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Pronunciamiento del Grupo de Trabajo
Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CACSO), en cuanto a la Junta de Supervisión Fiscal y
el atentado contra el derecho a la salud y educación del pueblo de
Puerto Rico.
Puerto Rico (PR) ha estado bajo un
régimen del poder colonial estadounidense desde el año 1898. Las
consecuencias del control geopolítico sumado a la lógica imperante del
sistema económico capitalista financiero impuesto al país, lo llevó a
una de sus peores crisis económicas y sociales de su historia. En gran
medida desconocidas hoy por las sociedades de América Latina y el
Caribe.
Su deuda asciende actualmente a 72 billones de dólares
(aunque de dudosa legalidad). Actualmente, este endeudamiento financiero
especulativo pretende ser atendido a través de promoción de políticas
neoliberales de austeridad (o "austericidio"), con la imposición de
nuevas formas de dependencia y control por parte del gobierno de los
Estados Unidos.
El pasado año 2016, el Congreso de Estados Unidos
aprobó la "Puerto Rico Oversight Management and Economic Stability Act"
conocida como Ley PROMESA. La misma creó una Junta de Supervisión
Fiscal compuesta por 7 miembros nombrados por el gobierno de los Estados
Unidos y un miembro ex oficio nombrado por el gobierno de Puerto Rico.
Las principales figuras de este cuerpo provienen del sector de la banca
financiera internacional norteamericana. Pese a que su misión profesa el
trabajar con el pueblo y gobierno de Puerto Rico para crear las bases
de un crecimiento económico sostenible, sus acciones llevadas a cabo en
su primer año de implementación demuestran que su propósito es
garantizar el pago a los acreedores a costa de la destrucción de los
derechos humanos del pueblo puertorriqueño, primordialmente atacando el
derecho a la salud y a la educación.
Esta Junta, electa sin
ninguna participación democrática, tiene poderes cuasi absolutos sobre
la sociedad de Puerto Rico para imposición de medidas de precarización
económica con impactos sociales, sanitarias, culturales y políticos
evidentes buscando cumplir sus propósitos a cualquier costo y sin
posibilidad alguna de revisión judicial. Es decir, se encuentra alterado
el Estado Social de Derecho y los principios esenciales de democracia y
participación.
Según datos del Departamento del Trabajo
de Puerto Rico existe una tasa de desempleo del 12%. Por otro lado, la
tasa de participación laboral entre personas mayores de 16 años es de
40%. En el periodo 2009-2013, el 56% de los niños/as y el 45.1% de la
población total vivían bajo el nivel de pobreza. Además, un 8% de la
población es analfabeta en el país, y se contempla el cierre de más 300
escuelas en el próximo año escolar como parte del plan de ajuste
económico.
Dentro de sus medidas impuestas y certificadas en el
plan fiscal de la actual administración gubernamental de Puerto Rico,
está el recorte de casi $1,000 millones de dólares al sistema de salud
en los próximos 3 años. Al momento es completamente incierta la
aportación que Puerto Rico continuaría recibiendo bajo la Ley Federal
ACA, con la amenaza de perder a fines del 2017 la cantidad de 1,600
millones adicionales. El impacto de esta reducción en fondos resultaría
una crisis sanitaria en la isla. Esto implica que sumado a la ya
financierización y mercantilización a través de los seguros de salud en
Puerto Rico, se eliminen aún las pocas capacidades públicas de un
sistema de salud cada vez más ineficiente, ineficaz e inequitativo. El
país viene de epidemias de Chikungunya, Dengue y Zika, la persistencia
de las Infecciones de transmisión Sexual(ITS), como prevalencias altas
de cáncer, condiciones cardiovasculares, malnutrición, obesidad, entre
otras. Además, Puerto Rico posee una de las tasas más altas de cesáreas a
nivel mundial.
El Informe de Salud de 2015 del Departamento de
Salud se estima un gasto de $ 3,065 USD per cápita. Este estimado es muy
probablemente inferior al gasto real, ya que no incluyó gastos de
bolsillo como deducibles, co-pagos, y medicamentos o servicios no
cubiertos por las aseguradoras públicas o privadas. Un indicador que
demuestra lo exorbitante de los negociados en salud: los gastos de
consumo personal más altos para los puertorriqueños/as fueron en salud
(comparado a gastos en vivienda, transportación y alimentos, entre
otros). Estos constituyeron el 20% del total de gastos personales en
Puerto Rico en el año 2015. Aunque el gasto per capita en salud en PR se
acerca al promedio de los países más ricos del mundo, no ofrece acceso
universal y casi un 10% de la población no cuenta con ninguna cobertura
sanitaria. Los indicadores que logran dichos países y otros con gastos
per cápita muchísimo menores como Cuba, no son alcanzados en PR. Por su
condición colonial, a Puerto Rico se le impone la utilización del
sistema sanitario más costoso e ineficiente del mundo, el de los EE.UU.,
resultando en más endeudamiento, inequidad y pobres resultados en salud
ya descritos.
En resumen, en materia de salud colectiva, los
recortes requeridos por la Junta de Supervisión Fiscal y certificado por
el gobierno de Puerto Rico, agudizaran aún más la crisis de un sistema
que lleva años de mercantilización del derecho a la salud y que ahora
con este nuevo ataque provocará el colapso del mal llamado "sistema"
sanitario con una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en la
historia del país.
El otro recorte descomunal justamente de $450
millones de dólares es a la Universidad de Puerto Rico, única
institución pública de educación superior del país y espacio de
pensamiento crítico y de profunda solidaridad latinoamericana y
caribeña. Actualmente, el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico
decretó una huelga sistémica indefinida solicitando: a) la auditoria
inmediata de la deuda pública. b) no recortes del sistema de educación
superior pública, y c) una reforma universitaria.
El Grupo de
Trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria del Consejo
Latinoamericano de las Ciencias Sociales(CLACSO), así como las
instituciones abajo firmantes planteamos:
1- Condenamos las
políticas de austeridad impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal y
reclamamos al Gobierno de los Estados Unidos el respeto a la democracia y
los derechos humanos del pueblo hermano puertorriqueño, especialmente
en la garantía de una vida saludable como son el derecho a la salud y a
la educación, incluyendo la educación universitaria.
2-
Solicitamos la derogación de la Ley PROMESA. Justamente para lograr
"soberanía sanitaria" es necesario tener soberanía política de los
pueblos en el ejercicio de la democracia. La descolonización y
autodeterminación del pueblo de Puerto Rico es un principio esencial.
3-
Reconocemos que la imposición de estas medidas de austeridad en el
actual contexto mundial y regional, menoscaban los derechos universales a
la salud y a la educación, elementos fundantes que inciden en el
proyecto de sociedad que se aspira construir para las futuras
generaciones.
4- Promovemos que actores claves del pensamiento y
acción política emancipatoria de toda América Latina y el Caribe tanto
instituciones académicas, movimientos sociales, actores populares como
Gobiernos sean activos en su solidaridad internacional con Puerto Rico y
su pueblo. Así acompañar al pueblo puertoriqueño en su lucha y
resistencia.
Enviar adhesiones y firmas institucionales a gtsaludinternacionalclacso@gmail.com -
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