22 ene. 2014

Cómo salir de la crisis fiscal de Puerto Rico

Gráfica del Centro para la Nueva Economía (CNE)
sobre el monto de la deuda pública de Puerto Rico.
Por Luis F. Abreu Elías
Claridad

Desde que el sistema financiero convenció al primer gobernador de Puerto Rico, de lo bueno de emitir deuda para hacer obra pública (léase: para el bienestar principal del sistema financiero USA), nos hemos embrollado al punto que tenemos una deuda impagable. Esta deuda, para sostenerla pagando sólo intereses, ha obligado a los sucesivos gobiernos a reducir beneficios a la clase trabajadora, eliminar o mutilar planes de pensiones, reducir beneficios de la clase media y trabajadora, mantener salarios congelados o reducidos, despedir miles empleados públicos y congelar plazas vacantes, mientras se subsidia con fondos públicos al gran capital y a las megatiendas y corporaciones foráneas, que se llevan del país sobre 70 mil millones (millardos) de dólares de ganancias al año. Es todo un “welfare” corporativo vergonzoso.

La obligación de pagar a los acreedores bonistas esa deuda surge del artículo VI Sección 8 de la Constitución del Estado Libre Asociado que lee así:

“Cuando los recursos disponibles para un año económico no basten para cubrir las asignaciones aprobadas para ese año, se procederá en primer término, al pago de intereses y amortización de la deuda pública, y luego se harán los demás desembolsos de acuerdo con la norma de prioridades que se establezca por ley.”

Esa es la camisa de fuerza que nos impuso el Congreso de Estados Unidos cuando creó, y el Presidente firmó, la Ley 600. Esa ley se somete a votación en 1952, en lo que, eufemísticamente, se llamó la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Léase: Colonia Por Consentimiento). Mientras exista esa cláusula constitucional, la Legislatura de Puerto Rico no puede aprobar ley alguna que le dé prioridad a los servicios públicos sobre los intereses de los bonistas. Y si se volvieran locos y la aprobaran, el Gobernador tendría que vetarla pues sería inconstitucional. Pero si el Gobernador la firmara los Tribunales tendrían que anularla declarándola inconstitucional.

Todos los gobernantes han gobernado en función de la protección de los intereses del sistema financiero, específicamente de los bonistas, obedeciendo ciegamente a las casas acreditadoras, que le ordenan a los gobernantes imponer nuevas cargas al pueblo trabajador y reducirles derechos ya adquiridos para garantizar el pago a los bonistas. Y lo hacen bajo la amenaza de las casas acreditadoras de que degradarían el crédito del ELA. Estas casas acreditadoras representan la salud del gran capital, nunca la de los pueblos.

Súmele a lo anterior las decenas de aportaciones que el Estado hace a las corporaciones foráneas y a las grandes cadenas de tiendas que no necesitan dichos subsidios y les ayudan a ganar sobre 70 mil millones de dólares al año. Añádale a lo anterior las contribuciones de todo tipo, como arbitrios, impuestos sobre las compras, (llamado impuesto sobre la venta, pero que paga el que compra), patentes que se le imponen al trabajador cuatrienio tras cuatrienio, y concluirá que gobierno tras gobierno fomentan el empobrecimiento del pueblo; de todos los trabajadores del país y de los jubilados. y que impacta también a los que dependen de “ayudas sociales” para vivir miserablemente. También se les imponen patentes y otras imposiciones a los pequeños, medianos y grandes comerciantes e industriales puertorriqueños, y encontrará usted las razones de la crisis. Crisis que se agrava con la congelación de salarios, la eliminación o reducción dramáticas de los planes de pensiones y la eliminación de las corporaciones 936. Así podrá usted encontrar el asopao que produjo esta crisis de proporciones epidémicas. Es pagando mejores salarios a los trabajadores que se mejoran las economías, no al revés. Pero en Puerto Rico el paradigma correcto está invertido. Ya estamos en el octavo año consecutivo de profunda recesión donde se reduce la capacidad productiva del país, mientras nos empobrecen a todos los trabajadores año tras año. Y seguimos mirando,  perteneciendo y siendo mandados por el Norte, y no al Sur del Rio Bravo, que es donde debíamos estar insertados, por ser caribeños y latinoamericanos.

El gobierno de Puerto Rico, sus instrumentalidades y municipios que toman dinero prestado para, supuestamente, hacer obras públicas, están diseñados para jamás pagar la deuda principal de los bonos y sólo para pagar los intereses. Tanto el Gobierno Central y sus instrumentalidades, están organizados para que todo el dinero que entre sea igual al que se gaste, sin hacer reserva alguna para saldar los bonos (el principal) cuando se vencen. Estas entidades debían estar diseñadas para que cuando emiten deuda de bonos, no sólo paguen los intereses y costos del manejo de la deuda (sostenimiento de la deuda) (pago de interés y comisiones); deben y debían haber estado diseñadas para que hicieran una reserva anual para saldar las emisiones de bonos cuando venzan.

Lo que siempre ha sucedido es lo siguiente, y lo explicaré con un ejemplo. La Autoridad de Energía Eléctrica emite, digamos, 500 millones de deuda garantizada por una emisión de bonos. Le paga a las casas de corretaje una jugosa comisión la cual se deduce de inmediato del dinero de deuda emitida. Se le paga también a las casas acreditadoras (sí, a Moody’s y a las otras) y se pagan gastos de abogados u otros gastos más. Mes a mes empieza a pagar los intereses, y a los treinta años, justo antes de vencer los bonos, emite más deuda para saldar los viejos bonos, pero incurre en una deuda mayor. Si AEE estuviera bien diseñada, cada año, luego de recibir el sobrante de la emisión de bonos, debía haber hecho provisión para ahorrar dinero, para tener dinero en una reserva, para saldar la deuda cuando venza (saldar el principal), sin incurrir en más deuda. A medida de ejemplo, si la emisión de bonos se hizo a treinta años, además de pagar el interés mensualmente y automáticamente, debía generar economía de tres y un tercio por ciento (3 1/3%) del principal de la deuda y no tocar ese dinero. Lo anterior aplica al gobierno central, a todas sus corporaciones públicas, a municipios, a carreteras, al Banco Gubernamental de Fomento, y a esa figura diabólica que se llama COFINA y que bajo la gobernación del Sr. Fortuño emitió 16 mil millones de dólares, y por esa emisión incurre en costos por la friolera de 43%, según estudio que hizo el prestigioso y competente economista, doctor José Antonio Herrero. De hecho, de los propios informes de COFINA surgen esos escandalosos gastos.

La crisis es verdaderamente alarmante y al pueblo no se le revelado la magnitud de la misma, y no ha ocurrido un levantamiento armado o violento porque la mitad del país, que ya no busca trabajo, y no es parte de las estadísticas de desempleo, depende de cupones de alimentos, WIC, Sección 8, ayudas adicionales del Departamento de la Familia. Esta clase parasitaria, que vive sin trabajar, no protesta por nada por temor a perder el “welfare”. Y aun a estos les afecta el IVU y los empobrece.

Pero hay un “welfare” que es peor para la economía del país. Este es el “welfare” corporativo mediante el cual se le cobra poco de patentes a las corporaciones foráneas, se le dan tarifas muy bajas de agua y luz y se le paga parte importante de la nómina.  Y de paso, pagan de un dos a un cuatro por ciento de contribución sobre ingresos. Esa contribución sobre ingresos es casi cero si se computan los subsidios, y dinero para pago de nómina y otras dadivas de parte del gobierno. Estas corporaciones foráneas trasladan las ganancias electrónicamente a EEUU, llevándose aproximadamente 70 mil millones de dólares al año. Wal-Mart, el peor y más abusador patrono del imperio USA, recibe jugosos subsidios para pagar su nómina. Como diría Sila María Calderón, “¡que vergüenza!”. Y lo más bochornoso es que paga un mísero dos a cuatro por ciento de contribución sobre las ganancias.

¿Cómo resolver esta profunda crisis que ahoga a todos? Fácil, muy fácil, si hay la voluntad política para cambiar unos paradigmas.

Paso Uno: Celebrar un plebiscito para eliminar el artículo VI Sec. 8 de la Constitución, quitándole así al ELA la obligación legal de pagar una deuda imposible de pagar. Además, se deben seguir los demás pasos que aquí se plantean. Una vez eliminada dicha cláusula, se cita a los representantes de los bonistas para renegociar la deuda. Propongo renegociar y no condonar todo o parte de la deuda, como han logrado países soberanos, porque en Puerto Rico el gobierno no tiene la voluntad política ni el valor de plantearlo. Se exige, y no se transige por menos, que se bajen los intereses al dos por ciento anual, de los cuales el uno por ciento iría al pago de intereses y el otro uno por ciento iría al pago de principal. Así se saldaría la deuda en 40 años y deberíamos ZERO. Siguiendo los siguientes pasos jamás se tomaría prestado. Y si no quieren negociar, proclamamos cancelada la deuda o al menos los intereses, y los bonistas no tendrán ley de dónde agarrarse.

Actualmente sostener la deuda, sólo pagando intereses, se traga 70x10 a la novena potencia dólares (70 mil millones) x .06 = 42x10 a la séptima potencia = a $4,200,000,000 (4 mil doscientos millones) al año. Al dos por ciento nos economizamos $2,800,000,000 (Dos mil ochocientos millones al año). Estos se quedarían en el fondo general. Con eso se solventan todos los sistemas de retiros (todos) al nivel que estaban antes de la mochada, en poco más de una decena de años.

La enmienda constitucional es viable porque no afecta los poderes económicos y políticos del Congreso de Estados Unidos, que son los poderes de soberanía. Con la eliminación de esa sección se elimina el basamento jurídico principal que tienen ahora los bonistas para demandar al ELA en foros estatales o federales. La enmienda no tiene nada que ver con retroactividad, pues se reconoce la deuda, y se renegocia su pago, y mientras existió la cláusula se respetó los términos de las emisiones de bono.

Paso Dos: Se eliminan todos los subsidios existentes de luz, agua y patentes y tarifas especiales en Puerto Rico, excepto para pequeños, medianos y grandes comerciantes e industriales de Puerto Rico que realmente los necesiten para operar con una ganancia razonable. Eso fortalece a nuestros comerciantes e industriales frente a la actual desventaja desigual con las compañías foráneas. Con sólo eso nos economizamos cientos de millones de dólares, que cuadran el presupuesto, sin imponer más medidas impositivas a persona o entidad local en Puerto Rico. De paso, las finanzas de la AEE y la AAA despegan en cohete.

Paso Tres: Se elimina todo tipo de otros subsidios y ayudas para pagos de empleados a las farmacéuticas y grandes cadenas de EEUU que hoy se llevan del país en conjunto unos 75 mil millones de dólares al año. Ahí nos economizamos decenas de millones de dólares al año.

Paso Cuatro: Se le impone un 10% de contribución sobre ingresos a toda corporación foránea, megatiendas y megacadenas, como Costco, Walmart, CVS, Walgreens, Liberty y otras. ¡Y no se van na! En Irlanda del Norte, en la crisis de la década del 70, le impusieron 15% de contribuciones y habían amenazado con irse si se le imponía. Se quedaron. A las farmacéuticas, que producen sobre treinta y seis mil millones de dólares al año, pagar 3.6 billones al tesoro de Puerto Rico le reduce su producción en dólares a 32.5 mil millones. Con esa producción, ¿quién cree el cuento de que se van? Todo esto produce al erario sobre 5 mil millones de dólares anuales y sobra dinero para restaurar los sistemas de pensiones, para obra pública, para balancear el presupuesto, para incentivar a los de aquí, comerciantes e industriales, y para mejorar y ampliar los servicios al pueblo. Sólo falta voluntad y pantalones y faldas en su sitio, y proponerse a trabajar para nosotros, el pueblo, y no para las foráneas.

El doctor Herrero me llamó la atención al hecho de que las corporaciones foráneas pueden hacer trampa y trasladar todas las ganancias a una compañía matriz y alegar que aquí no tienen ganancias. Ya hicieron eso, al revés, en el pasado, cuando las compañías matrices en Estados Unidos reclamaban pérdidas y las subsidiarias en Puerto Rico reflejaban unas ganancias monumentales. El IRS de USA descubrió el truco y les impuso cientos y cientos de millones de multa, penalidades, intereses más el pago de deuda. Claro, para evitar el mismo fraude a la inversa de lo que hicieron allá, la Legislatura puede legislar, y el Departamento de Hacienda de Puerto Rico debe crear, los mecanismos para evitarlo.

Si se implementan esas medidas se generaría sobre 5 mil millones de dólares anuales, que entrarían al fondo general, a las agencias, al Banco Gubernamental de Fomento a los municipios etc. ¿SE RESUELVE O NO SE RESUELVE LA CRISIS?

Los gobernantes (incluyo legisladores de todos los partidos) que apoyen estas sugerencias se jubilarán viejos en sus puestos, pues serán reelectos, y sobrará dinero para que se les aumente notablemente su sueldo, que actualmente es bajo para el costo de la vida en Puerto Rico.

Y de paso, sugiero a nuestros gobernantes que recobren el valor; concluyan que 520 años de coloniaje es demasiado, y sugiero que se unan a Latinoamérica y al resto del Caribe, que es donde pertenecemos y de donde somos. Ya Maduro nos invitó a ser maduros. Gracias, Sr. Presidente.

* El autor es abogado. Para comentarios o sugerencias escribir willieabreu@yahoo.com.

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