30 mar. 2014

El libro correcto, en el momento correcto

Zona minera en Utuado
A propósito de la quema intencional de 150 cuerdas del Bosque del Pueblo, en la zona minera de Adjuntas/Utuado.

Por Rafael Bernabe

Cinco preguntas: ¿Debe Puerto Rico seguir dependiendo del capital externo para su desarrollo económico? ¿Debe ser la exención contributiva el medio para atraer el capital externo? ¿Necesita Puerto Rico una estructura productiva más integrada, con eslabonamientos internos? ¿Debe aceptar cualquier proyecto y cualquier “desarrollo” con tal de que genere empleo y aumento de la producción? ¿Puede o debe perpetuarse la relación actual entre la actividad económica y el entorno natural? ¿Cuáles serán las consecuencias si se perpetúa el desarrollo urbano prevaleciente?

Se trata de preguntas de gran actualidad. Pero sería equivocado pensar que son preguntas nuevas. Un libro que acaba de publicarse nos ayuda a entender la historia de estas preguntas en Puerto Rico. Y la comprensión de esa historia es indispensable si queremos elaborar mejores respuestas en el presente y el futuro. Me refiero al libro El proyecto de explotación minera en Puerto Rico (1962-1968) Nacimiento de la conciencia ambiental moderna (Río Piedras: Huracán, 2014) de Jorge Colón Rivera, Félix Córdova Iturregui y José Córdova Iturregui.

Como indica el título, el libro se centra en el debate en la década de 1960 sobre la posible explotación de yacimientos de cobre y otros minerales en la región de Utuado, Lares y Adjuntas. Pero su alcance es mucho más amplio. Como se sabe, el movimiento contra la explotación minera logró detener este proyecto. Esto ya constituye una historia interesante: pero igual o más interesante es la recuperación del modo en que el  movimiento de oposición mismo se fue transformando sobre la marcha, anticipando perspectivas y debates que en otros países surgieron posteriormente.

La primera fase del movimiento se inicia en 1964 según varias agrupaciones (sobre todo Vanguardia Popular y el Movimiento Pro Independencia) comienzan a denunciar dos hechos: primero, el gobierno había mantenido en secreto la existencia de importantes yacimientos de cobre y otros minerales en Puerto Rico y, segundo, el gobierno estaba en proceso de negociar contratos con empresas multinacionales para la explotación de dichos yacimientos, contratos que incluían la extensión de exención contributiva a dichas empresas y la entrega de buena parte del ingreso que generaría la extracción de esos recursos. En este primer momento el movimiento de oposición plantea una serie de ideas importantes.

Primero, el descubrimiento de los yacimientos era un golpe a la idea tan reiterada de los ideólogos coloniales de que Puerto Rico era un pequeño país sobrepoblado sin recursos naturales: su pobreza era un hecho natural y tenía como consecuencia su necesaria dependencia del capital externo y de la “ayuda” de países más ricos para poder prosperar.

Segundo, se insistía en la necesidad de que Puerto Rico no entregara los recursos recién descubiertos a la explotación por el capital externo. Su utilización debía estar en manos de agencias públicas o cooperativas. No podía convertirse en mera fuente de ganancias para el capital multinacional. Parte de esta posición era la denuncia y oposición a la venta de tierras del interior a las corporaciones interesadas en la explotación minera. La historia de cómo un notario de la región va descubriendo que las empresas estaban comprando tierras en la región es digna de un buen thriller: no digo más para que los lectores la disfruten por su cuenta.

Tercero, se planteaba la importancia de superar el desarrollo unilateral que el país había sufrido en el pasado, como fue el caso del monocultivo azucarero. El cobre que se extrajera debía procesarse en Puerto Rico. Debía ser el fundamento para el desarrollo de otras industrias en el país.

Cuarto, todo esto constituía un llamado a romper con el tipo de estrategia económica adoptada bajo Operación Manos a la Obra, fundamentada en la atracción del capital externo y la exención contributiva.

Así, la presencia de los yacimientos se convirtió en un primer momento en una denuncia del carácter colonial de la economía de Puerto Rico, similar a la de otros países coloniales y semicoloniales, cuyos recursos naturales también habían sido objeto de extracción y explotación por el gran capital multinacional.

Una consigna resumía esa crítica inicial de la explotación minera: ¡Minas puertorriqueñas, o cero minas!

Pero según el debate sobre la explotación minera se profundiza, esta crítica que podemos llamar anticolonial empieza, no a ser relegada, sino a combinarse con otra perspectiva: la naciente conciencia de los efectos ambientales de determinadas actividades productivas y extractivas. Es decir, empieza a combinarse con el nacimiento de lo que apenas empezaba a llamarse una conciencia ecológica. Aquí se destacan dos documentos que pueden describirse como actas de nacimiento de dicha conciencia: una carta enviada al New York Times por el joven científico Tomás Morales Cardona, denunciando los efectos ambientales (sobre el agua, la tierra, el paisaje) de la explotación minera (publicada el 8 de enero de 1966 bajo el título “Despoliation in Puerto Rico”) y un manifiesto ambiental publicado en el San Juan Star el 31 de enero siguiente, titulado “An Urgent Call to Our Government. An Urgent Warning to Our People” en el que se tocaban esas y otras amenazas ambientales. Uno de los mayores méritos del libro es la recopilación de estos y otros documentos y textos regados y olvidados que constituyen el registro de un esfuerzo sin el cual el presente de nuestro país sería muy distinto. Sería mucho peor, aunque sea difícil creerlo. Entre los temas planteados estaban la extracción de arena de las playas para la construcción, el desarrollo urbano descontrolado y la deforestación, la excesiva dependencia en el automóvil, la contaminación del aire, el agua y la tierra como resultado de distintos procesos industriales, el problema de la generación y disposición de desperdicios, la modificación de montes y otros cuerpos para la construcción y los ruidos excesivos e innecesarios. De esta crítica surgían una serie de consecuencias importantes, que no eran idénticas a las que resumimos anteriormente. La consigna que se desprendía de esta posición no era tanto ¡Minas puertorriqueñas o cero minas!, sino más bien simple y sencillamente ¡Cero minas!

Lo que pudo ser un desencuentro entre un desarrollismo anticolonial y un ecologismo naciente (como ha ocurrido y ocurre en muchos países) no lo fue: tanto Vanguardia Popular como el Movimiento Pro Independencia fueron dando espacio en sus posiciones a la crítica ecológica formulada por los autores de los documentos indicados. Así fue naciendo una perspectiva que aspiraba a lo que hoy llamaríamos un desarrollo sustentable. Esa síntesis incluiría la crítica del desarrollo dependiente, colonial y unilateral de la primera posición y la convicción de que el desarrollo alternativo tendrá que tomar en cuenta el impacto ambiental, la dimensión ecológica. Como planteaba con exactitud y claridad un documento de Vanguardia Popular de marzo de 1966 citado por los autores, lo que estaba planteado en el debate sobre las minas era nada menos que “la relación adecuada del puertorriqueño con su medio ambiente.”  Este problema parecerá un lugar común en el presente. No lo era en 1966. En ese momento era un planteamiento pionero, y no solo en Puerto Rico.

El movimiento contra la explotación minera cobró aún más fuerza a partir de 1967. A pesar de todas las presiones del gran capital, de la prensa más influyente, como el periódico El Mundo y de parte de su propio partido, que pronto dejaría de serlo, la presión generada por el movimiento logró que el gobernador Roberto Sánchez Vilella se negara a firmar los contratos con las empresas mineras. En el relato no deja de sorprender el argumento reiterado de los defensores del proyecto minero: ante la falta de empleo no caben consideraciones sobre la belleza o la conservación del paisaje. Así, la misma precariedad en que el capitalismo coloca a la mayoría de los desposeídos se movilizaba para justificar su dimensión más destructiva: no solo se explota al trabajador sino que se usa las consecuencias de esa explotación para justificar la destrucción ambiental.  La conclusión de esta batalla de hace cinco décadas ha sido la creación de una reserva forestal en los terrenos (900 cuerdas en Adjuntas) en que en otro momento se planteó desplegar el proyecto minero, y que, como dijeron algunos entonces, hubiese convertido a Puerto Rico en una piedra pelada en el medio del mar. La lucha reciente contra el propuesta gasoducto ha sido la continuación de aquella lucha. Este libro nos permite ver el hilo conductor que va de una a la otra.

En este resumen he dejado fuera muchos de los detalles más interesantes del libro que vinculan el debate sobre la minas a la creciente crisis interna del Partido Popular Democrático y que exploran el nacimiento y surgimiento del grupo Vanguardia Popular y de las primeras discusiones ecologistas en el país, incluyendo el trabajo precursor e injustamente olvidado de escritores como Enrique Laguerre y Miguel Meléndez Muñoz, entre otros temas. (Sobre el Meléndez Muñoz, debo decir que me alegra mucho la mención que se hace de su obra. Es un autor importante, injustamente relegado y olvidado bajo el mote reductor de “autor costumbrista”: pero eso es tema para otro ensayo.)

Invito al lector o lectora a hundirse en esta lectura a la vez útil y agradable. Me limito a indicar varios temas y reflexiones que se desprenden de este interesante libro.

Primero, esta historia demuestra cómo grupos relativamente pequeños pueden tener un impacto considerable en la vida del país, siempre y cuando se organicen adecuada y tenazmente y se armen de información apropiada y exacta. No se trata de glorificar la pequeñez numérica, pero si destacar que no debe ser motivo de desmoralización. La realidad es que Vanguardia Popular y el Movimiento Pro Independencia eran grupos minoritarios, pero generaron una opinión pública y un movimiento cada vez más amplios y lograron detener un proyecto que contaba con el aval del gobierno, incluso, al principio, del gobernador Sánchez Vilella.

En segundo lugar, sin embargo, esta historia demuestra los límites de aquella lucha: muchos de los problemas ambientales señalados en aquel momento (basta leer de nuevo la lista presentada anteriormente) siguen planteados, de forma mas aguda, en el presente. Es decir: para detener el curso destructivo general de nuestro subdesarrollo no basta con detener proyectos particulares, aun cuando tengan el alcance que hubiese tenido el proyecto minero.

Por lo mismo, en tercer lugar, se demuestra la necesidad de un movimiento capaz de lograr la implantación de un programa de desarrollo alternativo. Un gran movimiento que pretende implantar un programa es otro nombre para un partido político, en el mejor sentido de la palabra.

En cuarto lugar, el debate sobre la explotación minera coincidió con el intento de renovación del Partido Popular Democrático. Para dar paso a una nueva generación, Muñoz Marín renunció a la candidatura a la gobernación en 1964 y se abrieron foros de discusión interna en el partido. Pero una vez se planteó la posibilidad de una ruptura real con prácticas pasadas, relacionadas con la explotación minera, el Servicio Militar Obligatorio y la reforma universitaria, entre otros temas, se evidenciaron los límites a las reformas de esa maquinaria política anquilosada. A todos los participantes del proceso se les impuso una decisión: o abandonar la sustancia de las posiciones renovadoras o salir del partido. Estaba ya claro: un cambio en la situación del país exigirá nuevos partidos.

La decisión de dejar el cobre en la tierra se relaciona con un debate de gran actualidad en diversos países, como por ejemplo, Ecuador. Se trata de países que tienen grandes yacimientos de diversos minerales, que en algunos casos sería mejor dejar en la tierra por razones ambientales. Sin embargo, renunciar a explotarlos constituye un sacrificio económico para dichos países: sería entonces añadir una nueva injusticia a las anteriotes. Los países desarrollados se industrializarion saqueando el planeta y ahora el sacrificio para detener esa destrucción corresponde a los países saqueados. La única salida justa a esta situación, desde el punto de vista ambiental y social es una política económica global que compense a los países más pobres por las medidas que toman para proteger el ambiente.

En la actualidad, Puerto Rico atraviesa por una crisis económica cada vez más seria. En momentos como este puede ser particularmente tentador ceder a la posición que tantos funcionarios de gobierno y alcaldes esgrimían durante el debate sobre las minas: cualquier proyecto que genere empleos es bueno. Esta lectura es un antídoto contra esas actitudes. Si algo necesitamos hoy es recuperar la síntesis que empezó a darse en la coyuntura relatada en este libro: necesitamos un plan de reconstrucción para  nuestro país, pero no cualquier reconstrucción, no cualquier desarrollo, sino una reconstrucción integral, que como decía un barbudo del siglo XIX sane y cure el metabolismo inescapable entre el ser humano y su entorno que el capitalismo ha convertido en un campo de batalla y destrucción.

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