15 dic. 2015

Debemos ser intolerantes con la corrupción

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Escrito por Noel Colón Martínez / MINH      

Resulta muy difícil retraerse y evitar hacer un análisis de los eventos que la pasada semana marcaron la vida de todos los puertorriqueños. Mi optimismo me lleva a pensar que la mayoría de este pueblo sintió honda preocupación y vergüenza ajena ante los resultados de las investigaciones que el imperio realizó y que tocaron tan de cerca al Gobernador, al Presidente de la Cámara de Representantes y la persona que dirige la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, para tomar sólo tres ejemplos.

Los federales habían estado preparándonos desde mucho antes sobre un pequeño terremoto que se acercaba. Las filtraciones a los medios de comunicación eran abundantes pero el presunto generador de todo el escándalo se mantenía al margen, estratégicamente aislado como parte de un diseño, una estrategia de shock. Nos mostraron la mansión de Aguadilla, nos anticiparon las reuniones, la cercanía del Gobernador con el supuesto delincuente, los viajes por Europa, las visitas recíprocas de los hijos a y desde Fortaleza, el problema de los teléfonos que no funcionan en el Capitolio, el pago por servicios que no se prestan, las influencias mal habidas para nombrar y para cesantear gente, y un sinnúmero de datos y elementos que iban creando una opinión.

Todo lo anterior se añade a la información pública sobre la enorme cantidad de dinero que ha levantado el Gobernador en su aspiración para lograr un nuevo término no empece a que toda encuesta que se realiza en Puerto Rico lo coloca repudiado por el electorado. Ese electorado lo eligió gobernador en el 2012 con una ventaja exigua sobre otro gobernador completamente desacreditado y fracasado. De modo que las reservas de Alejandro García Padilla para recomponerse si las encuestas lo desfavorecen resultan ser minúsculas. Pero esas encuestas que eran tan desfavorables antes, ahora resultarán ser insólitas. Él, sin embargo, parece ignorar sus actuales circunstancias y permanece aparentando que va a seguir los consejos de unos pocos miembros de la curia del Partido Popular Democrático (PPD), con el propósito o el resultado de trabar las aspiraciones de otros líderes de ese partido.

Pedro Rosselló González le causó una gran vergüenza a Puerto Rico cuando permitió que un Secretario de Educación montara una ATH en la propia oficina del funcionario, se convirtiera en el gran recaudador del Partido Nuevo Progresista (PNP), financiara proyectos grandiosos de reformas políticas en Washington con las manos llenas de dinero ilegalmente obtenido y finalmente aprovechara la oportunidad para llenar sus bolsillos de millones de dólares. Moraleja: el financiamiento privado de los partidos los corrompe.

Luis Fortuño empezó hablándonos de cien amigos millonarios que le darían la mano pero dilapidó billones de dólares en contratos para sus amigos. Salió millonario de la gobernación y el gobernador que lo derrotó en las urnas, poco tiempo después de tomar posesión, decidió que había que pasar la página, que es como renunciar a cumplir la obligación ministerial de proteger el uso de los fondos públicos y hacerse de la vista larga ante la pérdida de recursos que no le pertenecen. Las cantidades que recibió el PNP y el propio Fortuño para sus campañas políticas hicieron pensar a todo el mundo, incluyendo los encuestadores de El Nuevo Día, que la victoria del PNP en 2012 era segura. A Fortuño nadie le pidió explicaciones y él jamás sintió la necesidad de ofrecerlas.

Alejandro García Padilla no entiende, a mi juicio, el proceso por el cual él está atravesando. La experiencia acumulada por nuestro electorado, luego de las experiencias con Rosselló y Fortuño, ha agudizado la sensibilidad ante los repetidos actos de corrupción pública y se ha endurecido el juicio sobre los mismos. Los señalamientos más directos y perjudiciales que se han hecho contra García Padilla se relacionan con sus esfuerzos por levantar grandes sumas de dinero para sus campañas a la vez que se facilitan contratos y beneficios a los donantes. A principios de este año el traslado de las oficinas del Cesco en Carolina favoreciendo a un recaudador del PPD creó gran preocupación por temores bien fundados sobre los problemas del inversionismo político. En ese caso se trata de un contrato millonario con claros matices de prebenda política.

El caso que ha suscitado enorme sorpresa es el de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados porque la intervención de Anaudi Hernández Pérez, según el pliego acusatorio, no sólo logró que se nombraran a posiciones del más alto relieve a dos personas que luego habrían de facilitar la intervención del recaudador en las operaciones de la instrumentalidad, sino hasta el punto de recomendar despidos por razones políticas. Aunque me disgusta la comparación, ¿qué habría ocurrido al Presidente de esa agencia si se tratara de una empresa privada? Estoy convencido de que hubiera sido despedido inmediatamente. ¿Por qué no ha sido despedido? Las inferencias naturales son terriblemente dañinas para el Gobernador.

El Gobernador de Puerto Rico tiene que dar a su partido las explicaciones que las circunstancias demandan, pero además, debe dar explicaciones amplias y detalladas al Pueblo de Puerto Rico que en este momento creo que se siente indignado con su silencio. Pienso que si no ofrece explicaciones amplias, claras y convincentes, la opinión pública debe pedir su renuncia. Igualmente creo que el Presidente de la Cámara de Representantes tiene que ofrecer una explicación transparente sobre lo que se percibe como una conducta de muy dudosa moralidad y legalidad para favorecer un recaudador de fondos. De no ofrecer una explicación veraz y constatable, creo que la solución es el retiro de sus funciones y el reclamo debe hacerlo la opinión pública.

Dicen correctamente que dos y dos son cuatro aunque lo diga un loco. Es una desgracia que un tribunal extranjero, de un poder que nos controla por razones de fuerza, sea el que dicte en este momento los cursos a seguir. A nosotros nos corresponde ponerle límites a conductas que son reprochables en todo lugar. Permitir que continúen prácticas corruptas porque aborrezcamos a aquellos que las descubran es un sinsentido. Este País necesita los pocos recursos que produce y obtiene en la atención de necesidades urgentes para medio país hambreado. Apropiarse o mal utilizar fondos o recursos necesarios es privar a mucha gente del disfrute de derechos humanos esenciales. Esos son los elementos que inciden en la práctica de pagar a los bonistas pero no pagar el bono de Navidad a los trabajadores del gobierno. Aquí se ha robado mucho y es hora de ser más rigurosos con los que por maldad o incompetencia esquilman al pueblo. Un corrupto Popular o un corrupto PNP no dañan a sus partidos solamente, dañan y perjudican a todo el País. Los partidos no parecen ser los instrumentos de cambio porque ellos han construido unas estructuras diseñadas para ser penetradas por los corruptos. Y están diseñadas, además, para la impunidad de los corruptos. Sólo la sociedad civil, los medios de comunicación y una opinión pública bien informada, pueden atenuar de manera importante este problema.

Debemos forzar la salida de los corruptos del sistema.
 

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