25 oct. 2013

La labor del National Lawyer’s Guild (Gremio Nacional de Abogados) defendiendo a independentistas en los Estados Unidos

Michael Deutsch con Oscar Collazo
Por Michael Deutsch

Nota del autor por Michael Deutsch:

En los primeros años de la década de 1970, cuando era un abogado joven relativamente novato en asuntos de política y conocía poco de las prisiones [y el sistema carcelario], mi trabajo con los Hermanos Attica y con Rafael Cancel Miranda y los demás prisioneros políticos Nacionalistas cambió mi vida para siempre.  En el caso de los prisioneros políticos puertorriqueños, su valiente [entrega] y compromiso con la auto-determinación e independencia de su país, así como su calidez y sentido solidario, a pesar de las vicisitudes sufridas en dos décadas de prisión, influenciaron mucho el curso de mi trabajo como abogado a través de las siguientes décadas. Fue el ejemplo de estos luchadores extraordinarios, y el de muchos otros prisioneros políticos a quienes he representado,  lo que ha impulsado mi continua dedicación a luchar por la justicia. Tengo una deuda de gratitud con todos los pasados y presentes prisioneros politicos.

***

El National Lawyer’s Guild (NLG, por sus siglas en inglés), que estará celebrando su convención anual en Puerto Rico este octubre, tiene un largo historial de representaciones legales de activistas y militantes puertorriqueños. Los comienzos de ese historial se pueden remontar al momento en que abogados miembros del Guild que trabajaban en el People’s Law Office (PLO, por sus siglas en inglés, que se traduce a Oficina de Asuntos Legales del Pueblo) de Chicago conocieron a Rafael Cancel Miranda, a principios de la década de 1970, cuando estaba en la prisión federal de Marion. Fue durante esas visitas con Rafael que muchos de nosotros supimos la historia de la lucha contra el colonialismo estadounidense sobre Puerto Rico y de los héroes que la libraban.  

Los abogados del PLO supieron de los otros cuatro Nacionalistas también encarcelados en prisiones estadounidenses desde la década de 1950 por Rafael, quien les habló de Lolita Lebrón, Irvin Flores, Andrés Figueroa Cordero, y Oscar Collazo. Abogados del PLO visitaron a cada uno de los prisioneros: a Lolita en Alderson, West Virginia, y a Irvin, Oscar y Andrés en Leavenworth, Kansas, y presentaron una demanda disputando algunas de las condiciones de su encarcelación, las visitas restringidas, la negativa de proveer acceso al periódico Claridad – el semanario del movimiento independentista- y su prolongada encarcelación.  Aunque los prisioneros Nacionalistas no reconocían la potestad de los Estados Unidos de tratarlos como criminales y se negaban a solicitar su libertad a las cortes directamente, sus familiares y algunos líderes indpendentistas figuraron como demandantes en el caso y solicitaron su libertad.

El caso fue sometido en Washington, D.C. en 1976 por abogados del Guild junto a abogados de Puerto Rico, como parte de una revitalizada campaña política internacional para “Liberar a los Cinco”   El caso se le asignó al famoso abogado del caso de Watergate, John Sirica, quien separó los casos y los transfirió a cuatro cortes de distrito federal separadas, cercanas a las prisiones donde  se encontraban los Nacionalistas. Ya para entonces Andrés padecía de cáncer en el colon y estaba encarcelado en el hospital-prisión federal de Springfield, Missouri.

Los prisioneros Nacionalistas decidieron que los abogados deberían llevar el caso en representación de Andrés, y al cabo del año, en medio de una intensa campaña política, a Andrés se le concedió clemencia por motivos médicos y salió de prisión. Al mismo tiempo, abogados del Guild de Chicago presentaron una petición ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la liberación de los Nacionalistas, y también los representaron ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, cuya resolución de 1978 apoyaba su liberación.   

En septiembre de 1979, una campaña internacional, con el apoyo de amplios sectores del pueblo puertorriqueño, incluyendo al exgobernador Hernández Colón y al Obispo católico Antulio Parrilla, tuvo éxito en presionar al Presidente Carter para que le otorgara libertad incondicional a los demás Nacionalistas. Familiares y abogados del Guild y de Puerto Rico fueron a las prisiones donde se encontraban y los acompañaron, primero a Chicago y New York donde los esperaban grandes multitudes, y luego a Puerto Rico, donde los recibieron miles de personas.

Labor con el Gran Jurado

Incluso antes de la excarcelación de los Nacionalistas, ya había abogados del Guild representando independentistas que habían sido emplazados para aparecer ante grandes jurados federales en New York y Chicago que investigaban a las Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional (FALN), un grupo puertorriqueño clandestino radicado en los Estados Unidos que surgió en 1974 y se responsabilizó por colocar bombas y otras acciones militantes exigiendo la liberación de los Nacionalistas y el fin del colonialismo estadounidense.

Lureida Torres de Puerto Rico, y luego María Cueto, la directora ejecutiva del U.S. Episcopal Church Hispanic Affairs Commission (Comisión de Asuntos Hispanos de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos), y su asistente Raisa Nemekin, y los hermanos Julio, Luis y Andrés Rosado, fueron emplazados en New York. En Chicago, algunos líderes de la comunidad puertorriqueña, José Lopez, Myrna Salgado, Steven Guerra y Roberto Caldero fueron emplazados, asi como dos activistas mexicanos, Ricardo Romero y Pedro Archuleta del Southwest. Todos fueron representados por abogados del Guild.(1) Los abogados pudieron dilatar su inevitable detención política por medio de defensas creativas que incluyeron impugnar el uso secreto ilegal de vigilancia electrónica, logrando asi acortar el tiempo en prisión por desacato ante la negativa a testificar frente al gran jurado. Los activistas asumieron la posición de no colaborar con las intenciones represivas del gran jurado, y cientos de personas se movilizaron en su apoyo.  Tiempo después fueron emplazados dos activistas independentistas, Carlos Noya y Federico Cintrón, para comparecer ante un gran jurado en New York. Fueron defendidos por abogados del Guild, y también se negaron a colaborar, por lo que fueron encarcelados por desacato.

Algunos años después, en una acción de represión política sin precedentes, cinco de los que se negaron a testificar ante el gran jurado - Julio Rosado, Ricardo Romero, Andrés Rosado, María Cueto y Steven Guerra – tras su excarcelación por el desacato civil, fueron acusados en Brooklyn por desacato criminal en vista de su negativa previa a testificar, y el caso se llevó a juicio. Se enfrentaban a una posible sentencia de cadena perpetua, y fueron representados por abogados del Guild.  Tras un juicio político que se luchó arduamente, en el cual el gobierno argumentó que al no testificar estaban ayudando al terrorismo, fueron hallados culpables. El gobierno solicitó una condena de 15 años, y mostraron al juez fotos de víctimas de las bombas del FALN.  A cada uno de los cinco se les sentenció a cinco años de prisión.

En 1983, abogados del Guild también formaron parte de la defensa de Alberto de Jesús, un joven que había salido de Puerto Rico para evadir a un gran jurado que investigaba el movimiento clandestino en Puerto Rico. Fue arrestado en Green Bay, Wisconsin, por utilizar una tarjeta de seguro social falsa.  Mientras vivía en Wisconsin, Alberto se había ganado el respeto y la admiración de muchos activistas de los derechos humanos y de personas de la comunidad religiosa, que viajaron hasta Milwaukee para demostrar apoyo al momento de la sentencia.

Parte del trabajo del Guild en torno al gran jurado y el movimiento independentista incluía la educación, en vista de que muchas personas en los Estados Unidos desconocían sobre el caso colonial de Puerto Rico, y del uso del gran jurado para reprimir al movimiento independentista.(2) 

Las FALN y la conspiración sediciosa 

En 1979, William Guillermo Morales fue arrestado tras una explosión en un apartamento de Queens, acusado de ser miembro de las FALN, y de posesión de explosivos. Representado por abogados(as) del Guild,(3) proclamó que era un prisionero de Guerra luchando contra el crimen del colonialismo y exigió que se le transfiriera a un foro internacional. Esta fue la primera vez que un puertorriqueño invocaba la ley internacional como defensa en una corte estadounidense. La corte desestimó lo planteado por Morales, pero sus abogados del Guild argumentaron que efectivamente era un prisionero de guerra y que el verdadero crimen era el poder colonial de los Estados Unidos sobre Puerto Rico.  Fue sentenciado a diez años de prisión.  Inmediatamente tras este fallo, se le enjuició en el estado de New York por cargos similares y se le añadieron 55 años a su sentencia.(4)     

Luego de estas sentencias, los abogados del Guild defenderían nuevamente a Morales.  Tras una audaz escapatoria de un hospital-prisión en New York, fue arrestado tiempo después en México, en donde fue torturado y apresado.  Abogados del Guild trabajaron con abogados progresistas de México para oponerse a los intentos de los Estados Unidos para que se le extraditara.  Una exitosa campaña política para impedir la extradición facilitó que Morales llegara a Cuba, donde se le otorgó asilo politico.   

En abril de 1980 fueron arrestados once puertorriqueños en Evanston, Illinois, acusados de ser parte de las FALN. Primero se les juzgó en la corte estatal y se les dieron sentencias de entre 8 y 30 años.  Luego, el gobierno estadounidense los acusó de conspiración sediciosa, el mismo cargo que se le hizo a Albizu Campos, y a otros Nacionalistas, en las décadas de 1930 y 1950. Al igual que Morales, los prisioneros del FALN acusados, Carlos Alberto Torres, Carmen Valentín, Dylcia Pagán, Alicia Rodríguez, Lucy Rodríguez, Elizam Escobar, Ricardo Jiménez, Luis Rosa, Adolfo Matos, y Alfredo Méndez, invocaron su derecho a que se les tratase como prisioneros de guerra.  Asistidos por abogados del Guild que fungieron como asesores legales, ya que los prisioneros se negaron a participar de un proceso que consideraban ilegal, los acusados sometieron un extenso documento respaldando su reclamo bajo la ley internacional. Los abogados también presentaron una petición ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y llevaron el caso ante foros internacionales en Malta, Barcelona y Cuba.  El juicio ante la corte federal resultó en sentencias inmensamente desproporcionadas que fluctuaban de 55 a 90 años, y con lamentaciones del juez porque no podia sentenciarlos a la pena de muerte.

Durante los procedimientos en la corte estatal de Illinois, Alicia Rodríguez fue amordazada y golpeada por denunciar el carácter ilegal de la acusación criminal en contra de todos ellos. Una abogada del Guild(5) que condenó dicho trato brutal y denigrante fue pronunciada en desacato y fue detenida hasta que la Corte Apelativa le concedió fianza.  El juez también amenazó a otro abogado con lanzarlo por la ventana de su despacho.

Una de las arrestadas en Evanston, María Haydée Torres, fue trasladada a New York y enjuiciada por la colocación de una bomba en el edificio Mobil Oil de Manhattan. La agredieron físicamente cuando la forzaron a participar en una rueda de sospechosos (line-up), suceso presenciado por un abogado del Guild; se negó a participar en su juicio, el cual escuchó a través de bocinas especiales, sentada en una celda con su asesor legal, un abogado del Guild. Fue sentenciada a cadena perpetua.

El año siguiente fue arrestado Oscar López Rivera, acusado igualmente de conspiración sediciosa.  Aunque también se declaró prisionero de guerra, asesorado por abogados del Guild, confrontó a uno de los acusados en Evanston, Alfredo Méndez, a quien el FBI, por medio del aislamiento y con promesas de indulgencia, había convertido en testigo del pueblo.

En julio de 1983 fueron arrestadas otras cuatro personas acusadas de pertenecer a las FALN - Alejandrina Torres, Edwin Cortés, Alberto Rodríguez y José Rodríguez – y también fueron acusadas de conspiración sediciosa. Con información provista por Méndez, el gobierno había localizado refugios (safe houses) en apartamentos privados alquilados con nombres falsos, y había colocado cámaras ocultas que habían captado la confección de bombas.  Abogados del Guild lograron convencer al juez de suprimir esta evidencia por haber sido obtenida ilegalmente y sin autorización respaldada por ley(6). El gobierno recurrió a una apelación antes de concluido el juicio, y la corte de apelaciones determinó que, independientemente de que no hubiese ley que lo autorizara, el gobierno tenía la autoridad inherente, cuando se tratase de combatir el terrorismo, de entrar en cualquier lugar privado y colocar cámaras ocultas. En el juicio, uno de los acusados recurrió a una defensa legal, y fue representado por abogados del Guild; los otros tres se declararon prisioneros de guerra, y abogados del Guild les sirvieron como asesores. Todos fueron hallados culpables. José Rodríguez, quien optó por la defensa legal, obtuvo probatoria, mientras que los otros tres recibieron condenas de 35 años.

Los abogados y abogadas del Guild que sirvieron de asesores legales a los que se declararon prisioneros de guerra fueron duramente criticados por otros abogados, incluso del mismo Guild. Muchos preguntaban: “Por qué los abogados no convencieron a los acusados de recurrir a una defensa legal?”. Y “No estaban estos abogados renunciando a su responsabilidad al no utilizar una defensa legal tradicional?” A pesar de las críticas, los abogados de los prisioneros de guerra creían que actuaban en la más alta tradición de los abogados radicales, siguiendo la pauta política de sus representados y utilizando la corte para difundir la posición legal y política de sus clientes. No obstante, estos abogados del Guild no solo tuvieron que soportar las opiniones negativas de sus colegas, sino también ataques a su competencia y reputación. Sin embargo, la defensa creativa había establecido el marco de ley internacional que serviría para la campaña por su liberación.

La reacción negativa contra los abogados no fue nada comparada con el trato sufrido por los presos políticos en las prisiones de Estados Unidos.  Se les situó en unidades aisladas especiales donde se les sometía a privación sensorial, incluyendo Alderson Cardinal Unit, Lexington Woman’s High Security Unit, U.S. Prison at Marion y ADX Florence, Colorado. Se les sometió a trato discriminatorio y humillante, a aislamiento y privación sensorial; se les negaban visitas arbitrariamente, asi como acceso a literatura y correo; en otras palabras, se les negaba el contacto con su movimiento político, sus familiares, y sus simpatizantes. Hubo abogados del Guild que participaron en campañas para poner fin a este trato tortuoso. En el caso de la unidad de Lexington, abogados del Guild, junto a otros abogados, entablaron una demanda disputando el trato que se le daba a prisioneros políticos situados similarmente y, con el apoyo de una campaña pública, eventualmente lograron que se cerrara la unidad de Lexington.  

El caso de Los Macheteros en Connecticut

El 30 de agosto de 1985, cientos de agentes del FBI allanaron numerosos hogares y lugares de trabajo en Puerto Rico, arrestando y transportando a Connecticut a las personas acusadas de ser miembros de Los Macheteros, un muy exitoso grupo clandestino basado en Puerto Rico, acusados de estar implicados en la expropiación de 7 millones de dólares de un depósito de Wells Fargo en Hartford. Junto a abogados de Puerto Rico, abogados del Guild de New York, Connecticut, Boston y Chicago organizaron un equipo conjunto de defensa.(7) La prueba de descubrimiento reveló que durante el curso de meses de investigaciones secretas al movimiento independentista, el FBI había grabado ilegalmente cientos de conversaciones personales y había ocupado miles de libros de política, panfletos y diarios personales. Utilizando la amenaza del terrorismo como excusa, el gobierno recurrió a una nueva ley de “detención preventiva” para revocar el derecho a fianza de muchos de los arrestados. Aunque es cierto que algunos estuvieron detenidos hasta tres años, abogados del Guild tuvieron éxito en objetar la detención pre-juicio indefinida de los arrestados, ultimadamente logrando la libertad bajo fianza de todos los acusados. También pudieron suprimir mucha de la vigilancia electrónica. Hubo abogados del Guild en el equipo de defensa que representó a los acusados en el juicio, y también ayudaron a negociar sentencias sustancialmente reducidas para los que no fueron a juicio. También hubo abogados del Guild involucrados en las apelaciones de los que fueron condenados en el juicio.

Durante el caso contra los Macheteros en Connecticut, se llevaba a cabo otro caso contra independentistas en Chicago. En 1986, varios organizadores comunitarios fueron acusados de conspirar para liberar a Oscar López de la prisión federal en Leavenworth, con información obtenida tras una operación encubierta diseñada para entrampar a personas de la comunidad que estaban activas en la campaña por la liberación de los prisioneros del FALN. Abogados del Guild representaron a los acusados en el juicio y en la apelación.(8)  A Oscar López se le añadieron 15 años de condena y se le transfirió a prisiones de super máxima seguridad por los siguientes 12 años. A sus codefendidos Jaime Delgado y Dora García se les sentenció a 4 y 3 años, respectivamente.

El caso era emblemático de los continuos ataques del FBI contra la comunidad puertorriqueña en Chicago. El FBI allanó el Centro Cultural Puertorriqueño y la Escuela Superior Alternativa Pedro Albizu Campos, donde los agentes estuvieron hurgando las propiedades por horas. El allanamiento era parte de los esfuerzos continuos del gobierno estadounidense de amedrentar a los miembros de la comunidad, poniéndole el sello de “terrorista” al Centro y a la escuela. Los abogados del Guild se unieron a la comunidad puertorriqueña en solidaridad, condenando estas acciones represivas.

En otro caso también en Chicago, el profesor José Solís Jordán fue juzgado en 1999 por colocar dos bombas caseras en las afueras de un centro de reclutamiento militar. Representado por abogados del Guild,(9) la defensa se centró en el uso del FBI de informantes/provocadores para infiltrar la comunidad puertorriqueña y entrampar a los que estuviesen activos en la campaña por la liberación de los presos políticos. Solís fue encontrado culpable y se le sentenció a 4 años en prisión.(10)

La campaña para liberar a los prisoneros de las FALN

En 1993, abogados(as) del Guild (11), trabajando de forma muy cercana con la comunidad boricua en los Estados Unidos y con la campaña de derechos humanos originada en la Isla, sometieron una petición de perdón ejecutivo para los prisioneros del FALN y algunos de los Macheteros, y comenzaron a recabar respaldo a la misma en Puerto Rico, los Estados Unidos e internacionalmente. En 1999, el presidente Clinton ofreció conmutar sus sentencias, afirmando que “los prisioneros estaban sirviendo condenas extremadamente largas – de 90 años, en algunos casos, - lo que era desproporcional a los crímenes.”  El Presidente dijo que lo había conmovido el apoyo de “varios miembros del Congreso, una cantidad de organizaciones religiosas, laborales, grupos de derechos humanos, y de grupos comunitarios y cívicos hispanos”, junto al “apoyo general a lo largo del espectro político dentro de [el propio] Puerto Rico”,y las miles de cartas solicitando su liberación. También indicó que lo había conmovido “el apoyo mundial por razones humanitarias que ha llegado de numerosos lugares”, señalando específicamente al expresidente [estadounidense] Jimmy Carter, el laureado Premio Nobel, arzobispo sudafricano Desmond Tutu, y Coretta Scott-King.

Mientras los prisioneros consultaban si aceptar las conmutaciones ofrecidas, que no los incluían a todos e imponían restricciones de tipo similar a la libertad condicionada, la derecha se movilizó para tratar de sabotear la salida de los prisioneros. Varios Comités de ambas cámaras legislativas convocaron vistas, y ambas cámaras aprobaron por abrumadora mayoría una resolución conjunta condenando la oferta de Clinton, acusándolo de “hacer concesiones deplorables a terroristas y de poner en peligro la seguridad nacional al conceder clemencia a “terroristas” puertorriqueños”.

Un mes después, luego de que más de 100,000 puertorriqueños marcharan en apoyo a su liberación, los prisioneros acordaron que aquellos que eran elegibles para salir de inmediato aceptarían la oferta, mientras que Oscar López Rivera, que no sería elegible hasta dentro de 10 años, se mantendría en prisión en solidaridad con los que no habían sido incluidos en la conmutación.

El 10 de septiembre de 1999, once hombres y mujeres se convirtieron en exprisioneros políticos, saliendo de prisión para ser recibidos como héroes en Chicago, a donde volvieron con sus familias y a su comunidad dos de ellos, y en San Juan, a donde fueron a vivir nueve de ellos. Con el amor y el apoyo de los puertorriqueños, todos se integraron a la sociedad civil y desde entonces han llevado vidas productivas y de acuerdo a la ley, como también lo hizo la generación previa de prisioneros políticos puertorriqueños

En el 2010, Carlos Alberto Torres, representado por un abogado del Guild, fue puesto en libertad bajo palabra, tras haber cumplido 30 años de prisión.  Haydée Torres también está libre tras haber cumplido 30 años.  Hoy día, Oscar López Rivera, representado por una abogada del Guild,(12) es el único de los del FALN de Chicago que sigue en prisión.  Pasados 32 años tras las rejas, el llamado por su liberación cuenta con más apoyo aún que el que se generó en 1999, incluyendo una numerosa cantidad de peticiones del National Lawyer’s Guild.

Al día de hoy, los abogados del Guild son instrumentales como organizadores y asesores de la campaña internacional para liberar a Oscar López Rivera. Han estado en primera fila ayudando a conseguir el apoyo de numerosos sectores de la sociedad a través del mundo.  Siguen testificando anualmente ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, en representación del Comité Internacional del NLG. Han ayudado con sus consejos y peritaje a los abogados que representan a otros que se resisten a testificar ante grandes jurados y a los de dos Macheteros fugitivos, Norberto y Avelino González Claudio, quienes fueron arrestados y encarcelados en los pasados años. Dos abogadas del Guild también ayudaron a denunciar el asesinato del líder Machetero Filberto Ojeda Ríos por parte del FBI en el 2005.(13) 

En todo este trabajo, el National Lawyer’s Guild y abogados y abogadas del Guild han sido solidarios con el pueblo puertorriqueño en su lucha contra la represión política y por la independencia y la auto-determinación.



Gracias a Sylvia Solá, Guillermo Rebollo Gil, María Cristina y Lowell Fiet por las traducciones.

Notas

1 Este artículo no cubre la labor del Puerto Rico Legal Project, cuyo apoyo legal al movimiento independentista se discutirá en otro artículo.

2 Entre los abogados del Guild involucrados en la representación de testigos ante el gran jurado se encuentran Elizabeth M. Fink, Margaret Ratner-Kunstler, Susan B. Tipograph, Martin Stolar y Doris Peterson de New York; José Antonio “Abi” Lugo de Puerto Rico; Michael Deutsch, Dennis Cunningham, Mara Siegel, y Kingsley Clarke de Chicago.

3  Ver: e.g. Deutsch, The Improper Use of the Federal Grand Jury: An Instrument for the Internment of Political Activists, 75 Journal of Criminal Law and criminology, 1159 (Winter 1984): Berkan, The Federal Grand Jury: An Introduction to the Institution, Its Historical Role, Its Current Use and the Problems Faced by the Target Witness, 17 Revista Jurídica De La Universidad Interamericana 103 (1984)

4 William  fue representado por Michael Deutsch y Elizabeth M. Fink.

5   En la Corte Estatal William  fue representado por Susan B. Tipograph. Luego de la fuga de William, la  abogada Tipograph  fue objeto de una intensa campaña de acoso y vigilancia por parte del FBI.

6 En el caso de supresión de evidencia trabajaron los abogados del Guild David Thomas y Michael Deustch. Junto a ellos Melinda Powers y Dennis Cunningham fungieron como asesores legales.

7Luego de haber sido encontrada en desacato  por la corte de Apelaciones  la abogada Mara Siegel,  fue reinstalada por la Suprema Corte de Illinois.

8 Varios abogados y abogadas del Guild estaban involucrados entre ellos:William Kunstler, Leonard Weinglass, Ronald Kuby, y Richard Harvey de  Nueva York; Linda Backiel  de Philadelphia; Michael Avery de Boston; John Schoenhorn, Richard Reeve, Diane Polan, John Williams y Margaret Levy de Connecticut; Michael Deutsch de Chicago; y Juan Ramón Acevedo y Rafael Anglada de Puerto Rico.

9  Los abogados y abogadass del Guild incluían a Brook, Jeffrey Haas, y Jan Susler.

10 Solís estaba representado por  Linda Backiel y Jed Stone.

11 En 1995, los (as) abogados (as)  colaboraron con el líder independentista Juan Mari Bras,  en su deseo de renunciar a la ciudadanía estadounidense y reafirmar el derecho a la nacionalidad puertorriqueña, y rechazar la ciudadanía estadounidense impuesta a los puertorriqueños  contra su voluntad como una imposición del Congreso de EEUU. Meses después, presionados por el movimiento independentista y ayudados por abogados del  Guild el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a aceptar la renuncia de Mari Brás

12 Jan Susler fue la primera consejera en este trabajo.

13 Oscar López Rivera es representado por Jan Susler.

14 Las abogadas Linda Backiel y Jan Susler (ambas del Guild)  trabajaron este caso. Linda Backiel y Luis Abreu,  también formaron parte de la defensa que ganó  el caso cuando Filiberto Ojeda se defendió por derecho propio del ataque del FBI cuando fue arrestado el 30 de agosto.  Macheteros raid.

Fuente: Claridad

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