constitución vigente de 1999 en sus artículos 347, 348 y 349.

El primero de estos artículos nos señala que la fuente primaria de soberanía la tiene el pueblo venezolano y que es en éste y no al margen del mismo donde reside el poder constituyente originario para mediante una autoconvocatoria, escoger quienes podrán ¨transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.¨ El segundo nos indica en manos de quién reside el poder de convocatoria a una asamblea constituyente: el presidente de la República, la Asamblea Nacional, los consejos municipales o el 15% de los electores hábiles conforme al registro electoral del país. El tercero nos indica que el presidente de la República no podrá oponerse a una nueva Constitución adoptada conforme a lo antes indicado, ni tampoco los poderes constituidos en el país mediante la Constitución vigente, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral.

La actual constitución de la República Bolivariana de Venezuela es producto del proceso de asamblea o convención constituyente convocado por el fallecido presidente Comandante Hugo Chávez Frías a raíz de su triunfo electoral en 1998 y sancionada por el pueblo venezolano mediante el voto en 1999. En aquel entonces, la Asamblea Constituyente se convocó ante la emergencia nacional existente y la necesidad de reestructurar el Estado político venezolano bajo los gobiernos que estuvieron por décadas intercambiándose como balón en terreno de juego, el poder político.

Nos dice Roberto Ariel Fernández Quiles en su libro Constitucionalismo y la Encerrona Colonial de Puerto Rico (2004) lo siguiente:

¨El poder constituyente se concibe como un poder absoluto, no sujeto a limitaciones, pues es un poder soberano¨.

Por su parte, el profesor puertorriqueño Joel I. Colón Ríos, ¨Senior Lecturer¨ en la Universidad Victoria en Wellinton, Nueva Zelanda, y autor del libro Weak Constitucionalism (2014) indica que ¨[L]a teoría clásica del poder constituyente descansa en la distinción entre una voluntad previa y superior a la constitución existente (el poder constituyente) y las formas constitucionales creadas por el titular del poder constituyente (los poderes constituidos, a los que anteriormente llamé ´poderes públicos´)¨. Contrario a la noción que se nos inculca a los efectos de que las mejores constituciones son aquellas que permanecen a lo largo de siglos con pocas modificaciones, Colón sostiene que las mejores constituciones son aquellas donde el poder del pueblo se reserva al pueblo, con las menos cortapisas posibles, de manera que ese poder soberano, ese poder constituyente, se reserva permanentemente.

En ocasión del Primero de Mayo, el presidente Maduro le dijo al país que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales como Jefe de Estado, convocaba al pueblo venezolano en su ¨poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso nacional convoque a una Asamblea Nacional Constituyente¨. Mediante este paso, se interesa elevar a rango constitucional las misiones creadas por la Revolución Bolivariana como Misión Vivienda, que abre paso al acceso ciudadano a la vivienda; Misión Barrio Nuevo y Misión Tricolor, las cuales han sido cruciales en la prestación de servicios y cuidados de salud para los sectores más frágiles de la sociedad venezolana; la Misión Alimentación, que ha garantizado a la población de menos recursos económicos el acceso a la alimentación en momentos en que los sectores de la oligarquía esconden alimentos para provocar una escasez que lleve al caos; ello ante insinuaciones por parte de la Asamblea Nacional de que se propone eliminar de cara al futuro tales programa.

Otro de los objetivos que persigue el presidente venezolano con la convocatoria a la Asamblea Constituyente es proteger varios derechos, elevándolos a rango constitucional, los cuales según su juicio aseguren, como indica Katherine Castrillo en su escrito titulado Venezuela en hora decisiva, publicado en alainet.org el 2 de mayo de 2017, una protección absoluta a la juventud contra políticas neoliberales y privatizadoras que garanticen el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la cultura y a la tecnología.

Maduro ha indicado que su aspiración es la creación de un ¨Estado Comunal¨, concepto este que aún no ha sido definido, aunque se inscribe en cómo darle mayor participación y poder a la clase trabajadora.

La composición de la Asamblea Constituyente estaría integrada por 500 ciudadanos y ciudadanas, de los cuales 250 serían provenientes de los organismos de base de la clase obrera, de las misiones y de los movimientos sociales, mientras la otra mitad, provendría de candidaturas sometidas al proceso electoral directo.

La propuesta hecha por el presidente Maduro ha sido ya rechazada por los grupos de la Oposición. De hecho, esto a pesar que desde el año 2014 fueron precisamente grupos de oposición los que reclamaban la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente. El rechazo a participar del proceso, sin embargo, tendría como resultado que la composición de la Asamblea sería más favorable a las fuerzas que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro Moros. De acuerdo con Camila Vollenweider y Lorena Fernández, en el escrito titulado Venezuela y el eterno retorno conservador: la violencia, publicado en alainet.org el pasado 26 de abril de 2017, la popularidad del presidente venezolano ha mejorado en 2017 luego de una pérdida de popularidad durante el año precedente. Esto ocurre en momentos en que la derecha opositora venezolana se afinca más en el apoyo por parte de Estados Unidos y los acercamientos injerencistas contra el país por parte del Secretario General de la OEA y algunos países de la región.

El escrito documenta 11 pronunciamientos públicos y cuatro comunicados hechos por el gobierno de Estados Unidos en contra de Venezuela, así como la campaña hecha por Luis Almagro, Secretario General de la OEA, efectuada entre el 28 de febrero al 19 de abril, en el cual se incluyen cuatro sesiones extraordinarias del organismo, aprobando ilegítimamente resoluciones contra Venezuela sin que hubiera el consenso de los países integrantes de la OEA, donde se suma la complicidad de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay a través de las cancillerías de estos países.

En días pasados el presidente de la República Bolivariana de Venezuela ha dado instrucciones a su ministra de Relaciones Exteriores de iniciar el proceso de retiro de su país de la Organización de Estados Americanos siguiendo el procedimiento dispuesto en sus reglamentaciones para ejecutar tal salida del organismo internacional. El proceso ha de durar al menos dos años. La decisión coloca sobre el tapete no sólo el rechazo a las acciones injerencistas del Secretario General de la OEA contra el gobierno constitucional de Venezuela, sino también la pertinencia de este organismo de integración regional, frente a los avances alcanzados en los pasados años por instancias superiores se integración como lo es la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se trata en estos dos casos de instancias al margen del tutelaje de Estados Unidos. Resulta sin embargo contradictorio de parte de países como Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Honduras, Paraguay y la República Oriental de Uruguay, por mencionar algunos, que al presente levanten su voz en contra del gobierno del presidente Maduro en Venezuela, formulando exigencias que no son sino una intervención de su parte en asuntos internos de este país, a pesar de haber suscrito las declaraciones de UNASUR y CELAC en donde se rechaza este tipo de injerencia extranjera en la solución de los asuntos internos de cada país.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros ha designado a quien fuera Canciller del país, Elías Jaua, como presidente de la comisión que tendrá a su cargo la organización del proceso de convocatoria a la Asamblea Constituyente. Jaua tiene a su favor la experiencia de haber sido parte de los ciudadanos que participaron en el proceso de Asamblea Constituyente convocada por Hugo Chávez Frías y que como indicamos, trajo como fruto la Constitución de 1999.

Mientras ello ocurre, la derecha venezolana da muestras de profundas divisiones en su seno. Esa división en sus filas favorece en estos momentos la convocatoria hecha por el presidente Maduro para una nueva asamblea constituyente. Luego de cerca de un mes de continuas protestas y movilizaciones dirigidas a desestabilizar el país, y luego de 40 muertos en los disturbios callejeros promovidos por esa oposición, junto a más de 500 heridos y acciones de carácter terroristas como fue la quema de un hospital de cuidado infantil y otras propiedades públicas y privadas, esta misma oposición, tal como ocurrió en el año 2014, languidece por el momento. La respuesta del gobierno del presidente Maduro convocando al pueblo a una nueva asamblea constituyente ciertamente le ha roto el esquema a esa derecha venezolana cambiándole el escenario colocándola a la defensiva.

Existen en Venezuela grandes dificultades con las cuales la Revolución Bolivariana deberá hacer ajustes en algunas áreas a la vez que deberá profundizar en otras. No es la primera vez que el transcurso de los años de Revolución Bolivariana se ha pretendido incorporar profundos cambios en el contenido de la Constitución de 1999. En efecto, durante el año 2007, luego de haberse proclamado socialista la Revolución Bolivariana, el gobierno del presidente Chávez promovió un conjunto de enmiendas a la Constitución que finalmente fueron rechazadas en el referéndum convocado con tal propósito. Alguna de las explicaciones dadas entonces para entender el fracaso de la aprobación de las enmiendas fue que se sometieron todas en conjunto a un SÍ o NO a las propuestas, cuando había gente que podía coincidir con unas y no coincidir con otras, lo que hubiera supuesto un voto afirmativo o negativo sobre cada una por separado. Tal vez, de haber sido así el proceso, la Constitución vigente tendría unas transformaciones mayores que las que trajo la Constitución de 1999. Sin embargo, dentro de la batalla electoral en torno a aquella consulta, la gran victoria residió en que aquellos sectores de la oposición tuvieron que recurrir a defender la Constitución de 1999 ante los cambios propuestos; cuando esos mismos sectores en 1999 se habían pronunciado en contra de la nueva Constitución bolivariana, producto del proceso de Asamblea Constituyente. La derrota de las enmiendas propulsadas por Chávez en el año 2007 trajeron como resultado echar al zafacón del olvido el viejo régimen oligárquico que heredó la Revolución Bolivariana del binomio ADECO-COPEI del pasado.

Hoy la Revolución Bolivariana en Venezuela asume nuevos retos. La expectativa a la cual apuesta su gobierno legítimo es que la nueva Asamblea Constituyente, una vez electos o seleccionados sus integrantes, rinda una nueva propuesta de Constitución en un plazo no mayor de tres meses la cual sirva de marco para la refundación del Estado dentro del marco de la profundización de su proceso revolucionario.