26 may. 2015

La crisis actual en nuestro Sistema de Salud

Por Víctor M. Ramos Otero, MD MBA*/Especial para CLARIDAD

Desde hace años hemos estado advirtiendo que el sistema de salud de Puerto Rico está en crisis y que debían tomarse pasos preventivos y remediativos a tiempo. ¡Hace años!

A falta de esos pasos, hoy la crisis toca a cada proveedor y no sólo a todos los pacientes del Plan de Salud del Gobierno y de Medicare, sino a muchos pacientes privados también.

El año pasado solamente, Puerto Rico perdió 361 médicos, 3.6 por ciento (%) del total, que se mudaron fuera de la Isla. Eso quiere decir que cada día será más difícil ser atendido por ciertos especialistas, tales como neurocirujanos pediátricos, de los cuales sólo nos quedan dos. Todos los pacientes, no importa quien emite o paga su seguro de salud, ya sienten la escasez de ortopedas, obstetras y todas las especialidades. Las únicas que cumplen el número de pacientes sugeridos por las academias son oftalmología y psiquiatría.

Irrespectivamente de la filosofía que cada cual pueda tener, bajo el sistema de gobierno que vivimos, sufrimos una crisis que no admite más tardanza en resolverse y que no admite pérdida alguna de tiempo en discusiones y debates.

Como parte de la discusión activa que llevamos a cabo desde el Colegio de Médicos-Cirujanos, hemos querido ser parte de la solución a los problemas del sistema de salud.

A bien corto plazo, ASES necesita una línea de crédito que le permita hacer sus pagos a tiempo. A mediano plazo, ASES tiene que eliminar el sistema de "capitation" y establecer el sistema de "fee for service", que el gobierno federal permite y que durante un proyecto piloto bajo la gobernadora Sila Calderón resultó ser más costo-efectivo y generó índices más saludables.

A largo plazo debe estudiarse, como lo propone el Proyecto de la Cámara 1185, la viabilidad de establecer un sistema de pagador único para ampliar los servicios de salud a un costo menor. Para evitar nuevamente los estragos económicos que vivimos hoy día con la reforma de salud, un cambio radical como el de un sistema de pagador único debe ser ampliamente estudiado antes de su implementación, para no caer en otro círculo vicioso, pues la situación en Puerto Rico no tiene elasticidad para otra improvisación más.

Ante la realidad antes descrita y con miras a comenzar a defender los derechos que nos corresponden, los proveedores de salud nos reunimos en asamblea el pasado 29 de abril y establecimos lo siguiente mediante resolución:

DECLARACIÓN CONJUNTA DE ORGANIZACIONES RELACIONADAS CON LA SALUD EN PUERTO RICO

El Colegio de Médicos-Cirujanos de Puerto Rico, Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, Asociación de Quiroprácticos de Puerto Rico, Asociación de Farmacias de la Comunidad, Asociación de Laboratorios Clínicos, Cooperativa de Dueños de Laboratorios, Sociedad de Médicos Podiatras de Puerto Rico, Ob-Gyn Coop, Alianza de Salud para el Pueblo, Cardio Coop, entre otras, nos hemos unido en un momento en que la salud del pueblo de Puerto Rico se enfrenta a una conjunción de retos que representan una amenaza, presente y creciente, a la capacidad del paciente para procurar y recibir los servicios médicos necesarios para su calidad de vida y misma supervivencia.

Esa conjunción de retos incluye situaciones que están bajo el control directo del gobierno de Puerto Rico y otras que dependen de decisiones que toma el gobierno federal en el cual la influencia de Puerto Rico es menor que la de las demás jurisdicciones que compiten con nosotros por los mismos fondos.

Durante los pasados años, tanto el gobierno de Puerto Rico como el gobierno de los Estados Unidos, a fin de limitar los recursos que invierten en proveer servicios de salud a los residentes de Puerto Rico, han impuesto mecanismos de racionamiento que atentan contra la salud de nuestros pacientes, quienes son nuestra razón de ser.

Por ejemplo, ya en estos momentos los pacientes están siendo perjudicados en su despacho de medicamentos, en conseguir referidos para citas, en cirugías electivas y especialistas, en sus laboratorios de la comunidad y otros servicios tales como la repartición de métodos anticonceptivos y las vacunas para prevenir el rechazo de bebés en los segundos embarazos, en estudios especializados, servicios dentales, servicios quiroprácticos, servicios podiatras, se está limitando el acceso y libre selección de los pacientes, entre otros.

Los mecanismos de racionamiento de servicios médicos impuestos tanto por el gobierno federal y la Administración de Servicios de Salud, como por las aseguradoras, mecanismos que no se imponen en otras jurisdicciones de los Estados Unidos bajo iguales condiciones, están provocando la salida de cientos de proveedores, de todas las ramas de la salud, todos los años, limitando el acceso de los pacientes a esos profesionales. Es patentemente injusto que a diferencia de cualquier otro profesional, a los proveedores de servicios de salud se les obligue a trabajar bajo condiciones establecidas en contratos de adhesión en favor de las aseguradoras, los que no permiten al proveedor negociar condiciones justas de trabajo, ni cláusulas esenciales como lo relacionado a la necesidad médica del paciente. Esta atropellada transición es la evidencia más clara de que, en el caso que ha radicado el Colegio de Médicos, al que se han unido la Academia de Medicina de Familia, la Academia de Medicina General, la Asociación de Hematología y Oncología de Puerto Rico, la Asociación de Laboratorios Clínicos, la Asociación de Quiroprácticos de Puerto Rico, la Pain Management Academy of Puerto Rico, el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico y la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, contra la Oficina del Comisionado de Seguros, el Tribunal debe derogar secciones del Reglamento 91 que obstaculizó la implementación de la Ley 203 de 2008 de negociación colectiva.

En el debate público en torno a la propuesta reforma contributiva, se incluyeron a los médicos como ejemplo de los profesionales que evaden contribuciones. Los profesionales de la salud no somos evasores ni gente inescrupulosa. Aceptamos trabajar en Puerto Rico por tarifas que son al menos una tercera parte de lo que podríamos estar ganando en Estados Unidos. Lo menos que nos merecemos es el pago a tiempo de nuestros servicios. Esto, además de nuestra vocación, es nuestro trabajo con el cual nos ganamos honradamente el sustento de nuestras familias y es injusto que se ponga en riesgo la salud económica de los proveedores de servicio. Ha sido el mismo gobierno a través de ASES quien incumple la Ley de Pago Puntual llevando a los proveedores a incumplir a su vez sus compromisos económicos.

El Artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico establece lo siguiente:

Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Por más de 20 años desde que se creó el Plan de Salud del Gobierno, crecientemente hemos subsidiado de nuestros propios recursos este plan para que nuestros pacientes más pobres no se queden sin servicio. Sin embargo, dado el dramático recorte en los fondos en los planes Medicare y en los planes comerciales, se hace casi imposible seguir subvencionando el Plan de Salud del Gobierno.

La actuación del gobierno de Puerto Rico en nada beneficia al paciente, ya que está dejando de asignar los fondos estatales necesarios para la operación del Plan de Salud del Gobierno, sustrayendo y consumiendo aceleradamente la asignación fija de fondos otorgados por el Affordable Care Act (ACA), o ley del Obamacare, a tal punto que dicha asignación, que debe cubrir la aportación federal del PSG hasta el 2019, podría agotarse en el 2018 o, peor aún en el 2017 y ahora, además, pretenden saquear la Corporación del Fondo del Seguro del Estado afectando a más proveedores.

Las organizaciones de salud suscribientes, reunidas en Asamblea General, han tomado la determinación unánime de advertir a la Administración de Seguros de Salud (ASES) que:

1- Se le concede a la ASES un término de 15 días para arreglar la situación del Plan de Salud del Gobierno, entre ellas, pagar la deuda acumulada a los proveedores y establecer mecanismos para hacer cumplir la Ley de Pago Puntual, la creación de un Comité de Fiscalización con representación de todos los sectores de proveedores y que ASES y el gobierno abran los libros de sus finanzas, libre selección y redes abiertas, la continua baja en las tarifas que pagan las aseguradoras y la negociación colectiva dentro de los parámetros de la Ley 203 de 2008. Exigimos la creación de un Comité Negociador entre ASES y todas las organizaciones firmantes de esta Declaración para empezar a corregir los problemas descritos. De lo contrario, estaremos convocando una asamblea de las Organizaciones Relacionadas a la Salud para tomar aquellas medidas que en derecho procedan.

2- Reclamamos del Gobernador y de la Asamblea Legislativa fondos suficientes en el presupuesto correspondiente al próximo año fiscal 20152016 para:

a-cubrir durante el mes de julio las deudas acumuladas con proveedores y aseguradoras durante el presente año fiscal

b-proveer no más tarde del 31 de julio un adelanto de no menos del 10 por ciento (%) de los fondos asignados para todo el año, aparte de los fondos necesarios para cubrir deudas pasadas y las operaciones del mes de julio, para que la ASES pueda cumplir a tiempo con sus compromisos de pago a partir del 1 de agosto.

c-que no se siga acelerando la fecha en que, por falta de asignación de fondos estatales a la ASES, se agoten los fondos asignados en el 2010 para la operación en Puerto Rico del ACA o ley de Obamacare hasta 2019 en una fecha anterior a ese año.

d-que el Cuerpo de Emergencias Médicas pueda acortar el tiempo en que las llamadas al 911 sobre emergencias médicas se atiendan en períodos de tiempo similares a los tiempos de respuesta en sociedades civilizadas que atesoran la vida humana, incluyendo la restitución de los fondos que se les quitó para cuadres presupuestarios pasados.

e-redestinar mayor cantidad de los recursos del Estado a cabildear al Gobierno Federal para que destine más recursos a la salud en Puerto Rico.

f-que no se le quiten recursos a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

3- De intentar sancionar a cualquier proveedor que, legal y de manera individual y ante los incumplimientos contractuales por parte de las aseguradoras, razonablemente no quiera seguir dándole servicios al Plan de Salud del Gobierno porque no hay garantía de pago, acudiremos al Tribunal en defensa de este proveedor.

El gobierno de Puerto Rico cuenta con los fondos suficientes para asegurar los servicios de salud de alta calidad para todos los residentes de Puerto Rico. Quien lo dude no tiene más que observar los cientos de millones de dólares que se gastan todos los años en asuntos que son menos prioritarios que la salud. En este momento de crisis es esencial que el gobierno y la Asamblea Legislativa reevalúen todas las asignaciones y determinen qué gastos son menos importantes que la salud, de manera que esos recursos puedan ser reasignados no sólo a ASES, sino al Departamento de Salud y otras agencias relacionadas con la salud para asegurar un alto nivel de calidad de servicios de salud en Puerto Rico. ¡Nuestro pueblo no merece menos que eso!

Aprobado por las Organizaciones Relacionadas con la Salud, reunidas en Asamblea General, hoy 29 de abril de 2015, en Guaynabo, Puerto Rico.


* El autor es Presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada