25 may. 2013

La revocación de la condena por genocidio y crímenes de lesa humanidad de Efraín Ríos Montt

Alejandro Torres Rivera

El Tribunal Constitucional de Guatemala, máximo organismo judicial del país, revocó mediante una decisión de tres jueces a favor y dos en contra, la sentencia dictada por un tribunal de menor jerarquía contra el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt por los delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Al hacerlo, ordenó que el proceso seguido contra Ríos Montt se retrotraiga al 19 de abril de 2013, fecha en que la defensa del dictador presentó una apelación para que se revisara la decisión de permitir la participación en el juicio de la jueza Patricia Flores. Contra la magistrada había sido formulada una petición de inhibición por los abogados de Ríos Montt imputándole parcialidad contra su defendido.

Las condenas de Ríos Montt a 50 y 30 años respectivamente por los delitos imputados, fueron dictadas luego de la continuación del juicio que se prolongó por espacio de diez días y donde comparecieron, en calidad de testigos, aproximadamente cien personas. Los testigos en su mayoría mujeres, prestaron testimonio en torno a las matanzas efectuadas por el ejército guatemalteco contra la población maya ixil entre el mes de marzo de 1982 y agosto de 1983.

Indica el periodista salvadoreño Carlos Dada, quien cubrió durante estos días los detalles del juicio para el periódico digital El Faro, los relatos narrados por los testigos dando fe de ‘‘niñas apuñaladas en el cuello, bebés asesinados por soldados que estrellaron sus cabezas o atravesaron sus cuerpos con bayonetas, familias enteras amarradas en viviendas a las que los soldados prendieron en fuego’’, como también testimonios sobre hombres asesinados y luego cortados en pedazos, niños muertos a machetazos en el rostro, mujeres y niñas violadas, indígenas obligados a asesinar otros indígenas; aldeas enteras desaparecidas, bloqueos de alimentos y quema de milpas; y finalmente, desplazamientos masivos de la población y tierras abandonadas.

Entre los testimonios se encuentra el de una mujer que entonces contaba con apenas 13 años que narró cómo, en forma consecutiva, fue violada por al menos treinta militares, quedando desfallecida y sin poder sostenerse en sus propias piernas.

La población ixil es una de las 22 etnias que configuran la población maya en Guatemala, país donde la mitad de su población es indígena. Las víctimas ixiles contabilizadas para fines del juicio llevado a cabo ascienden a 1,771, lo que en la práctica no es sino una gota de agua dentro del inmenso mar que representa la pesadilla vivida por el pueblo guatemalteco durante treinta años cobrando las vidas dentro de la población indígena de al menos 200 mil personas y 45 mil desaparecidos. De todos los muertos en esta gran orgía de sangre, se estima que el 83% eran indígenas mayas.

El convicto monstruo responsable por estas matanzas, el general Ríos Montt, ingresó en las fuerzas armadas de Guatemala en 1944 como policía militar. Luego de dos años ingresaría más tarde a la Escuela Politécnica de Guatemala en calidad de cadete desde donde eventualmente fue nombrado Director de la Academia Militar del país. Estando en dichas funciones, Ríos Montt se postuló como candidato por el Frente Nacional de Oposición que impulsaba la democracia cristiana en Guatemala llegando en segunda posición. Tras las elecciones, fungió como embajador de Guatemala en España entre  los años 1974 y 1977. 

El 23 de marzo de 1982, luego de un golpe de estado en cual es derrocado el presidente Fernando Romeo Lucas dos semanas después que su sucesor hubiera ganado las elecciones, Ríos Montt se autodesignó presidente de una Junta Militar. Luego de tres meses, disolvió la misma proclamándose presidente de la República. Entre sus iniciativas al frente del gobierno estuvo la creación de las llamadas ‘‘Patrullas de Autodefensa’’, un organismo paramilitar que llegó a contar en sus filas con unos 500 mil patrulleros cuyo fin perseguía aplicar la doctrina de ‘‘sacarle el agua al pez’’, en referencia a destruir los lazos que sostenían las organizaciones revolucionarias con el movimiento campesino y popular en sus comunidades.

Ríos Montt es una criatura de la famosa ‘‘Escuela de las Américas’‘. Como presidente, fue señalado por el expresidente estadunidense Ronald Reagan como “hombre de gran integridad y compromiso personal.” Siendo formado como católico, en 1978 renunció su condición y se convirtió en ministro ordenado de la Iglesia Pentecostal de la Palabra. 

Como bien indica el dicho “quien a hierro mata a hierro muere”. El 8 de agosto de 1983 Ríos Montt fue depuesto mediante otro golpe de Estado dirigido por su Ministro de Defensa, Óscar Humberto Mejía Víctores.

Su fracaso como gobernante, sin embargo, no le alejó de la política activa. En 1985 Ríos Montt fue electo diputado al Congreso por el Frente Republicano Guatemalteco, pasado a ser esta organización política, la segunda del país con 21 diputados. En 2003 su partido le nominó a la presidencia de la República; sin embargo, la Corte Suprema falló en su contra llevándolo a desistir de su candidatura, fallo éste que fue revocado por la Corte Constitucional permitiéndole figurar como candidato, quedando en tercer lugar con un 19.3% de los votos.

En 1999 la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú presentó cargos contra Ríos Montt por tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo de Estado. Recordemos que familiares de Menchú, incluyendo su padre, se encontraba dentro del grupo de indígenas que en una protesta social ocuparon pacíficamente la embajada de España en la capital de Guatemala. Entonces, ante el desarrollo de los sucesos, se ordenó a las fuerzas armadas entrar a como diera lugar en la Embajada, teniendo como resultado que se quemaran vivos a los ocupantes en una operación que nunca contó con el visto bueno del gobierno español. 

Procurando evadir su arresto, el 17 de enero de 2007 Ríos Montt se postuló a un puesto en el Congreso para así beneficiarse de la inmunidad parlamentaria de la cual gozan los diputados. Sin embargo, esa inmunidad concluyó el 14 de enero de 2012, cuando terminaron sus funciones en el Congreso. 

El 26 de enero de 2012 Ríos Montt fue formalmente acusado de genocidio y crímenes de lesa humanidad junto a tres generales, antiguos colaboradores suyos. Invocando la Ley de Amnistía aprobada para encubrir los crímenes bajo los gobiernos militares, el 1ro. de marzo de 2012 un juez guatemalteco declaró la ley inaplicable a los crímenes de genocidio y de lesa humanidad. 

Las violaciones de los derechos humanos contra la población maya en Guatemala no han cesado. Su actual presidente Otto Pérez Molina, general retirado que se distinguió como subalterno militar de Ríos Montt durante los años de esa guerra interna contra las poblaciones indígenas, los luchadores sociales y las organizaciones revolucionarias en Guatemala actúa hoy desde el gobierno como antes actuaron sus predecesores. En el corto tiempo que lleva como presidente, ha decretado al menos dos “Estados de sitio”, dirigidos a la represión de comunidades indígenas que se oponen a proyectos de explotación minera, al monocultivo de la tierra y a las empresas petroleras. Al menos 20 dirigentes populares han sido selectivamente asesinados, mientras las cárceles continúan repletas de luchadores que se oponen al saqueo de sus tierras. 

De acuerdo con Ollantay Itzama, en un reciente artículo publicado para la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI) bajo el título Guatemala: Estado de sitio para proteger “inversión” canadiense, cerca del 60% del territorio nacional cultivable guatemalteco se encuentra bajo el control de las empresas que se dedican al monocultivo de la tierra. Indica también que en el país, con una extensión territorial más pequeña que algunos departamentos de Bolivia o Perú, operan 428 proyectos mineros. Señala que el Estado guatemalteco se ha convertido hoy en “un desalmado gendarme de la ‘inversión’ extranjera para criminalizar, perseguir y asesinar la conciencia moral del pueblo.”

La condena inicial de Ríos Montt en Guatemala, como fueron antes las del dictador chileno Augusto Pinochet y la de Jorge Rafael Videla en Argentina, constituía un paso adicional en el proceso de marcar un rumbo distinto a la impunidad. Así lo comenta Jay Janson en un artículo publicado por Global Research titulado Guatemala´s Ríos Montt Genocide Conviction: Omen for US Presidents and their Hired Assasins, al referirse a múltiples dictadores en los países de América Latina y el Caribe, todos ellos criaturas amamantadas en la antes denominada Escuela de las Américas por parte de Estados Unidos, sobre los cuales nunca ante un tribunal recayó un veredicto de culpabilidad por los crímenes cometidos contra sus pueblos.

Han sido muchos los monstruos que han llenado de luto los pueblos latinoamericanos mediante el exterminio sistemático de sus poblaciones y de los opositores a los regímenes sostenidos por las oligarquías nacionales pro imperialistas. Algunos de ellos fueron el residuo represivo dejado por Estados Unidos tras sus invasiones e injerencias militares directas en estos países como fueron los casos de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana o de Anastasio Somoza en Nicaragua. Sobre esos asesinos y sobre sus fechorías no debe haber ni perdón ni olvido.

Independientemente del resultado legal que a la larga en los foros judiciales tenga el veredicto de culpabilidad contra el exdictador Efraín Ríos Montt; existe otro veredicto, uno de mayor contundencia, que es el veredicto moral e histórico de los pueblos en lucha: el sostenido en la verdad de los testimonios de los sobrevivientes de estas dictaduras.

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