12 mar. 2013

¿Por qué un Trabajador Social debe oponerse a la Ley Tito Kayak?


Este escrito con algunas modificaciones, fue presentado por el Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico para las vistas públicas del 20 de febrero de 2013, ante la Comisión de lo Jurídico, Seguridad y Veteranos; de Derechos Civiles, Participación Ciudadana y Economía Social del Senado Presidida por Miguel Pereira Castillo en relación a la controvertible enmienda al Código de Penal, mejor conocido como “Ley Tito Kayak”. El mismo se pone a su disposición como artículo, para crear discusión sobre las responsabilidades de un profesional del Trabajo Social, en un sistema injusto, opresivo y el cual limita la libertad de expresión de nuestro pueblo. 

¿Por qué un Trabajador Social debe oponerse a la Ley Tito Kayak? 

“No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios” así reza la Sección 4 de Nuestra Carta de Derechos, parte fundamental de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Amparados en ese derecho fundamental, nuestra profesión la cual trabaja para propiciar acciones que redunden en garantizar la equidad y los derechos humanos de todas las personas que residen en nuestro país, expreso mi total repudio al Artículo 208 del Código Penal, mejor conocido como “Ley Tito Kayak”. A tono con nuestros valores éticos, los y las profesionales del trabajo social estamos comprometidos/as con erradicar la pobreza, la opresión y todo tipo de discrimen que denigre la dignidad humana (CTSPR, 2011). 

Es por ende y en virtud de seguir el fiel cumplimiento de los cánones éticos de nuestra profesión, los trabajadores/as sociales debemos endosar la derogación el artículo 208 – A del Código Penal de Puerto Rico, mejor conocido como “Ley Tito Kayak”. Esta ley tipifica como delito grave de cuarto grado la paralización de obras que cuentan con los permisos de construcción. Este Artículo del Código Penal, fue elevado a consideración de la Asamblea Legislativa, por el entonces Senador Antonio Soto, mejor conocido por “El Chuchin”, quien tuvo que renunciar a su puesto a causa de una querella ética en el mes de septiembre de 2010, poniendo en duda todas sus iniciativas como legislador.

Como Trabajador Social, me preocupa la limitación de espacios democráticos y la coaptación del derecho fundamental a la libertad de expresión de los ciudadanos. Por tanto, endoso la derogación de dicho artículo por las siguientes razones:

1. Considero que dicho artículo criminaliza la protesta o manifestaciones de los/as ciudadanos/as que se ven o verán afectados por algún proyecto de construcción colindante a sus residencias, áreas de disfrute o lugar de interés público.

2. En la mayoría de los casos de manifestaciones por construcción, se dan en comunidades de escasos recursos, población con la que nuestra profesión trabaja directamente. Para estas comunidades, la contratación de abogados que litiguen sus casos en tribunales es muy alta, siendo una limitación velar por sus derechos civiles y humanos. A su vez, estas comunidades carecen de información en lo que respecta la denuncia de proyectos que atenten contra la integridad de su salud y su espacio físico. El Estado no ha propiciado el conocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos y mucho menos ha educado en los procesos en los cuales los/as ciudadanos/as llevan querellas, argumentos o cualquier asunto relacionado a detener una construcción. 

3. Las vistas públicas son parte de las herramientas que tiene la ciudadanía para la denuncia de proyectos que afecten los espacios públicos y la denuncia o preocupaciones de los ciudadanos. Estas han sido un ejercicio de poco resultado, ya que las mismas son en horas en que a los ciudadanos se les hace difícil participar. Por otra parte, la experiencia nos dice que se han dado vistas públicas en donde la mayoría de los deponentes han recomendado la no implantación de proyectos, y aun así, los proyectos consiguen los permisos. 

4. Los ciudadanos son una herramienta fundamental en la preservación de los recursos naturales, terrenos y áreas de interés público. Sabemos que el recorte masivo de empleados públicos por virtud de la Ley #7 de 2009, dejó a las Agencias Estatales con poco personal. Personal que tiene a su haber cantidades exorbitantes de trabajo, lo hace que en ocasiones no puedan dedicar el tiempo suficiente a la evaluación de los proyectos y sus permisos. En ese caso, son los/as ciudadanos los mejores recursos para defender espacios de interés público y áreas de alto valor ecológico. 

5. En estos tiempos, la mayoría de los proyectos de construcción NO son con fin público. Sabemos que las construcciones buscan generar ganancias económicas privadas, cosa que puede llevar a proponentes a extorsionar a empleados públicos para realizar una evaluación no correcta, con tal de satisfacer su objetivo económico. Así lo demuestran las expresiones del Presidente de la Asociación de Contratistas de Puerto Rico, Alejandro Brito cuando dijo que su mayor preocupación es la cantidad de dinero que se pierde cuando las personas protestan. Esta expresión denota el poco interés en el bienestar público, poniendo éste por debajo del interés económico. 

6. Por su parte, a finales del año 2012, siendo ya electo por el pueblo, el gobernador Alejandro García Padilla, hizo un compromiso con sus constituyentes de derogar dicha ley, ya que consideraba la misma una falta a la libertad de expresión. Para los ciudadanos, las promesas de campaña, son como compromisos firmados con el pueblo a la hora de endosar candidatos. Para los Trabajadores Sociales, el cumplimiento de promesas de campaña es fundamental, ya que es parte de los mecanismos que tiene la ciudadanía para la elección de sus funcionarios públicos, por ende, preserva la verdadera representatividad de los funcionarios, según los intereses del pueblo. 

7. Me preocupa la posición del Secretario de Justicia de Puerto Rico, el licenciado Luis Sánchez Betances, quien en el pasado formó parte de los abogados que defendieron el proyecto de Paseo Caribe. Proyecto que fue paralizado por manifestantes, ya que violentaba el acceso a una estructura considerada parte del patrimonio nacional de Puerto Rico y por su cercanía al mar, en clara violación de la propias leyes de zona marítimo terrestre adoptadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sánchez Betances, está siendo poco objetivo en relación a este particular, ya que en el pasado él tuvo una clara participación en asuntos relacionados con el tema. El licenciado Sánchez Betances debe velar por sus manifestaciones, ya que su posición actual es el de máximo representante de la estructura judicial de Puerto Rico, por ende, debe ser su prioridad velar por los intereses públicos y no por los intereses de los desarrolladores.

8. En una revisión del Código Penal, observo que el delito de cuarto grado, el cual tiene una pena de tres años y el cual es el que se le asigna al artículo 209-A es uno desproporcional. De ser hallados culpables, llevará a la cárcel a ciudadanos cuya única intención ha sido demandar el derecho a ser escuchado. A su vez, me preocupa que el derecho a la libertad de expresión sea considerado a igual escala que delitos como:

  • Perjurio en un tribunal. Denuncia falsa ante una sala de tribunal.
  • Compra y venta ilegal de bienes y pago en contratación (Art. 266).
  • Daño Agravado (Art. 199). Emplear daños mayores de $500.00 a edificios públicos u otros bienes del Estado Libre Asociado.
  • Exhortación (Art.191). Obligación de pago de dinero por parte de un funcionario público o persona privada para la no acusación de algún delito o simplemente para la persuasión de algún ciudadano.

9. Por otra parte, los trabajadores sociales en nuestra práctica profesional fomenta la autogestión de los ciudadanos y de las comunidades. Siguiendo nuestro Código de Ética somos una profesión que su intervención es “justificada cuando sus prácticas van dirigidas a fomentar los derechos humanos, la diversidad, la equidad, la justicia social y la participación activa y crítica de los participantes en la solución de problemas o necesidades. El Trabajo Social se compromete con las personas y organiza su acción profesional para lidiar con la erradicación de la pobreza, la opresión y todo tipo de discrimen que denigre la dignidad humana. Se valora el compromiso ético del y la profesional de Trabajo Social para asumir posturas críticas hacia grupos, organizaciones o instituciones que atenten contra la dignidad de los seres humanos. El compromiso primario de cada profesional del Trabajo Social radica en el mejoramiento de la calidad de vida de sus participantes…” (Pág. 12.) Es por eso que entendemos, que la participación ciudadana es fundamental en todo los asuntos públicos.

10. A su vez, el Código de Ética de los Profesionales del Trabajo Social nos llama a que se fomente la dignidad y la solidaridad humana cuando la intervención profesional persigue un fin público o comunitario para el bien de la población en general y cuando se respetan los valores intrínsecos del ser humano. (Pág 13.) Asunto que nos obliga a velar por nuestros recursos naturales, la protección de terrenos de alto interés ecológico y la preservación de espacios de interés públicos. Particularmente, los recursos naturales y los terrenos de alto interés ecológicos que son en muchas ocasiones los mayores afectados con estos proyectos de construcción. Nuestra sensibilidad hacia la preservación ambiental va más allá de la mera protección del ambiente, la misma radica en una preocupación genuina en la preservación de la vida humana y la calidad de vida de nuestros ciudadanos y las poblaciones que atendemos.

11. Es nuestro Código de Ética el que nos dicta: “Jamás servirá en favor de la explotación, sino hacia la protección de los derechos fundamentales de todos/as.” (Pág. 17). Razón por la cual, endosamos y respaldamos cualquier manifestación, así sea la desobediencia civil como mecanismo para preservar la integridad del ser humano y su entorno, asunto que en nuestra profesión es de suma importancia. Además, las comunidades realizan este tipo de manifestaciones, ya que no son escuchados por las autoridades. Precisamente, la desobediencia civil pretende hacer público el carácter revisable de una ley, proceso u acción que el pueblo entienda que está mal o que afecte el sentir del mismo. La desobediencia civil se justifica por la falta de compresión de los representantes hacedores de leyes, no representativas. En el sistema democrático representativo en el cual opera nuestro país, las leyes son hechas por hombres y mujeres que vienen de condiciones económicas, sociales y culturales distintas a los residentes de los barrios, los cuales como dijimos anteriormente carecen de recursos.

Finalmente y haciendo nuevamente uso de nuestro Código de Ética, los Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico prestarán atención y serán militantes para denunciar todo acto que amenace el derecho de las personas y los grupos a vivir en paz. Siendo a su vez, un grupo profesional dispuesto insertarse en el análisis de los problemas y políticas sociales, con el fin de ofrecer soluciones y recomendaciones sobre éstos (Pág 36). Además, fomentaremos la creación o cambios en la política pública que sean necesarios para asegurar el bienestar social general (Pág. 36).

Ángel Pérez Soler,
Vocal de la Junta del
Colegio de Profesionales del
Trabajo Social de Puerto Rico

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