14 mar. 2016

Junta de Control Fiscal: desprecio y venganza


Escrito por José E. Rivera Santana / MINH     

En el Congreso y en el Ejecutivo estadounidense, se ha fraguado un consenso para imponer una Junta de Control Fiscal a Puerto Rico. Ya existen dos propuestas radicadas hace meses en Cámara y Senado, otra del Departamento del Tesoro -que no ha sido radicada ni publicada y de la que solo se saben rumores- y, una tercera que, según anunciado por el presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, debe someterse durante este mes de marzo mediante un nuevo proyecto del Comité de Recursos Naturales. Si madura como pinta, habrá Junta de Control Fiscal para Puerto Rico, antes que finalice el presente año fiscal.



A partir de las discusiones acaecidas en las vistas públicas celebradas por los comités y subcomisiones de ambos cuerpos legislativos del Congreso, se puede tener una idea clara de lo que serán los asuntos principales que conformarán la Junta que finalmente se apruebe con la anuencia del Ejecutivo. Primero, será una Junta “fuerte”, tal como lo expresó Antonio Weiss en su comparecencia el 25 de febrero a nombre del Secretario del Tesoro.  Lo que quiere decir, que se le cierra el camino a la ilusión de los líderes legislativos de Puerta de Tierra y del gobernador Alejandro García Padilla, de evitar que la Junta, en lugar de “control”, sea de “supervisión”.  Ese cambio no está en el radar, ni de los republicanos en el Congreso, ni del Ejecutivo, por lo que todo tiende a indicar que la ilusión se quedará en un puro pataleo. Será una Junta fuerte con poderes para aprobar el presupuesto y los planes fiscales del Gobierno de Puerto Rico.

En esencia, las declaraciones de Weiss revelan que, además de existir un entendimiento con los republicanos del Congreso para imponer la Junta de Control Fiscal, muchos de los asuntos señalados por él ya forman parte del proyecto 2381 sometido en el Senado por Orrin Hatch. Es decir, el Tesoro endosó el proyecto de Hatch. Conviene destacar que, en comparación con el proyecto de Sean Duffy en la Cámara, el de Hatch resulta ser más extenso y con mayores detalles sobre cómo debe ser la operación y alcance de la Junta (cuyo nombre en el proyecto es "Autoridad para la Responsabilidad Financiera y Asistencia Gerencial").

Se puede trazar un hilo conductor que le da forma a los eventos ocurridos en los pasados seis meses. No hay cabos sueltos entre la posición expresada por el Departamento de Justicia Federal en el caso de Pueblo v Sánchez, el proyecto de la Cámara 4199, de Sean Duffy, el del Senado 2381, de Orrin Hatch y la comparecencia de Antonio Weiss.  Tal es la simetría política en las dos ramas del gobierno estadounidense en torno a Puerto Rico que, en efecto, en el proyecto de Duffy se reconoce la facultad para crear la Junta a partir de la Cláusula Territorial: así de claro y estrujao reza la Sección 101 del proyecto. Y Weiss se expresó en términos similares. Por tanto, no hay razón para dudar que el interés del Ejecutivo y del Congreso es tomar control directo del presupuesto y de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico e, incluso, de aquellas corporaciones públicas que la Junta así lo determine, como se expresa en la Sección 323 del proyecto del Senado. ¡Hasta a ese nivel se le conceden poderes a la Junta!

En ambos proyectos, los miembros y presidente de la Junta serán nombrados por el Presidente de Estados Unidos y el tiempo de su funcionamiento se puede extender más allá de tres años, si las metas y propósitos no se han cumplido. Y para que no quepa duda de quién tiene el poder, los dos proyectos establecen que ni el Gobierno del mal llamado Estado Libre Asociado, ni su legislatura podrán ejercer control alguno, supervisión o vigilancia sobre la Junta y sus actividades, ni aprobar legislación que pueda interferir con las funciones de esta. Incluso, la Junta, de considerarlo necesario, podrá intervenir el Banco Gubernamental de Fomento mediante la creación de otra oficina.

Claramente, la Junta será la autoridad y fuente decisional de la administración gubernamental en Puerto Rico. No hay duda en tal sentido. Es algo muy sencillo, quien decide el presupuesto y el plan fiscal del gobierno es quien tiene el mazo, “la sartén por el mango y el mango también”.

Así las cosas, el dominio colonial queda al desnudo, sin camuflaje ni maquillaje. La consideración misma de imponer una Junta de Control Fiscal es prueba clara de la más burda y absoluta subordinación política. Pero, además, es un ejercicio despótico y de humillación. Puerto Rico está sometido a la dictadura del Congreso, sin ningún disimulo.

Ahora la actuación de Washington devela dos elementos en su comportamiento: desprecio y venganza. Lo primero, se evidencia por la falta de medidas de apoyo económico o de legislación que favorezca la reorganización de una economía en recesión hace casi diez años. No hay garantía de que se pueda extender, nuevamente, la aplicación del Capítulo 9 para que las corporaciones públicas se puedan acoger a la quiebra. Ni siquiera en el tema de la salud han dado muestra de alguna generosidad. Y los republicanos han sido consistentes en que no puede haber rescate económico ni erogación adicional de fondos federales. No, ese tratamiento que sí han ofrecido a ciudades, estados y a países con problemas económicos, a Puerto Rico se lo niegan a pesar de las súplicas y ruegos de los políticos subordinados que han vivido de adularlos. Entonces, la venganza es la posible explicación. Todos los imperios se han caracterizado por castigar a quienes no se les doblegan, a quienes los confrontan. Roma no perdonó a Cartago, ni Francia perdonó a Haití, como Estados Unidos no ha perdonado a la Revolución Cubana. La apertura reciente a Cuba, resultado de la verticalidad y voluntad indomable de su pueblo y sus dirigentes, no ha eliminado la sed de odio y venganza. Por eso, difiero de quienes creen que existe un plan en Washington para timonear y “soltar” a Puerto Rico. Insisto que los imperios no “sueltan” sus colonias. El interés de Washington es mantener el territorio.

¿Por qué la venganza contra nosotros? Lo que ocurre es que el gobierno yanqui no nos perdona que los hayamos obligado abandonar Vieques. Su conducta de total desprecio y hasta de morbosidad es insistente, punzante, venenosa. Sus actuaciones son claras y seguiditas. Por ejemplo, previo a la discusión de la Junta de Control Fiscal, los viequenses vienen sufriendo el total incumplimiento de la marina de guerra de Estados Unidos con la limpieza y la descontaminación de la Isla Nena. Allí, está ocurriendo un segundo intento vil de continuar bombardeando, llenando de veneno a esa Isla con las detonaciones a campo abierto y la quema de vegetación, entre otras acciones. Todo ello, con la anuencia de la Agencia de Protección Ambiental gringa (EPA) y la inacción de las agencias del gobierno de Puerto Rico. No es un problema presupuestario, ni de falta de tecnología o de conocimiento científico. Eso le sobra a la armada estadounidense. Es pura venganza. Disfrutan que los viequenses se siguen enfermando y muriendo como resultado de los tóxicos y la contaminación militar.

La Junta de Control Fiscal es el próximo capítulo de la venganza. Solo basta escuchar y leer en contexto la discusión que la ha precedido, la forma y  el contenido de las expresiones de congresistas y funcionarios gubernamentales y de los candidatos a presidente de la metrópoli.

En este escenario, creo que la imposición de  la Junta Federal de Control Fiscal obliga a replantearse el significado, si alguno, de las elecciones de noviembre de este año.  Estas, solo tendrían sentido si se convierten en un mecanismo para elegir a aquellos que se dispongan a defender a nuestro país frente al desprecio, la venganza y los atropellos del gobierno estadounidense. Tendrían sentido si se eligen a personas que no les tiemblen las rodillas, con entereza y profundo compromiso patriótico y que exijan la descolonización de Puerto Rico y el reconocimiento del ejercicio pleno a nuestra autodeterminación. De lo contrario, las elecciones serán un ejercicio fútil e intrascendente.

El problema y el conflicto principal que tenemos es la falta de poder político. Y la historia es clara. Durante los 117 años de intervención colonial, al gobierno de Estados Unidos lo que siempre le ha interesado es el territorio, en eso no ha cedido. En ese sentido, huelga recordar la siguiente cita de José Trías Monge:

"Ocurrió así que, además del Congreso, hasta los departamentos ejecutivos del gobierno de Estados Unidos pronto perdieron todo recuerdo de lo que tan solemnemente se había proclamado en las Naciones Unidas. Se comportaron como si no existiera convenio de clase alguna y como si Puerto Rico siguiera siendo un territorio y posesión de Estados Unidos, completamente sometido a su voluntad soberana."1


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1 José Trías Monge, Las penas de la colonia más antigua del mundo. Editorial de la Universidad de Puerto Rico, página 158.

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