5 jun. 2013

Soberanía dual USA-Puerto Rico, Sí Pepe...

Lcdo. Luis Fernando Abreu Elías

Cuando se discutía ante el Comité de Territorio del Congreso de los Estados Unidos la Ley 600 para la “creación del ELA”, cada congresista le advertía a Fernós Isern (portavoz de la colonia y de Muñoz Marín ante el Comité) que debían estar conscientes que en nada cambiaba el estatus de Puerto Rico, y en nada se reducían los poderes del Congreso sobre Puerto Rico con una constitución de esa “cosa” que se llamaría ELA.

Fernós Isern contestó: “…bajo el párrafo 2 de la Sección 3 de la Constitución de Estados Unidos el Congreso está autorizado para adoptar reglas y reglamentos necesarios en cuanto a cualquier territorio perteneciente a los Estados Unidos. Las reglas y reglamentos ahora existentes entre Puerto Rico y Estados Unidos no alterarán las disposiciones de la Ley Jones, que establecen esas disposiciones de hacer reglas y reglamentos dentro del Sistema Federal como hasta ahora se ha determinado por el Congreso quedará inalterada. No alterarán los poderes de soberanía adquiridos por Estados Unidos sobre Puerto Rico, en virtud del Tratado de París. La Isla seguirá sujeta a la soberanía de Estados Unidos y las reglas y reglamentos congresionales gobernarán la forma y manera en que la autoridad federal ejercerá en Puerto Rico”.

A pesar de lo anterior, como nadie en Puerto Rico conocía el récord congresional ante el cual se discutió la Ley 600, los defensores del ELA empezaron a hablar de dos soberanías, una estatal y una federal, equiparando a Puerto Rico con los estados de la unión que sí tienen y siempre han tenido soberanía propia, y no la perdieron (excepto que la cedieron) cuando se formó la federación USA.

A esa soberanía que tenían los trece estados soberanos que formaron la federación USA se le llama soberanía primigenia; es decir, que la tuvieron desde que eran soberanos y nunca la perdieron.

Así los estados individuales pueden acusar y someter a proceso penal a sus ciudadanos por la comisión de hechos que constituye delito estatal, independientemente de que el Gobierno Federal también acuse a las mismas personas por los mismos hechos, por violar leyes del Congreso Federal. Es decir, no aplica a esas personas la doctrina constitucional que dice (en síntesis), que no se puede procesar a una misma persona dos veces por la comisión de un mismo delitos o unos mismos hechos.

Esa soberanía primigenia crea una excepción a la doctrina constitucional contra la doble exposición por un mismo delito o por los mismos hechos. Esta doctrina se basa en el concepto jurídico de que “los estados y el gobierno federal constituyen soberanos distintos con igual derecho a hacer cumplir sus leyes”.

Tal es el criterio rector para la aplicabilidad de la doctrina de soberanía dual, es decir, que la fuente del poder del estado se derive de una soberanía original primigenia, separada del poder del gobierno federal.

Esa trayectoria histórica de los estados y el poder federal no es la misma trayectoria histórica de Puerto Rico. Puerto Rico nunca ha sido soberano ni bajo España ni bajo Estados Unidos, ni tenía, ni se le reconoció una soberanía primigenia, separada de la de España o la de Estados Unidos.

España constituyó a Puerto Rico como territorio español. Estados Unidos lo constituyó como su territorio no incorporado.

Con la aprobación de la Ley 600 y la aprobación de la Constitución del territorio, Estados Unidos delegó unos poderes del Presidente, no del Congreso. A esos poderes es a lo que se les llama de “autogobierno interno” (poderes sobre una legislatura y sus miembros, poderes sobre el poder judicial y los jueces, y otros; que en nada afectan los poderes de soberanía; poderes políticos y económicos) que ejercía el Congreso desde el Tratado de París y que siguen incólumes.

Los “estadolibristas”, desde el 1952, siempre han pretendido establecer esa “autonomía interna” como equivalente a la soberanía primigenia que tienen y siempre han tenido los estados. El tener y retener esa soberanía primigenia los estados, separada del Gobierno Federal, es requisito sine qua non para que el ELA pueda acusar igual y separadamente del Gobierno Federal, y que no proteja a los acusados la doctrina constitucional contra la doble exposición.

Es obvio, según se desprende de las leyes aprobadas por el Congreso Federal, por su historial legislativo y aún de varias decisiones de los tribunales federales, y de nuestra historia, que Puerto Rico sigue siendo un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Por esto, jurídicamente hablar de soberanía jurídica dual es un error garrafal y es inaplicable a nuestra jurisdicción, a pesar de que un “Tribunal Supremo de Puerto Rico” (con una inmensa mayoría de jueces creyentes en el ELA) decidió que existía una soberanía (judicial) “dual” del ELA y del Gobierno Federal, y ambos, por ende, podían acusar a la misma persona por los mismos hechos, en ambas jurisdicciones, sin que aplicaran las disposiciones constitucionales que protegen sobre la doble exposición. Lo anterior lo decidió el “Tribunal Supremo” de Puerto Rico en el 1988 en Pueblo vs. Castro García, 120 D.P.R.740. (Rebollo López—PNP disintió y es el que tenía la razón.) El actual Tribunal Supremo de Puerto Rico (PNP) pronto decidirá si anula ese alegado precedente jurídico o no, pues el asunto ya está sometido a ellos para su adjudicación.

La controversia se puede resumir a los efectos de si es o no el criterio fundamental para determinar si una entidad política es soberana para efectos de la aplicación de la soberanía jurídica dual, el determinar si la fuente última de poder para procesar criminalmente a los ciudadanos es separada y distinta de la del gobierno federal. Recordemos que los estados de la unión eran soberanos antes de entrar a la unión, y cedieron parte de sus poderes al gobierno federal, por lo que la fuente última de su poder para acusar y procesar a sus ciudadanos radica en una soberanía original (primigenia) e independiente.

Habiendo sido Puerto Rico colonia española, y luego pasado a ser colonia de Estados Unidos (territorio no incorporado) cuando se aprobó la Ley 600 y la Constitución, los poderes concedidos para “gobernar en asuntos internos no equivale a hablar, ni es lo mismo que hablar de una soberanía primigenia, original, independiente de la cual se derive su poder”.

Ya en el 1937 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en People of Puerto Rico v. Shell Co., 302.U.S.253 (1937) expresó que Puerto Rico era un territorio incorporado, y que por tanto, no había una doble exposición en la aplicación de leyes territoriales y federales, ya que la aplicación de una jurisdicción (ej. de la federal) excluía la otra por ser ambos cuerpos de leyes creaciones del mismo soberano. Es decir si acusaban los federales, los estatales no podían acusar.

Las leyes federales y el cuerpo de ley de Puerto Rico (la capacidad de Puerto Rico para legislar, o para juzgar) son creación del soberano único, el Congreso de los Estados Unidos, que es lo mismo que decir que Puerto Rico no tuvo y no tiene soberanía primaria. Operan bajo la soberanía federal aún cuando se legisla o cuando se procesa, pues se legisla y procesa por creación, permiso, del soberano (USA); no por poder soberano originario o primigenio.

El caso del 1937 del Supremo de Estados Unidos se puede resumir a los efectos de que la fuente última del poder “soberano” para la aprobación de nuestras leyes continuaba emanando y continuará emanando del gobierno federal, por lo que aplica la doctrina de doble exposición si ambas jurisdicciones acusan por los mismos hechos, y por ende, Pueblo v. Castro García está mal resuelto.

Aun al pueblo Navajo se le ha reconocido en U.S.A. un poder primigenio soberano, separado al de Estados Unidos, para acusar por los mismos hechos que el Gobierno Federal. U. S. v. Wheeler, 435.U.S. 313 (1978). Puerto Rico no tiene la soberanía que tienen los Navajo.

Estando Puerto Rico bajo la Ley Jones de 1917 es que, en el año 1937, se resuelve el caso de Shell Co., a los efectos de que las leyes territoriales y federales emanan del Congreso.

El artículo 1 de la Ley 600 reafirma el estatus de Puerto Rico como posesión territorial y colonial. El artículo 9 reafirmó la vigencia de todas las leyes federales sobre Puerto Rico (con excepción de aquellas que fueran localmente inaplicables). A Puerto Rico no se le concede un ápice de participación en la formulación de las leyes federales, lo que es una característica distintiva de la condición colonial territorial.

En el informe de la Cámara de Representantes sobre el proyecto que dio paso a la Ley 600, se hizo constar que, “es importante que quede absolutamente claro la naturaleza y alcance general del S. 3336.” "El proyecto de la ley que está bajo consideración no varía la relación política, social y económica fundamental de Puerto Rico y los Estados Unidos”.

Recordemos que los poderes económicos y políticos son los “poderes de la soberanía”. Refiriéndose a los poderes de Puerto Rico bajo el ELA por crearse, todos los congresistas coincidieron en que “no se varía el estatus fundamental de ellos”. En U.S. v Sánchez, 992 F. 2nd. 1143 (1993), el Onceavo Circuito Federal concluyó que la doctrina de la soberanía dual, no aplicaba a Puerto Rico.

En el 1989, el entonces Gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón, compareció a una vista ante el Comité de Energía del Senado y, a preguntas del Senador John Bennett Johnston, admitió que la “soberanía de Puerto Rico no emanaba del Pueblo de Puerto Rico, sino del Congreso de los Estados Unidos”. (vistas sobre proyecto 710- 712, 1ro. de junio de 1989).

Hernández Colón y Romero Barceló comparecieron ante el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas a expresar su inconformidad con el estatus colonial de Puerto Rico (Trias Monge: Las penas de la colonia más antigua del mundo; 1ra. Ed. (2007), pág. 143).

¿Por qué siguen los populares hablando de Soberanía y Soberanía separada a la de Estados Unidos?

Soberanía Dual... Sí Pepe...

(Fuente: Argenpress)

1 comentario:

  1. Hoy 20 de marzo de 2015 el Tribunal Supremo de PR ha resuelto exactamente lo mismo que plantea ese Artículo, y por exactamente los mismos fundamentos. Es decir 1. PR es una colonia, territorio colonial de OR. 2. PR no tiene la tal soberania dual de "soberanos" pues no lo es. 3. Pr no tiene facultad en ley (soberania separada) para acusar a una persona que se acuse en la federal, por los mismo hechos. Asi que Ñañitp y cientos mas convictos en ambas jurisdicciones por los mismos hechos estan ilegalmente convictos y/o presos en PR. La colonia al desnudo. El TS acacbo con su propia invento de "soberania dual" y recoco su decision de decadas atras que decia que existia esa tal soberania. jajajajajajj

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