17 ago. 2012

El asilo político de Julián Assange en Ecuador


Por Alejandro Torres Rivera / MINH

El gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña comunicó el pasado miércoles a la Cancillería de la República del Ecuador y a su Presidente, Rafael Correa, su intención de evitar, incluso mediante una incursión forzada en los predios de la embajada ecuatoriana en Londres,  que este país latinoamericano le confiera asilo político o diplomático a Julián Assange. Su propósito es impedir que eventualmente Ecuador saque de la sede diplomática a dicho ciudadano australiano y lo lleve a este país latinoamericano.

Julián Assange, es uno de los fundadores de Wikileaks. Se encuentra desde hace ya varias semanas refugiado en la sede diplomática ecuatoriana en la ciudad de Londres, desde donde formuló una petición de asilo a la República del Ecuador. Assange alega, entre otras cosas, ser víctima de persecución política por parte de el Reino Unido, quien tras presiones del gobierno de Suecia, donde Assange ha sido acusado de delitos sexuales. Suecia procura la extradición de Assange; mientras que el Gobierno de Estados Unidos que también reclama lo propio, alega que Assange ha incurrido en serias violaciones a sus leyes de seguridad nacional tras Wikileaks haber publicado millones que involucran a funcionarios y departamentos de este país.

¿Quién es Julián Assange?

Su nombre completo es Julian Paul Assange, presumiblemente nacido en 1971 en Australia. De ocupación informático, se alega que desde muy joven era considerado un “hacker” en las computadoras. Como programador de computadoras, se indica es creador del programa cifrado Rubberhost, el cual fue utilizado para el desarrollo posterior del programa TrueCry y otros. A nivel universitario, estudió matemáticas y física en la Universidad de Melbourne, Australia. Se indica que también ha estudiado neurociencias y filosofía.

Para 1999 Assange registró un sitio que llamó Leaks.org, aunque a nivel mundial se conoce más, desde el año 2006, Wikileaks.  Assange fue galardonado con varias distinciones a nivel internacional. Entre ellas destaca el reconocimiento por Amnistía Internacional de los medios británicos en 2009 por su exposición a los crímenes cometidos en Kenia. También ha sido reconocido por la revista The Economist.

A través de Wikileaks, Assange ha hecho público en diversas ocasiones millones de cables secretos. Entre ellos se encuentran comunicados del Departamento de Estado del gobierno estadounidense con sus sedes diplomáticas; comunicaciones entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y otras instancias de su gobierno; así como cables y comunicaciones secretas o privadas de diversos gobiernos y funcionarios con otros países y personalidades, incluyendo operaciones encubiertas que a juicio de Estados Unidos, al menos en lo que a su gobierno respecta, pone en riesgo la identidad de personas y funcionarios encubiertos, así como de operaciones secretas del gobierno de Estados Unidos en el exterior.

Estos cables, fueron hechos públicos por Wikileaks bajo la premisa del derecho de los ciudadanos a la información sobre las actuaciones de sus gobernantes. Una segunda premisa muy ligada a la primera es que tal conocimiento o información permite sacar de la ignorancia a los ciudadanos sobre qué realmente hacen y ocultan sus gobernantes. Por supuesto, la información dada a conocer por esta fuente no ha sido bien vista por los gobiernos afectados.

En medio de la histeria creada a raíz de las publicaciones de Wikileaks, el 21 de julio de 2010 la policía sueca emitió una orden de arresto contra Assange. En ella le acusa por la violación de la ciudadana sueca de origen cubano Anna Ardin, una activista vinculada con la extrema derecha de este país en el exterior. Aunque en un inicio la acusación fue retirada por la propia fiscalía sueca sobre las bases de que no había prueba alguna que le vinculara con el delito imputado; más adelante, en el mes de septiembre, otra fiscal de rango superior en Suecia, consideró que sí había base suficiente para procesar a Julián Assange por el delito.

Además de esta acusación, a Assange también se le acusa de acoso sexual en la persona de otra mujer, también relacionada con Anna Ardin. En  esta otra acusación se alega que Assange indujo a esta mujer a tener relaciones sexuales con él mientras ella dormía sin haber utilizado un condón. A juicio de algunos analistas, se trata de una cortina de humo cuyo único propósito es desacreditar a Assange ante la comunidad internacional como un mecanismo para colateralmente atacar la credibilidad de la información hecha pública por Wikileaks.

A raíz de la acusaciones en su contra, Assange optó ocultarse de las autoridades suecas habiendo huyendo posteriormente hacia Inglaterra. A raíz de lo anterior, el gobierno de Suecia solicitó la intervención de la Interpol. Habiendo sido detenido en Londres  y llevado ante la justicia, fue puesto en libertad condicional mediante la prestación de fianza. Estando en libertad provisional, Assange fue a la embajada de la República de Ecuador en la ciudad de Londres y allí solicitó asilo político alegando persecución y fabricación de acusaciones en su contra.

El derecho al asilo político o diplomático existe desde tiempo inmemorial en la historia. El mismo hoy se encuentra reglamentado a nivel internacional mediante la Convención de Viena de 1961. Tanto el Reino Unido de la Gran Bretaña, como Suecia, Estados Unidos y Ecuador, reconocen en sus leyes el derecho a solicitar asilo político o diplomático. Las razones para concederlo o denegarlo están directamente vinculados con el ejercicio de las prerrogativas soberanas de cada Estado; de la misma manera que los fundamentos para la petición de asilo se encuentran definidos o demarcados por las convenciones internacionales que han atendido este tipo de petición. De hecho, el Reino Unido de la Gran Bretaña, como Estados Unidos, Suecia y Ecuador en el pasado han considerado, aprobado o denegado peticiones de asilo por ciudadanos de otras nacionalidades. Siendo la prerrogativa soberana de cada Estado su concesión o su denegación, ningún Estado extranjero puede, a base de sus propias leyes,  interferir con el ejercicio soberano de un Estado en el proceso de aprobar o denegar una petición de asilo político o diplomático.

Desde el mes de junio de 2012, el gobierno ecuatoriano estuvo examinando los méritos de la petición de Assange. Durante ese tiempo ha sido enorme la presión de países como Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña sobre la República de Ecuador para que esta última no concediera asilo a Assange. Las más recientes expresiones publicas surgieron hace apenas unas semanas cuando la madre de Julián Assange visitó a Ecuador y se reunión con altos funcionarios de su gobierno como parte de sus gestiones personales para contribuir a la concesión de asilo político a su hijo. En el proceso de trámite de la petición de Assange, así como en las negociaciones previas tanto con el gobierno inglés como con el gobierno sueco, ha intervenido Gaspar Garzón, quien precisamente actuando como Juez Instructor gestionara del Reino Unido la entrega sin éxito para der juzgado por crímenes de lesa humanidad del exdictador chileno Augusto Pinochet mientras este permaneció en Londres.

En todo momento en el desarrollo de esta situación la Cancillería ecuatoriana manifestó claramente que la decisión de su país se tomaría conforme a sus leyes y sus derechos soberanos a conceder o no conceder asilo político a un ciudadano extranjero. En ese sentido, el gobierno ecuatoriano fue enfático en no someterse a ningún tipo de tutelaje de otro gobierno.

Como indicamos antes, a pesar de lo anterior, y del hecho de que  Estados Unidos y el Reino Unido de la Gran Bretaña y Suecia son países donde no solo existe el derecho a solicitar asilo político, sino que en efecto, anualmente lo conceden a ciudadanos de otros países que así lo solicitan, en un movimiento no solo inusual, sino claramente violatorio del derecho internacional vigente, autoridades británicas le comunicaron al gobierno ecuatoriano que no descartaban una incursión en la sede de la embajada de Ecuador en Londres para evitar el asilo político de Julián Assange y su eventual salida del país. Este ejercicio de prepotencia se basa no en el derecho internacional, sino en una ley aprobada por el Reino Unido de la Gran Bretaña donde su gobierno se arroga el derecho a actuar de tal manera. De hecho, la ley es tal que por ejemplo le permite al gobierno inglés ocupar una sede de embajada que se encuentre sin ser utilizada. Para ello,  lo único que el gobierno inglés necesita es, como hizo en el caso de los diplomáticos libios y el personal de su embajada, cancelar sus visas y solicitar el abandono del país, para así luego indicar que la sede de la embajada está sin uso.

La mera amenaza del uso de la fuerza, idea ésta que se refuerza mediante el incremento de la presencia policial inglesa frente a los predios de dicha embajada y el cierre o control circulatorio de algunas calles aledañas, constituyen una flagrante violación del derecho internacional. Los predios de las embajadas de cada país, en todo el mundo, se consideran como una extensión del país al que corresponde dicha embajada. Por eso, el uso de la fuerza por parte de un Estado para la toma de una embajada se considera una agresión al territorio nacional del país en cuestión. Igualmente, una amenaza del uso de fuerza contra una embajada de un país se considera una amenaza contra el territorio nacional del país objeto de la amenaza.

Bajo estas condiciones, el Canciller Ricardo Patiño de Ecuador, además de la respuesta particular de su país ante esta agresión, solicitó de inmediato una respuesta regional a la amenaza británica contra su soberanía nacional. Así las cosas, Patiño solicitó se convocara, de inmediato, a una reunión de Cancilleres de la UNASUR para discutir la situación y tomar aquellas medidas pertinentes. Patiño, a su vez que solicitó del Secretario General de la OEA, se convocara también de emergencia a una reunión de este organismo hemisférico, del cual también participa no solo Estados Unidos, sino también algunos países de la Mancomunidad Británica, como son los casos de Canadá, Belice, Jamaica y algunas ex colonias británicas hoy independientes del Caribe Oriental.

La decisión final tomada por la República de Ecuador en cuanto a conceder asilo político a Julián Assange es una afirmación clara de dicho gobierno de sus derechos soberanos. La posición de Londres ha sido reiterada a los efectos de que cualquier decisión del gobierno ecuatoriano concediendo asilo a Assange será repudiada y que el gobierno británico no concederá salvoconducto a Assange para abandonar la embajada ecuatoriana, lo que podría suponer que Assange permanezca permanentemente, al menos por ahora, en dicha embajada, hasta que otras negociaciones produzcan un resultado distinto. La otra vía, que esperamos no sea la que ocurra en este caso, sería el ataque  por parte del gobierno inglés a la sede diplomática ecuatoriana, lo que además de ilegal, sería un precedente nefasto para el propio Reino Unido de la Gran Bretaña a escala mundial. Después de todo, podría ser una solución que mañana otros emulen contra sedes diplomáticas en otros países.

Ciertamente, la pretensión del Reino Unido de la Gran Bretaña hacia Ecuador, creyendo que puede tratar a una país soberano como si fuera una colonia, no es sino una rémora imperialista del Reino Unido no tan distante a su realidad presente. Para estos países, la soberanía de los pueblos es inmaterial porque a nivel interno, desde lo más profundo de su ideología, los sueños imperiales del pasado, siguen siendo en ellos fantasmas del presente. 

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