4 mar. 2016

Una Junta a la medida para los bonistas

22marzo

Escrito por Cándida Cotto / Claridad      

"¿Es posible encontrar en Puerto Rico cinco personas “relevantes, sin conflictos de intereses políticos, que puedan integrar una junta de control fiscal?"



Así describió el tercero en mando en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (DTF), Antonio Weis, que deben ser los integrantes de la junta de control fiscal que el Congreso de Estados Unidos se apresta a imponer al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA).

En el fondo, la condición de “sin conflictos de intereses” se refiere a personas de confianza que respondan a los intereses de los bonistas lo que, a fin de cuentas, será un desastre para Puerto Rico. Así lo expresó a Claridad en entrevista la profesora de economía Martha Quiñones Domínguez.

“Gente que sea como ellos, que son los que nos han llevado al desastre, como Fortuño y otros, gente de confianza de los bonitas. Así que serán de confianza para ellos, pero un desastre para Puerto Rico. La decisión de los que serán los integrantes la toman los políticos de allá entre la élite de poder económica”.

Para la profesora de economía del Recinto de Arecibo de la Universidad de Puerto Rico, (UPRA), la imposición de una junta de control fiscal es un mensaje del Congreso de EE UU de “que no sabemos manejar nuestro País y las finanzas, y que nuestras acciones se matizan con la corrupción y politiquería y no sabemos tener control. Por eso mencionan una supervisión fuerte. Es para enderezar y que no tiemble el pulso ante las decisiones que van a realizar”. Acotó que las determinaciones de esa junta siempre van a ir en función de apoyar al bonista con la justificación de lograr crecimiento económico y poder pagar.

“La Junta tiene que ser fuerte para no desviarse de sus funciones, que están claramente definidas, renegociar y pagar la deuda. Si son asesores saben que no tendrán el poder de enderezar”.

Quiñones Domínguez no dudó en expresar y señalar que las funciones de la JCF serán las que sean necesarias para enderezar las finanzas del país y dirigirlo a que su economía crezca. No obstante, advirtió que este crecimiento será en función de que la Isla pueda continuar siendo el lugar donde el capital extranjero envíe su sobreproducción, donde le compran los bienes y servicios que producen.

Aun cuando Quiñones Domínguez indicó que las reformas dependerán de lo que encuentren al estudiar el problema económico, el Congreso y el Tesoro saben que con una junta que asesore al gobierno de Puerto Rico no se resuelve el problema “porque es difícil que se dé a respetar por el Gobierno”.

Coincidió en que es cuestionable la alegada postura del Congreso de crear una junta de control fiscal en “armonía con la autonomía del ELA”.

“En ningún lugar dice cómo van a respetar el gobierno de Puerto Rico pues sería académico, sólo haría falta el Gobernador. Pero han planteado que los nombrados sean puertorriqueños, como si eso resolviera el problema”, censuró Quiñones Domínguez.

Consistente con su posición de que es necesario auditar la deuda del país, la también Presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Planificación (APP) denunció que es peligroso que se agrupe todas las deudas del país en una sola, sin auditorías, sin estudiarlas y no se tome en cuenta que alguna de esas deudas son ilegales.

Reiteró que la determinación de imponer una JCF evidencia que: “Hay una preocupación con la colonia y sus administradores de que se las ido de la mano, y coloca a Estados Unidos en una situación de permitir la mala administración y de tener que desmentir la falsa del ELA. Además, creó la falsa esperanza de que siempre los van a rescatar y nunca los iban a cuestionar, lo que favoreció la corrupción y el mal uso de los fondos, sin evaluar su efectividad. Ahora pretenden que todo sea medible y que se obtengan los objetivos que se pretenden con el dinero que se invierte”.

Aun cuando las reformas no se han mencionado, al cuestionamiento de cuáles podrían ser éstas Quiñones Domínguez indicó que se menciona reestructurar y pagar deuda, para lo cual habría que desviar el uso de fondos para ese fin. También se habla de balancear entre ofrecer servicios, pagar pensiones y lograr crecimiento, dijo.

Respecto a la medida de asegurar las pensiones, observó que aunque el objetivo es asegurar que esa población mayoritaria tenga con qué comprar bienes y servicios y muevan la economía, ello puede tener el efecto, por otra parte, de reducir o achicar el gobierno en función de tener más dinero para pagar. Censuró que la motivación sea evitar tener que darle los subsidios económicos sociales que se dan en EE UU a esta población y que las empresas de Estados Unidos se sigan beneficiando de tener un mercado cautivo, ya que muchas de las ventas que se generan en la Isla son por parte de los pensionados.

“Con las vistas se ha demostrado lo que siempre hemos sido, una colonia y que ellos mandan sobre la Isla; que nunca hubo autonomía pues todo lo decide EE UU, con el problema de que tienen administradores corruptos. Ellos nunca hablan de corrupción, sólo cuestionan la mala administración. Hablar de corrupción es admitir parte del problema, es curar el cáncer. El reclamo de los bonitas es que le paguen.”, manifestó sobre las verdaderas motivaciones para imponer una JCF.

Según Quiñones Domínguez, hay que comenzar a hablar de que Puerto Rico fue un experimento del capitalismo expansivo de Estados Unidos, que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, donde se definió los parámetros y las acciones que se iban a realizar para el nuevo modelo neocolonialista del mundo por medio de la economía y los patrones de consumo. Que se hizo un diagnóstico en Puerto Rico de que la economía era una disfuncional e ineficiente, como justificación para atraer empresas extranjeras y destruir la industrialización por substitución y la intervención del gobierno como gestor económico.

“El nuevo plan hegemónico de la economía y política de EE UU debía ser a Puerto Rico como algo que no era colonia para que pareciera bonito, bueno y agradable para el resto del mundo, algo que se pudiera replicar. Ese proyecto luego fue completado con lo que llamaron el Consenso de Washington, que diagnosticó lo mismo para América Latina. Todo ese proyecto no funcionaba a perfección y hubo que alimentarlo con fondos federales como inyección económica”.

Toda esa inyección económica –aclaró- no fue auditada y evaluada para ver si era efectiva. Ahora, con la crisis fiscal, económica, social y política por la falta de gobernanza, falta de transparencia y corrupción, que se ha caído el proyecto y ha demostrado que es un fracaso.

Quiñones Domínguez apuntó que, por otro lado, para activar la economía y generar los empleos que se necesitan se habla de reingeniería de los puestos de trabajo, pero hay que reconocer que se está en una etapa del capitalismo donde se destruye la creación de empleos cada vez que se mejora el capital.

En ese sentido, describió que el capital tecnológico destruye cada día más puestos de trabajo, por eso hay que redefinir las horas y los salarios, y buscar crear más empleos. Explicó que cada vez que se mecanizan las tareas de un servicio, se destruyen empleos.

“Por ejemplo, el colocar en línea los procesos del gobierno, como sacar la licencia de conducir, para nosotros parece muy bueno pues es más cómodo. Pero cuando vemos los efectos, encontramos que se eliminan todos los negocios alrededor de la oficina de las Colecturías, los médicos, abogados y vendedores de los sellos. Así que la reingeniería de los puestos de trabajo hay que tomarlo con pinzas pues el efecto es que puede destruir más puestos de trabajo. Siempre ha sido un problema del capitalismo, cada máquina destruye empleos”.

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